El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra ha acordado prorrogar una vez más el secreto de la causa, esta vez hasta el próximo 28 de abril. El magistrado José Luis Calama explica que la propia naturaleza de los delitos que se investigan -pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida- exige "una actuación sigilosa, coordinada y técnicamente compleja".
Resalta que estructura delictiva investigada "presenta ramificaciones internacionales, con indicios de transferencias de fondos al extranjero, utilización de sociedades interpuestas, y operaciones financieras que requieren un análisis detallado y progresivo de la documentación intervenida".
A su juicio, si se levantara ya el secreto del procedimiento y los investigados tuvieran acceso a las diligencias en marcha se podría "comprometer gravemente la identificación de todos los miembros de la organización", así como "la localización de activos ocultos o disimulados, la colaboración con autoridades extranjeras".
El instructor anticipa que se prevén "futuras diligencias de investigación", que se pondrían el riesgo sin la prórroga, como "entradas y registros, análisis de dispositivos electrónicos, o requerimientos bancarios".
Finalmente, el instructor estima que el levantamiento prematuro del secreto daría pie a una posible destrucción de pruebas, alteración de documentos, o incluso a la "sustracción a la acción de la Justicia de personas implicadas, máxime cuando se investiga una estructura con capacidad operativa transnacional".
La decisión supone que solo la Fiscalía tiene acceso al contenido del procedimiento, que se puso en marcha en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, que finalmente se inhibió en favor de la Audiencia Nacional.