El magistrado excluye a los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler en una causa en la que se investiga la presunta concesión irregular de más de 52 millones en ayudas a esta empresa minera
Regala esta noticia Balsa de la mina de Boliden en Aznalcóllar (Sevilla). (E.P.)Sevilla
29/04/2026 a las 21:43h.El magistrado número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto para seguir con ... el procesamiento de siete ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía por las presuntas irregularidades en la concesión de 52,2 millones de euros a la empresa Boliden Apirsa S.L. y a su colectivo de extrabajadores en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
El titular de este órgano judicial ha acordado continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra los citados siete ex altos cargos por las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta concedió a la empresa sueca Boliden Apirsa, que explotó durante años la mina del municipio de Aznalcóllar que protagonizó una tregedia ambiental en el río Guadiamar por un vertido tóxico de sus residuos debido a la rotura de una balsa en 1998.
Los presuntos responsables penales so el exconsejero, Manuel Recio Menéndez, tres exviceconsejeros, dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social y un ex director general de la Agencia IDEA, a los que el magistrado investiga por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental a los acusados.
Este auto ha sido traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
En relación a la exclusión de los dos exconsejeros, el auto spone de relieve que «no consta en las actuaciones indicios suficientes de que ambos, en su calidad de titulares de las consejerías de la Junta implicadas en la concesión y pago de las subvenciones dirigidas a financiar las indemnizaciones derivadas de la frustración de los planes de recolocación de los extrabajadores de Boliden Apirsa, hayan tenido deliberada y directa participación en tales hechos».
La resolución señala que «es cierto que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y una testigo relatan en sus respectivas declaraciones judiciales que el acuerdo entre los directivos de ambas consejerías en orden a cooperar en la ilícita financiación de esa línea de ayudas habría sido asumido por los sucesivos viceconsejeros» de dichas consejerías, pero no constan manifestaciones concluyentes de que dicho acuerdo hubiera sido adoptado con el beneplácito de los respectivos consejeros«.
«Por consiguiente, la implicación de los cargos y directivos superiores -en alusión a los consejeros- en tales hechos delictivos no puede sostenerse en consideración a evidencias solventes, más allá de las sospechas de que, por su posición como responsables máximos de las respectivas consejerías, habrían tenido conocimiento de la irregular disposición de aquéllos fondos y de los acuerdos determinantes de tal ilícita actuación», recoge el auto.
En esta pieza separada del caso ERE, el magistrado investiga la presunta ilicitud de las ayudas concedidas por la Junta «de manera injusta y arbitraria» a la entidad Boliden Apirsa y su colectivo de extrabajadores por un importe de, al menos, 54.279.986,16 euros, resaltando una ayuda de 52.511.754,30 euros concedida para financiar los compromisos de concesión y pago de «ayudas sociolaborales» en favor de los extrabajadores afectados por el ERE 3/2001 de la empresa mediante la financiación de una póliza de seguro colectivo de rentas temporales suscrita por los sindicatos CCOO y UGT con Vitalicio Seguros.
También en esta pieza sobre Boliden se analiza la resolución para la ayuda por importe de 1.768.231,86 euros concedida para financiar un suplemento a la póliza anterior, suscrito para la contratación de rentas vitalicias adicionales a las rentas temporales pactadas en aquella.
El magistrado también aborda las ayudas concedidas y satisfechas por los responsables de la Consejería de Empleo y de Innovación en favor del colectivo de extrabajadores de Boliden Apirsa que, una vez extinguida su relación laboral, se habrían acogido a sucesivos planes de recolocación eficazmente intermitentes, no siempre aceptados o cumplidos por los propios extrabajadores; quienes, finalmente, serían indemnizados por no haber sido recolocados con supuestas ayudas sociolaborales excepcionales en el curso de los años 2008 a 2011.
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