La defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este viernes su escrito en contra de la nulidad de actuaciones defendida por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación del ex fiscal general Álvaro García Ortiz.
En el escrito remitido al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el letrado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid rechaza que, con la condena al ex fiscal general por un delito de revelación de datos reservados, se hayan vulnerado los derechos de García Ortiz a la libertad de expresión, al principio acusatorio, a la tutela judicial efectiva, a la legalidad penal, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías.
González Amador sostiene que lo que propone García Ortiz al solicitar la nulidad de la sentencia condenatorio es tanto como admitir que "el deber de reserva (garantía de integridad de los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados por la función jurisdiccional del Ministerio Fiscal" permite "modulaciones o injerencias en base a otro derecho inexistente: la posibilidad de airear a la opinión pública (libertad de expresión institucional) parte o todo aquello de lo que tengan conocimiento los fiscales por el ejercicio de sus funciones, lesionando derechos fundamentales de los sometidos a su actividad jurisdiccional".
En este sentido, la pareja de Ayuso -querellante y acusación particular en el proceso penal- sostiene que sería " impropio de cualquier Estado de derecho que el Ministerio Fiscal viera relevado su deber de reserva y confidencialidad en un asunto en el que estuviera interviniendo cuando tuviera entre manos un asunto de relevancia pública, paradójico resulta también leer por primera vez en el procedimiento la invocación al derecho a la libertad de expresión a título individual de D. Álvaro García Ortiz como título habilitante (eximente) para protagonizar, sin condena, los hechos probados, y como lesionado, por lo mismo, por la sentencia".
En contraposición, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han solicitado a la Sala que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta que anule la sentencia donde condenó a García Ortiz a una pena de multa de 7.200 euros y la inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos años. Además, la Sala le obligó a pagar una indemnización al empresario Alberto González Amador de 10.000 euros por daños morales como responsabilidad civil.
Por su parte, García Ortiz ha abonado ya los 17.200 euros de la sanción económica impuesta por el Alto Tribunal. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) - colectivo que presidió y del que fue portavoz el ex fiscal general- lanzó una campaña de colaboración para "el abono de las responsabilidades económicas derivadas". Días atrás, la asociación anunció que había alcanzado "íntegramente el importe necesario" para pagar la sanción económica.
El incidente de nulidad de actuaciones es el paspo previo para poder acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
La Sala Penal consideró probado que fue el entonces fiscal general, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo de la confesión del empresario Alberto González Amador a la Cadena Ser. Asimismo, el Supremo sostuvo que la nota informativa que ordenó difundir García Ortiz, y que recogía la propuesta de conformidad de la pareja de Ayuso sobre dos delitos fiscales, "consolidó" la filtración iniciada por el correo.