La red integrada por el número dos del PSOE Santos Cerdán y la fontanera de Ferraz, Leire Díez, contaba con un amplio número de jueces y fiscales que resultaban incómodos para sus intereses. Entre ellos se encontraba algunos ya conocidos como el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, o la juez de Badajoz que instruyó la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, pero también otros objetivos como el magistrado del Tribunal Supremo y ex presidente de su Sala Penal, Manuel Marchena, al que la presunta organización criminal trataba de desprestigiar, según confirman los documentos obrantes en el sumario.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino a Díez varios documentos en un ordenador donde la ejecutora de las cloacas del PSOE hacía un seguimiento de distintos magistrados del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y fiscales Anticorrupción.
En los citados documentos aparecen junto con Luzón, Biedma y Marchena, el ex presidente del Supremo Carlos Lesmes, el actual presidente de la Sala Tercera del Alto Tribunal Pablo Lucas, la magistrada y vocal del Consejo General del Poder JudicialGema Espinosa (CGPJ) –mujer del instructor del procés, Pablo Llarena- o el fiscal Anticorrupción José Grinda, entre otros.
Según consta en las actuaciones, la fontanera ofreció al comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo un pacto con la Fiscalía si a cambio información le entregaba información sobre el magistrado Manuel Marchena. Díez aseguró al abogado del ex alto mando policial, Antonio Cabrera, «te va a recibir el FGE», en referencia a Álvaro García Ortiz. «Importante: Villarejo tiene las pruebas que demostrarían la corrupción de Marchena», escribió la fontanera.
«A finales de julio de 2024 llegamos a un acuerdo con Villarejo para que nos facilitara toda la documentación que no ha salido a la luz. Entre esa documentación están los audios y los pagos que involucran a Marchena y el papel del PP en todo lo que se ha venido llamando la Policía Patriótica que involucra a toda la cúpula del Gobierno de Rajoy e incluso a Feijóo comprando las elecciones gallegas de 2012. Las grabaciones pendientes de entrega son realmente explosivas», argumentó Díez en un documento incautado por la UCO denominado Estado de situación, fechado en enero del año 2025.
En el caso de Marchena, las cloacas del PSOE trataron de minar su reputación obteniendo informaciones perjudiciales de él y sus hijos.
Junto al ex presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, los documentos incautados revelan las acciones llevadas a cabo para amedrentar a la instructora de la causa abierta al hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón. «Se acordó con Luis Sáenz de Tejada [ex juez expulsado] que él interpondría una denuncia en Fiscalía General para denunciar los casos de corrupción judicial que hay en Badajoz y que, afectan, entre ellos, a la jueza que instruye el caso de David Sánchez. Después de decirle que lo hiciera de una determinada manera y de enviar la denuncia, la archivaron a los dos días. Se volvió a presentar la misma denuncia, con los modificados que se habían pedido, el 21-11-2024 al CGPJ», reza el escrito incautado a la ex militante socialista.
Por su parte, la trama veía como un impedimento que el ex presidente del Supremo y CGPJ Carlos Lesmes estuviera ahora destinado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo –que revisa las decisiones del órgano de gobierno de los jueces- ya que «ahora está juzgando los actos del propio CGPJ, lo que bloquearía la posibilidad de aplicar Justicia en el caso de irregularidad de magistrados cometidas en su mandato». Era un obstáculo para torpedear a la juez de Badajoz.
También aparecía en listado Joaquín Gadea, juez de refuerzo del magistrado ya jubilado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. «Es miembro de la junta directiva de la asociación conservadora de jueces y es la persona que hizo desaparecer los audios en la sala de García Castellón en el caso Villarejo», anotó Díez.
Junto a estos magistrados, figuran en un documento denominado ‘Incumplimiento’ el fiscal Anticorrupción José Grinda porque «es el fiscal que está detrás de todas las causas de la policía patriótica y las causas de Cataluña» y Luzón, al que la trama trató de buscar trapos sucios por haber apoyado Anticorrupción la libertad del comisionista Víctor de Aldama. En los papeles incautados también se refleja la obsesión que la trama tenía por desprestigiar a la UCO y, en concreto, al teniente coronel Antonio Balas.