El juez José Luis Calama ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que recabe los movimientos realizados entre decenas de cuentas bancarias de más de 10 entidades a nombre del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y su secretaria, Gertrudis Alcázar.
Así lo ha acordado el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en un auto al que ha accedido EL MUNDO y en el que expone que "el conjunto de indicios revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica".
El juez justifica la ampliación de la investigación en base a un informe policial del que se desprende que la operativa operaría a través de un entramado societario "integrado por al menos 27 sociedades". Todas propiedad de Julio Martínez, "quien no se limita a canalizar fondos, sino que actúa como persona de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red".
En esta línea, el juez detalla los movimientos de estas empresas y destaca que al menos dos -Zenzap y Caletón Consultores- carecían de actividad.
Por otra parte, Calama justifica la investigación de las cuentas bancarias de Gertrudis Alcázar al apreciar los organizadores que adquirió "una vivienda por 132.055 euros sin financiación hipotecaria, mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023, sin operaciones compensatorias que expliquen su capacidad económica".
Sobre su rol en la trama, el juez expone que la secretaria del ex presidente "interviene de forma constante en comunicaciones, documentación y agenda, con conocimiento suficiente del desarrollo de las actividades de influencia".