Conversación real documentada por EL ESPAÑOL con un vendedor anónimo. La imagen de fondo fue generada con inteligencia artificial para ilustrar el reportaje. E.E
Reportajes El mercado negro de la "muerte digna" en España: dosis letales por 720 euros para caer "en un sueño profundo" y no despertarExpertos alertan del negocio clandestino; pagos en cripto, envíos prometidos, ausencia de médicos, certificados, garantías sanitarias o control judicial.
Otras historias: El número de eutanasias crece un 32,6% en el último año y supone un tercio del total desde que la ley entró en vigor
Guillermina Leudesdorf Publicada 25 junio 2026 02:46hEl vendedor no pregunta por un diagnóstico.
Tampoco pide un informe médico, una historia clínica, un certificado psicológico ni una prueba de que al otro lado de la pantalla haya una persona enferma, capaz, informada y libre de presiones.
Pregunta otra cosa: edad y peso.
Santiago, un mochilero que acabó esclavizado en un centro de ciberestafas en Tailandia: "Te torturan si te niegas a delinquir"La conversación ocurre en Telegram. El contacto se presenta como proveedor de una sustancia letal. Dice que envía desde Bélgica a España. Acepta transferencia bancaria y criptomonedas. Envía una lista de precios. Habla de un producto que, según él, puede llegar por mensajería.
Antes de avanzar, formula una pregunta:
—¿El medicamento es para uso personal?
La respuesta es afirmativa.
Entonces pide los datos. Después contesta con una cantidad y un precio. Todo ocurre en minutos, como si estuviera cerrando una compra más. Como si del otro lado no pudiera haber una persona vulnerable, una paciente desesperada, alguien con miedo, alguien solo, alguien atravesando una crisis.
Luego llega la frase que condensa toda la escena:
—Cuando tome el medicamento, caerá en un sueño profundo y nunca volverá.
El vendedor añade que es un proceso "indoloro". Más tarde pregunta directamente si se quiere una dosificación "para propósito de muerte digna".
En ningún momento exige un diagnóstico. En ningún momento pide acreditar una enfermedad grave e incurable. En ningún momento pregunta por cuidados paliativos, por acompañamiento médico, por estado psicológico o por presión de terceros.
La palabra que rodea la oferta es la misma que lleva años ocupando debates médicos, jurídicos y familiares: muerte digna. Pero aquí no hay ley, ni prestación sanitaria, ni garantías. Hay un chat, un alias, una promesa de envío y una operación clandestina.
Hoy, 25 de junio de 2026, se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia en España. La norma regula la prestación de ayuda para morir —mediante eutanasia o suicidio asistido— para personas con una "enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante", siempre que esa situación implique una pérdida relevante de autonomía y un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable.
Pero que España tenga regulada la eutanasia desde 2021 no significa que exista un mercado legal de sustancias letales. La prestación de ayuda para morir es un procedimiento sanitario sometido a requisitos, controles médicos y comisiones de garantía. Telegram ofrece lo contrario: velocidad, opacidad y ninguna pregunta incómoda.
La Asociación Derecho a Morir Dignamente aprovechará la fecha para denunciar las barreras que aún persisten en el acceso a la prestación: demoras, burocracia, falta de información y desigualdades territoriales.
En paralelo, al margen de ese sistema legal y garantista, vendedores anónimos se apropian del lenguaje de la muerte digna para ofrecer por Telegram sustancias letales con envío a España.
Consultado por EL ESPAÑOL, el Ministerio de Sanidad recuerda que en España existe "una vía legal, garantista y acompañada dentro del sistema sanitario público" y que la prestación de ayuda para morir está reconocida como derecho dentro del Sistema Nacional de Salud.
En esta misma línea, ante una situación de sufrimiento grave, el Ministerio recomienda acudir al médico de familia o al equipo sanitario de referencia.
Precisamente por eso, los expertos consultados insisten en una distinción central: una venta clandestina de sustancias letales no es eutanasia. La eutanasia regulada es una prestación sanitaria; el mercado negro es una oferta anónima, opaca y potencialmente delictiva.
En la ley hay tiempo.
En el chat, precio.
La oferta
La conversación empieza con un catálogo. El vendedor ofrece una solución oral de pentobarbital sódico, también identificado como Nembutal. Incluye distintas presentaciones y precios.
Después, ante la pregunta sobre el origen del producto, responde: "Estamos enviando desde Bélgica. Los paquetes tardan dos días para ser entregados en España".
Con la edad y el peso indicados, el vendedor calculó una dosis y fijó el precio: 700 euros por la sustancia y otros 20 euros por el envío. En total, 720 euros por la operación.
No hay receta. No hay farmacia. No hay control visible. Sólo un contacto que promete colocar en España una sustancia letal desde otro país europeo.
Cuando se le pregunta si el producto es veterinario o farmacéutico, no responde directamente. Contesta que acepta pagos "mediante transferencia bancaria, Crypto (Bitcoin, usdt)". La respuesta no despeja el origen: despeja la forma de pago.
El vendedor no se limita a ofrecer una sustancia. Actúa como si pudiera acompañar el proceso. Pregunta si el medicamento es para uso personal. Pide datos. Dice que puede calcular. Reconoce la finalidad. Da instrucciones que este periódico no reproduce para evitar cualquier uso peligroso de la información.
La escena no tiene dramatismo aparente. Ese es, justamente, uno de sus elementos más perturbadores. No hay solemnidad, ni conflicto moral, ni contención. Hay frases breves, una traducción imperfecta y un tono comercial.
Una muerte posible se negocia como un envío.
La doctora Pamela Cabarcos Fernández, coordinadora de la sección de toxicología forense de la Asociación Española de Toxicología (AETOX), explica en diálogo con EL ESPAÑOL que el pentobarbital sódico es un barbitúrico.
"Fármaco depresor del SNC. Actúa reduciendo la actividad cerebral y puede producir sedación profunda, depresión respiratoria y pérdida de conciencia", señala.
Su uso, añade, está hoy "muy restringido". Aunque el pentobarbital ha sido asociado en otros países a contextos regulados de muerte asistida, Cabarcos precisa que en España su uso está regulado para eutanasia veterinaria, con medicamentos autorizados y administrados por un veterinario.
La sustancia, sin embargo, no es el único problema. El problema es el circuito. La doctora Cabarcos lo resume así: "Cuando una sustancia aparece en mercados clandestinos, el principal problema es que desaparecen todas las garantías sobre su composición, concentración y seguridad".
Las ventas a través de internet o Telegram, advierte, implican que "nadie puede asegurar que el producto vendido sea realmente lo que dice ser". Son mercados asociados "a fraude, desinformación y riesgos sanitarios importantes".
En otras palabras: el comprador cree saber qué está comprando. El vendedor dice saber qué está vendiendo. Pero, fuera de un circuito regulado, esa certeza puede ser una ficción.
"Los productos comercializados fuera de los circuitos regulados pueden contener sustancias distintas a las anunciadas, concentraciones erróneas, contaminaciones... Muchas veces sucede que ni el vendedor ni el comprador saben lo que contiene", explica Cabarcos.
La promesa del chat, en cambio, no admite incertidumbre. El vendedor habla de un efecto previsto, de una caducidad, de un proceso simple. Asegura que quien lo tome caerá en un sueño profundo y no volverá.
Esa frase es la mercancía. No sólo vende un producto: vende una escena de calma.
La toxicología la desarma.
Según Cabarcos, una intoxicación no mortal "no significa necesariamente una intoxicación leve". Puede haber complicaciones graves, secuelas e intervenciones médicas complejas.
Además, cuando se trata de sustancias adquiridas por canales clandestinos, los profesionales sanitarios se enfrentan a un problema añadido: desconocer el producto consumido, la cantidad real y su composición.
La incertidumbre no termina en la persona que compra. También puede alcanzar al entorno.
La presencia de una sustancia así en un domicilio, advierte la experta, puede implicar "riesgos de exposición accidental en niños, personas mayores u otros convivientes". También puede generar situaciones de emergencia que afecten emocional y físicamente a la familia.
La muerte que el vendedor presenta como íntima y limpia puede convertirse en una emergencia confusa, doméstica y traumática.
Sin ley
José Domingo Monforte, director de Domingo Monforte Abogados Asociados, establece la frontera jurídica con claridad: "La Ley Orgánica 3/2021 configura la eutanasia como una prestación sanitaria, no como una decisión privada informal ni como la mera adquisición de una sustancia".
La garantía central, explica a este periódico, es que la decisión de la persona sea "libre, informada, reiterada, autónoma y adoptada en un contexto médico verificable".
Expertos en toxicología y derecho advierten de los riesgos de estas ventas clandestinas, ajenas por completo a la eutanasia legal. Reuters
Esa frase sirve para entender la distancia entre un procedimiento legal y una conversación por Telegram. La eutanasia regulada no es un acto instantáneo ni clandestino.
Requiere mayoría de edad, capacidad, conciencia en el momento de la solicitud, residencia o vínculo legal con España, y una situación médica determinada: enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante.
También exige información escrita sobre el proceso médico, alternativas terapéuticas, cuidados paliativos y prestaciones de dependencia.
La voluntad debe formularse por escrito y de manera reiterada. También, antes de recibir la prestación, debe prestarse consentimiento informado.
Nada de eso aparece en el chat.
La ley prevé varios filtros sucesivos: médico responsable, médico consultor independiente y Comisión de Garantía y Evaluación.
El médico responsable coordina la información clínica, verifica requisitos, abre el proceso deliberativo, informa sobre alternativas y comprueba la reiteración de la voluntad. El consultor actúa como segundo filtro clínico. La Comisión incorpora un control médico-jurídico.
"No estamos ante un acto instantáneo, clandestino o puramente privado, sino ante un procedimiento sanitario documentado, revisado y sujeto a control previo y posterior", explica Monforte.
Por eso, insiste, una venta anónima de una sustancia letal por Telegram queda completamente fuera del marco de la Ley de Eutanasia.
La ley no autoriza un mercado de sustancias letales. Regula una prestación sanitaria realizada por profesionales, dentro de un procedimiento legal, documentado, con control médico y jurídico.
"Por tanto, jurídicamente no es eutanasia", sostiene Monforte. "Es una conducta clandestina que, dependiendo de los hechos, puede entrar en el terreno penal".
La precisión importa. Nombrar mal este fenómeno puede blanquearlo. Llamar "eutanasia" a una compraventa clandestina puede dar apariencia de legitimidad a lo que la ley justamente rodea de controles para evitar abusos, errores, presiones o decisiones precipitadas.
"La eutanasia legal en España es un procedimiento sanitario garantista, no un mercado clandestino de sustancias letales", resume el abogado. "La diferencia es radical".
En la ley hay paciente, diagnóstico, consentimiento informado, deliberación médica, segunda opinión, control jurídico y supervisión pública. En una venta anónima por Telegram hay, según Monforte, "opacidad, lucro, ausencia de control, riesgo para personas vulnerables y posible responsabilidad penal".
"Llamar a eso eutanasia sería jurídicamente incorrecto y socialmente peligroso", concluye.
El Ministerio de Sanidad coincide en esa frontera. En respuesta a este periódico, sostiene que cualquier oferta de "muerte inmediata" al margen del sistema sanitario constituye "una práctica sin garantías, potencialmente peligrosa y contraria al marco legal vigente".
Según Sanidad, estos vendedores "eluden los mecanismos de verificación y protección previstos en la ley", "ponen en riesgo la seguridad y la dignidad de las personas" y pueden dar lugar a "situaciones de abuso, coacción o desprotección".
El posible encaje penal, explica, puede abrir varias líneas. La primera es la cooperación al suicidio del artículo 143 del Código Penal. Si el vendedor sabe que la sustancia se adquiere para causar la muerte y realiza actos necesarios para facilitarla —por ejemplo, vender, enviar o proporcionar una sustancia letal eficaz— podría plantearse cooperación necesaria al suicidio.
La inducción exigiría algo más: que el vendedor determine o provoque en la persona la decisión de suicidarse. Si la voluntad ya está formada y el vendedor se limita a facilitar los medios, lo más propio sería hablar de cooperación, no de inducción.
Pero si aparecen mensajes de presión, persuasión o captación de personas vulnerables, esa frontera debería analizarse.
En el caso documentado, el vendedor no se limita a una oferta genérica. Reconoce la finalidad de muerte y ofrece una respuesta personalizada.
Para Monforte, ese dato es relevante: "No es lo mismo una oferta genérica que una intervención personalizada destinada a hacer eficaz el resultado mortal".
Cuanto más personalizada sea la asistencia —cálculo, instrucciones, advertencias, seguimiento o envío— más sólida puede ser la tesis de una cooperación activa.
Pero no todo pasa por el artículo 143. El abogado advierte que también podrían analizarse delitos contra la salud pública y medicamentos si se comercializan sustancias activas sin autorización, falsificadas, alteradas, caducadas o no conformes, y se genera riesgo para la vida o la salud.
También podría haber estafa si el producto no existe, es falso, está adulterado o el vendedor no tiene intención real de enviarlo. Y podrían valorarse falsedades, blanqueo u organización criminal si existiera una estructura estable de captación, cobro, envío y ocultación.
El supuesto origen belga tampoco deja el fenómeno fuera del alcance español. Si la oferta se dirige a una persona en España, si el pago se realiza desde España, si la entrega está prevista en España o si el riesgo se produce aquí, hay base para una investigación.
Además, que el vendedor diga estar en Bélgica no significa necesariamente que lo esté.
En internet, la ubicación también puede ser parte del disfraz.
La grieta
El mercado clandestino se alimenta de una promesa sencilla: no esperar.
No esperar informes. No esperar médicos. No esperar comisiones. No esperar deliberaciones. No esperar a que alguien certifique que ese sufrimiento entra dentro de una ley.
La promesa es tan brutal como eficaz: escribir, pagar, recibir, morir.
La espera es uno de los puntos más sensibles de la aplicación de la ley. Sanidad sostiene que cada caso de una persona que fallece durante la tramitación merece "la máxima atención y respeto".
Según datos preliminares del informe anual de 2025 adelantados por el Ministerio, la mediana desde que una persona solicita la eutanasia hasta que recibe la prestación es de 57 días.
En los casos de fallecimiento previo a la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación, ese plazo se reduce a 18 días. Sanidad lo atribuye a que muchas solicitudes llegan en fases muy avanzadas de la enfermedad, con una evolución clínica rápida o imprevisible.
También precisa que no todos esos fallecimientos responden a demoras: aproximadamente un 26% se produce después de haber obtenido una resolución favorable.
El Ministerio asegura además que trabaja con las comunidades autónomas, los profesionales sanitarios y las Comisiones de Garantía y Evaluación para mejorar los circuitos asistenciales, reforzar la formación de los equipos e identificar de forma temprana situaciones de especial urgencia.
También señala que el Manual de Buenas Prácticas para la aplicación de la prestación se encuentra en revisión tras cinco años de vigencia de la ley.
Pero en esa simplificación desaparece todo lo que protege a una persona cuando su vida se encuentra en el punto más frágil. Desaparece la comprobación de si existe una enfermedad irreversible. Desaparece la información sobre alternativas. Desaparece la posibilidad de detectar una depresión, una presión familiar, una crisis momentánea, una soledad extrema.
También desaparece la pregunta por el día después, que en estos casos no pertenece a quien muere sino a quienes encuentran el cuerpo, el chat, el paquete, la sustancia.
La doctora Cabarcos advierte sobre el lugar de las personas vulnerables en este circuito. "Las personas vulnerables pueden encontrarse en situaciones de sufrimiento psicológico, aislamiento, desesperación", explica.
Y agrega: "Recibir indicaciones de un desconocido puede favorecer la toma de decisiones precipitadas, aumentar el riesgo de daño y dificultar el acceso a la ayuda profesional".
La frase ilumina el centro del problema. El vendedor no sabe quién está del otro lado. O no quiere saberlo. Puede ser una persona con una enfermedad avanzada. Puede ser alguien que no cumple ningún requisito legal. Puede ser una persona joven. Puede ser alguien solo. Puede ser alguien que en unas horas pensaría distinto.
El chat no distingue.
Cuando la supuesta compradora expresa miedo o duda, el vendedor no activa ningún cuidado. No sugiere consultar a un médico. No recomienda pedir ayuda. No pregunta si hay alguien cerca. No deriva a ningún servicio sanitario. Responde con tranquilidad prefabricada. Presenta el proceso como algo simple.
Ahí se abre la grieta más inquietante: el lenguaje del acompañamiento utilizado por alguien que vende desde la clandestinidad.
El vendedor llama "medicamento" a lo que ofrece. Habla de proceso. Habla de calma. Habla de ausencia de dolor.
Usa palabras que parecen médicas, pero elude todo lo que hace médica a una intervención: diagnóstico, evaluación, historia clínica, responsabilidad profesional, control de calidad, supervisión y seguimiento.
"Son realidades completamente diferentes", insiste Cabarcos al comparar la atención sanitaria regulada con un producto adquirido clandestinamente.
La primera se desarrolla bajo "marcos legales, protocolos clínicos, controles de calidad, evaluación de riesgos, supervisión profesional". El segundo carece de todas esas garantías.
La diferencia no es semántica. Es material. En un caso hay un sistema que, con sus límites y demoras, debe proteger. En el otro hay un desconocido que cobra.
La conversación documentada por este periódico muestra además una economía de la muerte. Hay precios, envío, métodos de pago, supuesta caducidad y disponibilidad. El negocio presenta una decisión irreversible como un producto almacenable.
"Eres libre de hacerlo en cualquier momento dentro del período de dos años", escribe el vendedor al hablar de la caducidad.
La frase impacta porque reduce la libertad a la posesión de una sustancia. Como si tenerla fuera una forma de control. Como si guardarla significara decidir mejor. Como si la libertad pudiera medirse por la posibilidad de usarla cualquier día, en cualquier crisis, sin que nadie pregunte nada.
En la conversación, todo se concentra en una pantalla. La sustancia, el origen, el precio, el pago, la promesa. El vendedor no se presenta como médico, pero actúa como si pudiera resolver una muerte. No ofrece cuidados, pero ofrece tranquilidad. No acredita nada, pero exige confianza.
El resultado es una especie de simulacro sanitario. Un mercado que toma palabras de la medicina y de la muerte digna para construir una oferta sin medicina y sin garantías.
La doctora Cabarcos insiste en que informar sobre este fenómeno exige centrarse en los riesgos sanitarios, las implicaciones sociales y la prevención. "El objetivo debe ser informar y proteger", sostiene.
Raquel, Laura, Luci y Daniela 'venden' sus óvulos a 1.200 € para llegar a fin de mes: "Me pinché para pagar el alquiler"La pregunta, entonces, no es sólo quién vende.
La pregunta es quién llega a escribir.
Alguien que busca morir. Alguien que busca dejar de sufrir. Alguien que no encontró respuesta. Alguien que no sabe distinguir entre una prestación sanitaria garantista y un vendedor que dice enviar desde Bélgica. Alguien que cree que la calma de un desconocido puede reemplazar la ayuda profesional.
El vendedor, del otro lado, no pregunta por esa historia.
Pregunta lo mínimo para cerrar la operación.
Después promete un sueño.
Y pone precio.