La crisis política —y ahora también judicial— que envuelve al expresidente de la Diputación de Lugo y todavía alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, ha entrado en una nueva fase con consecuencias visibles en el propio organigrama municipal. El gobierno local anunció este lunes que la edil Regina López asumirá las competencias de Mujer e Igualdad tras la dimisión, hace una semana, de la hasta ahora responsable del área, Margarita López, quien alegó "motivos personales" que la obligaban a renunciar.
El decreto de delegación fue firmado esa misma mañana por el regidor y supone la reorganización de un departamento especialmente sensible en el actual contexto. López conservará además la delegación de Consumo y asumirá la coordinación de los actos del Día Internacional de la Mujer en el municipio, una cita que este año adquiere inevitablemente un significado político añadido.
La remodelación, sin embargo, va más allá del relevo en Igualdad y activa una consecuencia directa en el pleno. Ya que la vacante que dejó Margarita López corresponde al siguiente nombre de la lista socialista de 2023, que no es otro que el de Miguel Tomé, hijo del alcalde y exresponsable de Medio Ambiente en el anterior mandato. En las últimas municipales quedó fuera por la mínima, al no obtener el PSOE un concejal adicional en el reparto final. Ahora accederá a la Corporación por efecto automático de la renuncia y lo hace en el momento más delicado para su padre, después de que la Fiscalía Provincial de Lugo haya interpuesto una querella por hechos denunciados que podrían constituir un delito de acoso sexual o de abuso en el ejercicio de la función pública, supuestamente ocurridos en septiembre de 2025.
La entrada del caso en la vía penal llevó ayer a la dirección gallega del PSOE a comunicar la suspensión del procedimiento interno que permanecía abierto en el canal antiacoso del partido, conforme a lo establecido en sus normas, y a reiterar su "plena confianza en la Justicia", apelando a la presunción de inocencia como principio esencial del Estado de Derecho. En el mismo comunicado, los socialistas subrayan que siempre animan a denunciar y recuerdan que la decisión sobre el momento y la forma de hacerlo corresponde exclusivamente a la víctima, dejando ahora en manos de los tribunales la determinación de los hechos y, en su caso, de las responsabilidades.
Las implicaciones, con todo, trascienden el ámbito estrictamente municipal. Tomé ya no milita en el PSOE ni preside la Diputación, pero conserva su acta como diputado no adscrito y continúa al frente de la Alcaldía de Monforte. En la institución provincial ha optado por un perfil bajo, aunque mantiene el sentido de voto alineado con el grupo socialista. De hecho, ese apoyo resultó decisivo para que la socialista Carmela López alcanzara la presidencia con el respaldo del BNG, configurando una mayoría que depende, en la práctica, de su voto.
Hasta ahora, esa mayoría en la Diputación se defendía con un argumento cómodo: no había causa judicial abierta y, por tanto, no había razón para alterar el frágil equilibrio político. La querella de la Fiscalía rompe esa coartada de raíz. A partir de ahora, cada votación arrastrará una pregunta incómoda sobre hasta qué punto puede sostenerse un gobierno cuya aritmética depende del voto de un diputado no adscrito, investigado por presunto acoso sexual y, sin embargo, decisivo para conservar el poder.
Mantener el apoyo de Tomé —pese a su expulsión del partido— implica asumir el desgaste de convivir con la sombra de la investigación y justificar por qué su voto sigue siendo imprescindible en la Diputación. Prescindir de él, en cambio, abre la puerta a perder la institución provincial y desatar una crisis mayor en pleno ciclo preelectoral, con las municipales de 2027 ya en el horizonte. La ecuación se reduce a su expresión más cruda y obliga al PSOE y al BNG a preguntarse si prefiere el poder inmediato o la coherencia política a largo plazo.