Manifestación del 1 de Mayo este viernes en Murcia. EFE
Editorial EL RUGIDO DE EL ESPAÑOL El mercado laboral necesita remedios distintos a los de los sindicatos Publicada 2 mayo 2026 01:21hEste 1 de mayo, mientras Yolanda Díaz y María Jesús Montero encabezaban en Málaga la manifestación del Día Internacional del Trabajador (convertida en mitin electoral de la precampaña andaluza), el discurso oficial volvió a girar en torno a la defensa de "lo público", una de esas frases que, como tantas otras, ha acabado convertida en eslogan y perdiendo su sentido original.
En paralelo, Alberto Núñez Feijóo denunciaba en otras plazas el "impuesto al trabajo" y el "infierno fiscal" que ha hecho que cada asalariado pague 3.600 euros más en impuestos desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.
Irene Montero, por su parte, reclamaba una huelga general contra el coste de la vida.
La jornada, lejos de ser una celebración unitaria de los derechos laborales, se convirtió un año más en el escaparate de una polarización que oculta una realidad incontestable: en 2026, el mercado laboral español sigue siendo uno de los más ineficientes de la Unión Europea.
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026, publicados hace apenas unos días por el Instituto Nacional de Estadística, hablan por sí solos.
España destruyó 170.300 empleos netos en solo tres meses y vio cómo el paro aumentaba en 231.500 personas, la mayor subida trimestral en un primer trimestre desde 2013.
La tasa de desempleo se situó en el 10,83%, por encima del umbral simbólico del 10% y más del doble de la media comunitaria (en torno al 5,8%).
Lejos de los "récords de empleo" de los que presume el Gobierno, el empleo efectivo (el que realmente perciben los hogares) se contrae, mientras la afiliación a la Seguridad Social se mantiene artificialmente elevada por el pluriempleo y los contratos de pequeña duración.
La situación de los jóvenes españoles es incluso peor. La tasa de paro juvenil supera el 26%, según los cálculos del Partido Popular a partir de fuentes comunitarias, lo que sitúa a España a la cabeza de la UE en este indicador. Uno de cada cuatro españoles menores de 25 años no encuentra trabajo y no tiene, por tanto, posibilidad alguna de comprar o alquilar una vivienda, mantener una familia o tener una vida libre e independiente.
Esta no es una anomalía coyuntural, sino el resultado de una dualidad estructural que la reforma laboral de 2021 no logró corregir: temporalidad disfrazada de estabilidad mediante los fijos discontinuos (casi 900.000 personas que desaparecen de las estadísticas oficiales cuando no están dados de alta) y una precariedad que afecta especialmente a jóvenes, mujeres e inmigrantes.
La productividad, motor real del progreso salarial y del bienestar, permanece estancada. Según los datos de Contabilidad Nacional del INE, la productividad por puesto de trabajo a tiempo completo cayó un 0,1% en el primer trimestre de 2026, encadenando cuatro trimestres consecutivos en negativo.
España crece por cantidad de trabajadores (en buena medida gracias a la inmigración, un trampantojo contable) pero no por calidad.
El absentismo laboral, que rozó el 7,1% de las horas pactadas en 2025, sigue siendo uno de los más elevados de Europa y resta competitividad a las empresas sin que los convenios colectivos ni la Administración ofrezcan contrapartidas eficaces.
Los salarios, por su parte, están registrando en 2026 su peor comportamiento de los últimos cinco años. El INE acaba de certificar un aumento nominal de apenas el 0,8% en el primer trimestre, muy por debajo de la inflación del 3,4% registrada en marzo.
Se trata de una pérdida real de poder adquisitivo que contrasta con la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.221 euros brutos mensuales (un 3,1%) y con los incrementos pactados para los funcionarios.
Pero los sueldos medios reales llevan tres décadas prácticamente congelados: apenas han crecido un 5% desde 1995, frente al 31% de media de la OCDE.
La cesta de la compra, por su lado, se ha encarecido un 42% desde 2018, mientras 450.000 niños viven en situación de pobreza severa, sin poder consumir proteínas básicas con la frecuencia mínima recomendada por los organismos internacionales.
El colectivo inmigrante ilustra con crudeza la incapacidad del mercado para absorber la oferta de mano de obra.
La EPA ha revelado que el paro entre los extranjeros alcanzó las 731.900 personas en el primer trimestre, un 20% más que a finales de 2025, y una tasa del 17,23% (casi el doble que la de los nacionales, que está en un 9,5%).
Así que precisamente ahora, coincidiendo con la regularización exprés de medio millón de inmigrantes impulsada por el Gobierno, se añade presión adicional a un tejido productivo que, en sectores como la hostelería y el turismo (ya tocados por el encarecimiento de los costes energéticos), no genera empleo suficiente de calidad.
El riesgo es evidente: más personas en situación administrativa regular, pero sin trabajo estable, lo que agravará la tasa AROPE (riesgo de pobreza y exclusión social), ya situada en el 25,7% según Eurostat de 2025, frente al 20,9% de la media europea.
No se trata de un problema de gasto público insuficiente. España dedica recursos ingentes al "escudo social" y ha aumentado la presión fiscal hasta extremos que no pocos analistas califican ya de "confiscatorios", cuando no de "infierno fiscal".
Y a pesar de ello, el coste de intereses de la deuda pública supera ya los 40.000 millones anuales, mientras la deuda total emitida por las administraciones se acerca a los 2,2 billones de euros.
El modelo español, en resumen, combina alta rigidez regulatoria, subsidios que desincentivan la búsqueda activa de empleo y un gasto orientado más a generar y mantener dependencias clientelares que a generar oportunidades productivas.
El 1 de Mayo no puede reducirse a un debate entre bloques políticos ni a eslóganes sobre "más derechos" o "huelga general". La evidencia empírica (EPA, Eurostat, Contabilidad Nacional, FMI) dibuja un mercado laboral que lidera los rankings negativos europeos: paro estructural elevado, paro juvenil desbocado, productividad estancada, salarios reales estancados y una brecha creciente entre el relato oficial y la vida cotidiana de millones de familias.
Pero España no está condenada, como si de una maldición divina se tratara, a esta ineficiencia.
Eso sí, para romper el ciclo se requieren reformas valientes, probablemente impopulares y en buena medida muy distintas a las que piden UGT y CCOO: mayor flexibilidad interna en las empresas, inversión en capital humano y formación, incentivos a la productividad y una política migratoria que vincule la regularización a la empleabilidad real y a la integración.
Este 1 de Mayo sólo hemos visto discursos triunfalistas y movilizaciones partidistas. Pero lo que necesitamos es un mercado laboral que convierta el empleo en una vía real de ascenso social y no en una carrera de obstáculos fiscales y burocráticos.
Hasta que ese cambio no se produzca, el 1 de Mayo seguirá siendo, más que una fiesta, un recordatorio incómodo de un mercado laboral profundamente ineficiente.