Los integrantes del nuevo Consejo Fiscal, principal órgano consultivo del fiscal general del Estado, tomarán posesión hoy a las 11 de la mañana en la sede de Fortuny. Allí jurarán o prometerán el cargo y, posteriormente, celebrarán una primera reunión institucional que presidirá la fiscal general Teresa Peramato. Su mandato se prolongará durante los próximos cuatro años.
La última elección del Consejo Fiscal el pasado mes de mayo reflejó de nuevo el castigo de la carrera a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la actual fiscal general y de su antecesor, el condenado por revelación de secretos Álvaro García Ortiz, y el respaldo para la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), que logró seis vocales.
La AF -crítica con la deriva adopta por la Fiscalía General encabezada por Dolores Delgado, García Ortiz y Peramato- vuelve a tener holgada mayoría en el órgano de representación de la Carrera Fiscal, mientras la UPF ostenta tan sólo dos vocalías y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) logró de nuevo tener representación con un vocal -tradicionalmente esta asociación minoritaria no contaba con ninguno de los 9 sillones para vocales electos del Consejo Fiscal-.
Los nuevos consejeros de la AF son Ana López Riera (elegida por 1.349 votos), Esther Moreno Amaya (1.250), José Francisco Ortiz Navarro (1.246), Macarena Ortiz Tejonero (1.234), Javier Ródenas Molina (1.134) y Alberto Rodríguez Fernández (1.085).
Por su parte, la vocal de la APIF, María Teresa Gálvez, consiguió 516 votos y los vocales de la UPF, Víctor Castells y María Teresa Vicente, obtuvieron 428 y 412 votos, respectivamente.
Junto a estos vocales, integran el órgano los consejeros natos, es decir, la fiscal general Peramato, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la nueva jefa de la Inspección Fiscal, María José Osuna.
Se da la circunstancia de que una de las facultades del Consejo Fiscal es informar de las propuestas respecto al nombramiento de los diversos cargos y los ascensos. Sin duda, las designaciones discrecionales de fiscales de la máxima categoría es una de las materias que más tensiones ha acarreado en los últimos años dentro de la institución.
En este contexto, los nuevos vocales se enfrentarán próximamente a la designación de varias plazas de fiscales jefe, entre ellas la de la Fiscalía Provincial de Madrid, un departamento que se vio involucrado en la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, que conllevó a la posterior condena de García Ortiz.
La ex fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez llegó a estar imputada en el Tribunal Supremo en la misma causa que el ex fiscal general por haber enviado a García Ortiz la cadena de correos electrónicos que intercambió el abogado de Alberto González Amador -pareja de Ayuso- con el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto.
A Rodríguez se la recuerda por sus whatsapp -incautados por la UCO de la Guardia Civil en su despacho- con el ex fiscal general señalando que «dan ganas de incorporar un poquito de cianuro» a la nota de prensa delictiva que aireó los datos reservados de González Amador.
Al igual que el resto de miembros del equipo Fortuny, tras la condena del ex fiscal general, Rodríguez fue ascendida por Peramato como miembro de la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
La Fiscalía Provincial de Madrid es un departamento importante dentro del Ministerio Público -tanto por el número de fiscales que la integran como por el volumen de asuntos que tramita- y su actividad, según fuentes internas, se ha visto perjudicada por el escándalo vivido con la filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO explican que la imputación de Rodríguez -la Sala Penal acabó archivando la causa contra ella- hizo mella en la Fiscalía Provincial de Madrid hasta el punto de que hay fiscales que han sido tanteados desde Fortuny para ocupar esta plaza y han declinado estar en disposición de presentarse a la jefatura.
El pasado día 22 de junio, el BOE publicó la convocatoria para las jefaturas de las Fiscalías Provinciales de Madrid, Málaga, Tarragona y Lugo. Además, se ha ofertado una plaza de fiscal en el Tribunal Constitucional, otra en la Fiscalía Antidroga y, por último, otra en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado.