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Leire Díez en una rueda de prensa en Madrid. EP El juez bloquea las cuentas de Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPIPedraz confirma la decisión adoptada por el juez de guardia, que acordó las detenciones, registros y los requerimientos de información en empresas, entes públicos y ministerios
Martes, 23 de diciembre 2025, 16:50 | Actualizado 17:06h.
... Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso, al que la policía judicial considera socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, en el marco de la investigación sobre la presunta trama de comisiones por ayudas y contratos públicos que se instruye en el Tribunal Supremo.En el procedimiento, impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, se investigan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los investigados pertenecen a un grupo que habrían llamado en sus mensajes de móvil «Hirurok» (los tres en euskera) que «podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública».
«Facturación mendaz»
La policía judicial considera que habrían actuado de manera coordinada con el objetivo «de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones» a través de «contratación y facturación mendaz», canalizando los fondos principalmente mediante la mercantil Mediaciones Martínez, radicada en Zaragoza, según la citada resolución sobre los indicios contra Vicente Fernández.
Los investigadores sospechan, según esta resolución, que la actividad de los implicados se habría desarrollado «al menos entre 2021 y 2023»; se habría proyectado a «distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas», y habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar «la más discreción y confidencialidad de sus actuaciones».
Y agregaba que se han detectado cinco operaciones en las que habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde diversas administraciones «y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI», que presidió Fernández entre junio de 2018 y octubre de 2019. Tras estar detenidos en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid durante 72 horas, el límite máximo que permite la ley, El juez Piña dejó en libertad a los tres, pero les impuso como medidas cautelares la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.
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