El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha comunicado al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) que el teniente coronel Antonio Balas permanecerá en su actual destino pese a su reciente ascenso, para que pueda seguir al frente de la investigación. Lo ha hecho a propuesta del fiscal de Anticorrupción, Luis Pastor, que ha sido asumida por el magistrado Ismael Moreno y remitida al coronel Pedro Merino Castro, máximo responsable de la unidad.
El escrito remitido ayer al juzgado por Anticorrupción indica que, "estando próximo -julio o agosto de este año- el ascenso del agente [...], siendo uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación de las DP 65/23 y considerando que ha tenido un papel relevante en el curso de la misma, se considera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, ha de permanecer en su destino -Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO- por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación".
Y solicita que el coronel jefe de la UCO "realice las actuaciones que considere pertinentes" para que Balas "pueda continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos que son objeto de investigación". El juez Moreno ha acordado hoy trasladar esa decisión a la UCO en los términos planteados por Anticorrupción.
Aunque solo se ha solicitado por ahora dentro del caso Koldo, la permanencia de Balas en la UCO supondrá, previsiblemente, que estará también a cargo de otras investigaciones sensibles como la del caso Cloacas del PSOE, pieza separada dentro de la causa sobre la corrupción dentro de la Sepi ligada a la fontanera Leire Díez.
Balas era el objetivo predilecto de la fontanera, según se desprende de la investigación. Le consideraba el máximo responsable de las causas que acosan al PSOE y el Gobierno. Además de las mencionadas, la UCO llevó a cabo la investigación en torno al hermano del presidente del Gobierno, ahora pendiente de sentencia.
El artículo esgrimido por la Fiscalía y el juez establece que "los funcionarios de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiere encomendado, hasta que finalice la misma o la fase procesal que la originó, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente. Cuando los funcionarios a quienes esté encomendada una concreta investigación hayan de cesar en su destino por causas legalmente establecidas, su cese se participará a la Autoridad Judicial o Fiscal para su conocimiento".