- EXPANSIÓN
El juez Juan Carlos Peinado ha pospuesto al próximo 15 de junio la audiencia preliminar a la que citó a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como acusada y ha vuelto a avisar de que será conducida "por la fuerza pública" si no acude.
El auto del juez fija para las 18.00 horas la audiencia preliminar, después de que el abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, pidiera un aplazamiento porque ya tenía agendado otro procedimiento para la fecha inicial prevista, el 9 de junio.
Peinado señala que mantiene "la obligación de comparecer" e insiste en que tanto Gómez como los otros dos investigados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, "deberán" hacerlo "personalmente", "con apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública" si no lo hicieran, informa Europa Press.
El juez ya avisó en un auto al fijar la primera fecha que, si alguno no acudía, podría adoptar medidas cautelares para evitar "el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia".
Y apuntó que "dada la extensión de la pena que pudiera serles impuestas", ello "podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados tendente a eludir la acción de la justicia".
El juez planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
Además de los investigados y sus defensas, también están convocados a la audiencia preliminar la Fiscalía, las acusaciones populares personadas, lideradas por Hazte Oír, y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como acusación particular.
En su escrito de defensa, Begoña Gómez reclamó ser absuelta si finalmente la causa contra ella llega a juicio, al considerar que los hechos por los que se la investiga "no son constitutivos de delito alguno" y que existe una "mala fe" por parte de las acusaciones.
La esposa del presidente denunció "temeridad de las acusaciones" que "se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el procedimiento" porque, en su opinión, "ha existido una inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente desde el inicio".
La Fiscalía pidió al juez que archive el caso y avanzó que reclamaría la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia de Madrid considere procedente abrir juicio oral.
Por su parte, las acusaciones populares solicitan hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente, así como la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte por "evidente riesgo de fuga".
Así lo pidió Hazte Oír en representación de las diversas acusaciones populares de la causa, en la que también están personados Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España.
Hazte Oír también pide 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, por presunta malversación y por ser "cooperadora necesaria" en el resto de delitos que también atribuyen a la esposa del presidente.
Asimismo, solicita seis años de cárcel para el empresario Juan Carlos Barrabés por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
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