Los agentes detectan pagos que no aparecen en los libros entregados por el PSOE y rastrean abonos canalizados mediante despachos y consultoras
Regala esta noticia Añádenos en Google Agentes de la UCO durante el primer registro de la sede de Ferraz en junio del pasado año. (Rodrigo Jiménez/Efe) 16/06/2026 Actualizado a las 07:59h.La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no afirma en su último informe que el PSOE dispusiera de una caja B. Pero el ... atestado remitido al juez Santiago Pedraz sí acumula indicios que arrojan nuevas sombras sobre la contabilidad de Ferraz: facturas no recogidas en los libros, contratos genéricos, despachos utilizados presuntamente para canalizar pagos, viajes autorizados mediante instrucciones verbales y propuestas de contratos instrumentalizados.
La caja socialista ya estaba bajo sospecha por el descontrol certificado en el caso mascarillas. El exgerente Mariano Moreno Pavón admitió ante el Supremo que Ábalos «se autorizaba y autorizaba todos los gastos» de la Secretaría de Organización y que su control consistía en «ojear visualmente la liquidación». Antes reconoció que no podía saber si el dinero entregado a Ábalos o Koldo acababa en manos del equipo para el que se abonaba. «Supongo yo. Yo nunca lo vi», declaró. El juez Leopoldo Puente le afeó la ausencia de controles: «No me diga usted que eso es un control».
La investigación de Pedraz se cruza con la pieza secreta de Moreno sobre entregas en efectivo entre 2017 y 2024
Moreno ya ha reclamado al PSOE la relación completa de pagos en metálico entre 2017 y 2024, «con independencia del destinatario», y ha ordenado a la UCO investigar esos movimientos. Esa causa nació tras el informe patrimonial sobre Ábalos, en el que la Guardia Civil detectó sobres con el logotipo socialista, mensajes como «Ya tengo el sobre de Ferraz» y abonos que no cuadraban. Ferraz niega financiación irregular y sostiene que los 940.388 euros que pasaron por caja procedían de retiradas bancarias legales del BBVA.
El nuevo informe a Pedraz amplía ahora ese perímetro. Describe la «financiación y gestión logística de la presunta actividad criminal» de la cloaca y reconstruye varios circuitos económicos que sirvieron para sostener las actividades de Leire. Pedraz ha citado como investigada a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, por su intervención en la formalización de contratos bajo sospecha.
La primera sombra aparece en el circuito de Jacobo Teijelo, abogado investigado en el caso fontanera y contratado por el PSOE antes de asumir la defensa de Santos Cerdán. La UCO tenía localizadas tres facturas giradas al partido por 125.000 euros sin IVA. En el drive de Leire apareció una nota de encargo profesional mediante la cual el PSOE, representado por Fuentes, y Teijelo «ampararían tales pagos».
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