Cuando la actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y o otros altos cargos del Gobierno se reunieron para aprobar el rescate de Plus Ultra para su elevación al Consejo de Ministros, la aerolínea ya sabía el resultado desde cuatro días antes con "información privilegiada", según el auto de la Audiencia Nacional. El soplo lo dio el 26 de febrero de 2021 Julio Martínez Martínez al magnate venezolano considerado próximo a Delcy Rodríguez, Camilo Ibrahim Issa que era el verdadero primer accionista de Plus Ultra. Martínez era calificado de "lacayo de Zapatero", por el consejero delegado de Plus Ultra, el también venezolano Roberto Roselli, y el que había montado una "boutique financiera" para que el ex presidente del Gobierno cobrara "la mordida".
Martínez acertó en su soplo, porque aquel 26 de febrero llegaron por fin los informes que necesitaba la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) para impulsar una autorización ya formal al rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra. Ya días antes, el 9 de febrero, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) había encarrilado la ayuda, como publicó este diario, antes de que llegaran los informes que lo justificaban. Pero no fue hasta la última semana de febrero cuando llegaron los documentos del Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos, aunque el ministro había asegurado "no tener nada que ver con el rescate de Plus Ultra", y, aquel día 26, el último, el informe jurídico favorable de Deloitte, que actuaba como asesor de la Sepi. Por tanto el inmobiliario alicantino Martínez tenía información en tiempo real de cuando llegaban documentos al brazo industrial del Gobierno adscrito al Ministerio de Hacienda como es la Sepi.
El 2 de marzo, en efecto, los miembros titulares del Consejo Gestor, la mencionada Aagesen, la actual presidenta de Patrimonio Nacional y entonces secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, y los subsecretarios de Hacienda, Pilar Paneque, y secretario general de Industria, Raúl Blanco, cumplen lo previsto por el "lacayo" de Zapatero y muestran su "conformidad con la propuesta de resolución elevada por Sepi, que se acepta en sus propios términos". Así consta en el acta -ver reproducción adjunta- a la que ha tenido acceso este diario. No hubo discrepancias sino «agradecimiento al trabajo y esfuerzo realizado».
El entonces presidente en funciones de la Sepi, Bartolomé Lora, presidió la reunión. Aquel día 2, Julio Martínez almorzó con el actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y el mencionado Roselli para celebrar la formalización. Se hicieron una foto para la ocasión y el "lacayo" de Zapatero, conocido por su carácter bromista, acompañó la imagen en el restaurante con este comentario jocoso sobre el dinero público: "La Sepi no aprueba estos gastos". Roselli le respondió raudo: "Tranquilo, eso sale del 1%". Aludía así a que le habían prometido a Martínez una mordida del 1% de los 53 millones obtenidos del Gobierno de Pedro Sánchez. "Entonces, aprobados", respondió el comisionista rematando la broma. Para esas fechas, Plus Ultra ya había firmado un contrato por ese 1% con Idella Consulenza Strategica, una sociedad de Martínez, y ésta había montado una instrumental opaca en Dubai por instrucciones, según el auto judicial, del propio Zapatero.
Según el auto del juez Calama, "la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda, evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente".
Otro episodio que llama la atención al magistrado en la influencia de Zapatero con el Gobierno fue un almuerzo de éste con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá cuando era ministro de Inclusión y Seguridad Social. Lo incluye en la cronología de contactos que condujeron al rescate. Tuvo lugar el 7 de septiembre de 2020, una semana después de que Plus Ultra solicitara la ayuda pública. El juez muestra sorpresa por un trato de favor de la aerolínea por parte de la Seguridad Social. La aerolínea sólo podía pedir el rescate si estaba al corriente de pago con la Tesorería General de la Seguridad Social antes de la pandemia y obtuvo el correspondiente certificado el 20 de agosto. Eso "a pesar de a que , en la información obtenida a tenor del requerimiento judicial dirigido a la TGSS, ésta informa de una deuda". La arrastraba desde 2017 y no había pagado antes del estallido del Covid y menos aún después. ¿Por qué le dieron entonces el certificado como si no fuera deudor que era clave para ir a la Sepi? La realidad, según el auto judicial, es que debía 452.000 euros y la aerolínea logró un nuevo aplazamiento de pago en octubre de 2020.