El juez amplía la investigación a Zapatero por las supuestas comisiones en Bolivia y avisa de que puede ir todavía más allá

Calama descarta que la UDEF, tras el descubrimiento de los 200.000 euros, haya abierto una causa general contra el expresidente y su actividad profesional

Melchor Sáiz-Pardo y Almudena Santos

Nuevo varapalo a José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional ha decidido que la investigación no se limitará al supuesto cobro de mordidas por el ...

Zapatero sostenía que el análisis de esas transferencias respondía a una investigación prospectiva, sin límites claros y ajena al objeto fijado en los primeros autos. Calama niega esa tesis. Las operaciones, razona, no aparecieron como resultado de una búsqueda indiscriminada para averiguar si el expresidente había cometido cualquier delito, sino durante el examen de fuentes de prueba obtenidas con autorización judicial dentro de unas diligencias ya abiertas.

Calama sostiene que el primer auto no puede blindar a Zapatero frente a nuevos indicios aparecidos durante la instrucción

El juez subraya que la instrucción penal no queda congelada por el contenido del primer auto. Si de las pruebas incorporadas emergen nuevos hechos con apariencia delictiva, el instructor debe examinarlos, decidir si están conectados con la causa principal o, en su caso, abrir diligencias separadas. Lo que no puede hacer, afirma, es ignorarlos.

«El perímetro no es un espacio cerrado ni estático», sostiene la resolución. Calama se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo para recordar que una investigación puede avanzar, profundizar y abrir nuevas líneas cuando aparecen datos relevantes. Pretender que el primer auto de imputación blinde al investigado frente a cualquier indicio posterior constituye, según la jurisprudencia que cita, un «dislate».

El magistrado insiste en que no se ha practicado ninguna diligencia al margen de la autorización judicial ni se ha desplegado una fiscalización general de la actividad profesional de Zapatero. La Policía se limitó, según el auto, a examinar un flujo económico que aparecía en la documentación intervenida y que, por su cuantía, origen y contexto, podía resultar relevante para determinar si existieron contraprestaciones ilícitas o influencias indebidas.

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