La decisión de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas de mantener la acampada en la Puerta del Sol, incluso después de que el Consejo de Ministros haya aprobado los llamados "decretos Maricarmen", supone una confirmación de las verdaderas intenciones de esta ola de protestas.
La movilización, que nació bajo la premisa de responder a una emergencia social concreta, ha delatado finalmente su motivación sectaria.
Este martes, el Gobierno dio luz verde de urgencia a dos reales decretos ley encaminados a limitar las alzas en el precio del alquiler y a prorrogar las garantías frente a los desahucios de personas vulnerables.
Tras una primera lectura, el Sindicato tachó las medidas de "insuficientes" y denunció la división del texto en dos partes como una maniobra para diluir sus demandas.
Sin embargo, en su último pronunciamiento público, los autoerigidos en portavoces de los inquilinos han reclamado directamente al Congreso que convalide ambos textos este mismo viernes.
"Que ningún partido se atreva a traicionar con un voto en contra el clamor social expresado estos días en las calles", ha sentenciado la organización a través de un comunicado.
Este viraje supone un evidente cambio de rumbo. Después de mantener una postura beligerante contra el Gobierno y criticar la tibieza del PSOE en materia de regulación, el Sindicato ha pasado a avalar el paquete normativo de Moncloa.
Con la exigencia de convalidación de las normas queda desactivada la amenaza de veto de formaciones como Podemos (que había condicionado el sentido de su voto a la postura de las plataformas de la calle), y se redirige de forma explícita toda la presión hacia las fuerzas de la oposición.
Al pasar a abrazarse a Pedro Sánchez, la organización desplaza el foco del antagonismo de la gestión del Ejecutivo central hacia el Partido Popular, la Comunidad de Madrid y Vox.
Esta rectificación opera como una confesión tácita sobre la naturaleza ideológica del movimiento.
La secuencia de los hechos demuestra que el objetivo prioritario de las movilizaciones no era únicamente ofrecer soluciones eficaces a la tensión del mercado inmobiliario, sino activar un ariete político contra la derecha.
La reconversión de las protestas en una acampada contra el PP demuestra, además, que el PSOE ha sabido instrumentalizar el descontento social para dar continuidad a la confrontación partidista por otros medios.
La tesis de que esta protesta en la calle acabaría erosionando al Gobierno ha quedado desmentida por los hechos.
Por esta razón, los ciudadanos de convicciones liberales, y aquellos sectores que defienden una política de vivienda fundamentada en la seguridad jurídica, la certidumbre para los arrendadores y el incremento real de la oferta se equivocarían si secundaran esta movilización o cayeran en la trampa de avalar sus consignas.
Favorecer este tipo de ocupaciones asamblearias equivale a tirar piedras contra el propio tejado. Sólo cabe en consecuencia exigir el desalojo inmediato del espacio público en la Puerta del Sol.
Es cierto que los congregados en el campamento madrileño nunca ocultaron su ideario de extrema izquierda.
Pero un movimiento que pretendía presentarse ante la opinión pública como una plataforma transversal y apartidista se ha entregado definitivamente a la deriva previsible: el respaldo acrítico a las decisiones de la "coalición progresista" y una campaña igualmente automática para demonizar a la alternativa.
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