El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros. Europa Press
Tribunales El jefe de la acción disciplinaria del CGPJ propone el archivo de la denuncia del ministro Bolaños contra el juez PeinadoTambién pide archivar denuncias del PSOE y Más Madrid por el cierre de unas diligencias contra un cargo municipal, dada la doctrina del Supremo de que el órgano de gobierno no debe inmiscuirse en la función jurisdiccional.
Más información: El Consejo del Poder Judicial investiga el interrogatorio de Peinado a Bolaños tras una queja del ministro
María Peral Publicada 12 enero 2026 03:24hLas claves nuevo Generado con IA
El Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ propone archivar las denuncias contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez.
Las denuncias incluyen una presentada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, debido a su interrogatorio como testigo y a una exposición que el juez dirigió al Supremo.
El PAD sostiene que las actuaciones cuestionadas forman parte del núcleo jurisdiccional, protegido de control disciplinario por el propio CGPJ, para salvaguardar la independencia judicial.
El archivo propuesto también abarca otras denuncias por prórrogas fuera de plazo en investigaciones, ya que el Tribunal Supremo considera estos hechos como cuestiones jurisdiccionales y no disciplinarias.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tiene previsto debatir en las próximas semanas las propuestas del Promotor de la Acción Disciplinaria (PAD) de archivo de las denuncias que pesan sobre el juez Juan Carlos Peinado, instructor de las diligencias abiertas a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por supuestos delitos de corrupción.
Una de las denuncias parte del propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se quejó al órgano de gobierno de los jueces del interrogatorio al que le sometió Peinado en la Moncloa el pasado 16 de abril y de la posterior exposición que elevó contra él a la Sala Penal del Tribunal Supremo.
Durante esa tensa declaración testifical, el juez reprochó a Bolaños que contestara con "evasivas"; le criticó algún gesto ("no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa"); le preguntó con insistencia quién es el responsable de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, y acabó ordenándole que saliera de la sala y volviera con ese nombre "que no puede escapar a su conocimiento".
Declaraciones de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, ante el juez Peinado.
Respecto a su escrito al Supremo, el instructor veía contradicciones entre el ministro y otro testigo basándose en una transcripción errónea de sus afirmaciones. Y afirmaba que "nos encontramos ante el paradigma de un oxímoron" cuando el testimonio del "ministro de Justicia y notario mayor del Reino (...), en una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad".
La exposición fue rechazada de plano por la Sala Penal en menos de 20 días (incluidos los traslados a la Fiscalía para informe) dada la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado" contra Bolaños. El alto tribunal no hizo mención en su resolución a la transcripción incorrecta de las respuestas del ministro.
Es la primera vez que un titular de Justicia insta la reacción disciplinaria del CGPJ por actuaciones judiciales que le conciernen en primera persona.
La iniciativa de Bolaños se suma a una estrategia del Ejecutivo contra el juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno y que ha incluido constantes críticas a las decisiones de Peinado -muchas de ellas, rectificadas por la Audiencia Provincial de Madrid- e incluso querellas del presidente del Gobierno y de su esposa contra el juez, inadmitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Peinado, por su parte, ha interpuesto demandas de conciliación, previas a acciones por injurias y calumnias, contra los ministros de Interior y Transportes, Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente, entre otras personas.
En este contexto, la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria (PAD), Ricardo Conde, se centra en el consolidado criterio del Tribunal Supremo -y del propio CGPJ- en el sentido de que el ejercicio de la potestad jurisdiccional no puede ser controlada por el órgano de gobierno de los jueces, sino solo a través de los recursos establecidos en las leyes procesales.
Según fuentes del CGPJ, el PAD considera que el interrogatorio que Peinado hizo a Bolaños y la exposición que elevó al Supremo entran dentro del núcleo jurisdiccional inaccesible al órgano gubernativo, so pena de socavar la independencia de los jueces en el ejercicio de su función, de la que responden ante los órganos judiciales superiores.
Prórroga fuera de plazo
Por la misma razón esencial, el Promotor de la Acción Disciplinaria propone el archivo de sendas denuncias interpuestas por Más Madrid y por el diputado del PSOE Guillermo Hita contra el juez Peinado por haber prorrogado fuera del plazo del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) unas diligencias en las que se investigaba por presunta malversación de fondos al gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente.
Las diligencias se iniciaron tras una denuncia presentada en mayo de 2023 por Podemos respecto a un contrato adjudicado a la web OKDiario mediante procedimiento negociado sin publicidad para realizar unas jornadas denominadas Ciudades y Transportes del Futuro por un importe de 72.000 euros. Los denunciantes sostenían que había un «sobreprecio» al comparar ese coste con el de otro evento adjudicado poco antes a Madrid Open City por 15.000 euros.
El instructor tenía que haberse pronunciado sobre la prórroga de la investigación antes del 27 de enero de 2025, pero no fue hasta el 2 de abril cuando la acordó. La decisión fue anulada por la Audiencia de Madrid al haberse adoptado fuera de plazo.
La doctrina del Tribunal Supremo considera que "una eventual vulneración del artículo 324 LECrim, caso de que fuera aplicable y de que hubiera existido, no comporta la procedencia de una responsabilidad disciplinaria" ya que es una cuestión jurisdiccional controlable por la vía de los recursos. El propio CGPJ ha archivado en otros casos denuncias similares.
En el supuesto de las diligencias contra el gerente de la EMT se dan, además, otras circunstancias.
De un lado, Peinado defendía que la prórroga del plazo de instrucción puede hacerse con carácter retroactivo. Es un criterio descartado por la Sala Penal. Pero, en lo que importa a efectos disciplinarios, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha establecido que la discrepancia jurídica de los jueces respecto a los criterios de los órganos jurisdiccionales superiores forma parte del ejercicio independiente de la función judicial y no puede ser objeto de sanción disciplinaria.
De otro, las diligencias contra el alto cargo municipal acabaron siendo archivadas con el apoyo de la Fiscalía. Pero no por la falta de una prórroga válida (en plazo) de la investigación, sino por la ausencia de indicios de malversación.
"Descartada la notable diferencia económica [entre los eventos] denunciada por los querellantes, que ha quedado reducida a un tercio a lo largo de la instrucción, y sin que pueda descartarse que esa cuantía pudiera justificarse en la mayor capacidad de difusión de un evento respecto del otro, que queda dentro de la lógica, al intervenir en uno de ellos un medio de difusión, procede descartar los indicios de los hechos delictivos denunciados», indicó Peinado.
La Audiencia Provincial de Madrid acaba de desestimar los recursos interpuestos contra el archivo por Podemos y Más Madrid, confirmando que "el proceso penal no debe continuar con la penuria de datos incriminatorios producidos por la instrucción".