El exministro Ábalos y su asistente, Koldo García, en una imagen de archivo en el Congreso./ EP
Tribunales El juez Pedraz llama a declarar a los exjefes de gabinete de Teresa Ribera y Reyes Maroto por la trama de hidrocarburosEl instructor volverá a tomar declaración a los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama tras el último informe de la UCO sobre presuntos pagos para "comprar voluntades" de cargos públicos.
Más información: La 'trama del fuel' destinó un millón de euros a sobornos a Ábalos y otros cargos: "Se les ha dado más de un kilo"
María Peral Publicada 22 diciembre 2025 14:04hLas claves nuevo Generado con IA
El juez Santiago Pedraz cita como testigos a los exjefes de gabinete de Teresa Ribera y Reyes Maroto por la trama de hidrocarburos.
La investigación apunta a que la empresa Villafuel realizó pagos ilícitos para agilizar la obtención de la licencia como operadora de hidrocarburos.
Se sospecha que cerca de un millón de euros fueron utilizados para influir en cargos públicos, incluyendo la compra de un chalé para el exministro José Luis Ábalos.
La trama involucraría a varios intermediarios y funcionarios, con reuniones documentadas en 2020 y 2021 para favorecer a Villafuel.
Marc Pons y Juan Ignacio Díaz Bidart, que fueron jefes de gabinete de la exvicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera -actual comisaria europea de Competencia- y de la exministra Reyes Maroto, tendrán que acudir a la Audiencia Nacional a declarar como testigos el próximo 28 de enero.
Así lo ha acordado el juez central de instrucción Santiago Pedraz tras conocer el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama de hidrocarburos centrada en la empresa Villafuel.
El informe refleja indicios de que se hicieron pagos ilícitos para agilizar la obtención del título de operadora por Villafuel.
El juez investiga la concesión por el Ministerio de Ribera de una licencia de hidrocarburos a la 'trama del fuel'Según los investigadores, el propietario de esa empresa, Claudio Rivas, destinó, a través de otra mercantil (Have Got Time) aproximadamente un millón de euros "a comprar la voluntad" de cargos públicos, "permeando estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencias a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas”.
La investigación ha arrojado indicios de que Rivas utilizó como intermediario al empresario Víctor de Aldama para "obtener la influencia" del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos "y que éste incidiera en los órganos ministeriales correspondientes con el fin de agilizar la concesión de la autorización a Villafuel y soslayar el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello, a cambio de una contraprestación económica".
La influencia de Ábalos fue canalizada, presuntamente, por medio de Koldo García Izaguirre, asistente del exministro.
La UCO ha encontrado datos de que García Izaguirre contactó con Díaz Bidart y con Pons con el fin de favorecer a Villafuel, con los que hubo diversas reuniones en 2020 y 2021.
Por su parte, Aldama medió ante el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, con el que contactó el 12 de marzo de 2021.
Según la UCO, del millón de euros que se habrían destinado a "comprar voluntades", 585.000 euros se dedicaron a adquirir un chalé en Cádiz para "el uso y disfrute de José Luis Ábalos".
Otros 292.416 euros habrían sido pagados a Aldama y, 6.950 euros a Koldo García mediante un contrato de trabajo entre enero y marzo de 2022 como consultor de seguridad por la mercantil Instalíbero District, administrada por Manuel Sallés y vinculada a Claudio Rivas, sostienen los investigadores.
El juez Pedraz ha decidido para finales de enero un calendario de citaciones que incluyen las comparecencia como investigados de Rivas, Aldama, Carmen Pano y Leonor González Pano. Esta última era administradora de Have Got Time y la anterior, que es su madre, asistió a la primera reunión celebrada en el Ministerio de Industria con Díaz Bidart el 14 de enero de 2021.
Como testigos, además de Díaz Bidart y Pons, el instructor ha citado a Manuel Hernández García, Manuel Sallés (administrador de Instalíbero District) y Álvaro Gallego, a quien la UCO relaciona con uno de los pagos que se habrían efectuado.