El silencio que custodia las 15.000 hectáreas de la Sierra Norte de Guadalajara no es vacío, es una herencia. Sin embargo, esa calma se ha visto perturbada por el destello de una promesa tan antigua como peligrosa: el oro. La irrupción de Oroberia S.L.U. —filial de la multinacional australiana Global Mining Enterprises— ha fracturado la paz de la comarca con una solicitud para perforar sus entrañas que ha despertado a los fantasmas de la explotación.
El origen del conflicto. La alarma saltó en la primavera del año pasado. Oroberia S.L.U. es una sociedad constituida apenas en marzo de 2025 con un capital de tan solo 3.000 euros, lo que despertó suspicacias inmediatas sobre su solvencia y transparencia. A través de tres proyectos denominados "Gua", "Dala" y "Jara", la empresa pretende explorar un territorio que abarca desde La Toba hasta Atienza.
Esta nueva "ola minera" encuentra su amparo legal en el Reglamento sobre Materias Primas Fundamentales de la UE (en vigor desde abril de 2024), que busca cubrir el 10% de la extracción de suministros estratégicos en suelo europeo. Lo que Bruselas vende como "resiliencia patriótica", en Guadalajara se traduce en permisos acelerados y una facilidad inquietante para catalogar proyectos privados como "estratégicos". Como advierte Javier Cantero, alcalde de La Toba en El Mundo, "las empresas no son estatales... La materia prima la venderán al que más le pague".
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El plan de perforación. Gracias al Plan de Restauración Ambiental del Permiso "JARA", sabemos con precisión técnica el alcance de la intervención. La empresa proyectaba:
Sondeos profundos: Perforaciones a rotación con recuperación de testigo de entre 300 y 400 metros de profundidad.Fases: Una fase inicial de seis sondeos por permiso, ampliable a otros seis si los resultados eran favorables.Impacto superficial: Ocupación de unos 200 metros cuadrados por cada plataforma de perforación.
El peligro real, según explican expertos, es que si el mineral se encuentra a menos de 200 metros, la explotación sería inevitablemente a cielo abierto. Esto implicaría remover cantidades masivas de tierra, levantando un polvo cargado de microcristales que puede causar silicosis y otras enfermedades pulmonares, además de requerir ingentes recursos hídricos y balsas de contención para tratamientos químicos que podrían filtrarse al subsuelo.
El varapalo de la Junta. La estrategia de Oroberia de presentar tres proyectos distintos ha sido calificada de "fragmentación" para eludir controles. No obstante, en noviembre, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara dictó una resolución histórica:
Unificación obligatoria: La empresa debe englobar "Gua", "Dala" y "Jara" en un único proyecto de 14.600 hectáreas.Evaluación Ordinaria: Se deniega la evaluación simplificada (más ágil) y se obliga a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ordinaria, mucho más rigurosa y lenta.
Esta decisión es una victoria para los vecinos. Como señala Alberto Mayor, de Ecologistas en Acción, esto permite evaluar los "impactos sinérgicos" y obliga a la empresa a enfrentarse a la realidad de que el 63% del terreno afectado contiene hábitats de interés comunitario y especies protegidas como el lobo ibérico, el águila real y la alondra ricotí (esta última en peligro de extinción).
Una oposición total y transversal. La respuesta social ha sido abrumadora. Según Ecologistas en Acción, se han presentado cerca de 800 alegaciones. La alianza es inédita porque incluye a alcaldes de todos los colores políticos (PP, PSOE, IU), asociaciones de cazadores, grupos ecologistas e incluso las parroquias locales.
El miedo no es solo ambiental, sino económico y patrimonial. El proyecto "Jara" afectaría directamente a núcleos como Sigüenza y Atienza, comprometiendo su candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO por el "Paisaje Dulce y Salado". Además, la minería daría "una estocada de muerte" a proyectos de turismo sostenible ya consolidados, como el Camino del Cid o el sello Destino Starlight.
¿Qué pasará ahora? La empresa tiene dos opciones según los medios locales: desistir ante las trabas administrativas y la presión social, o presentar un nuevo estudio ambiental unificado que se someterá a un nuevo periodo de exposición pública.
Sin embargo, el escenario es complejo. Actualmente, España vive un redescubrimiento minero. Mientras en Guadalajara se lucha contra el oro, en Galicia ya han comenzado los trabajos para extraer wolframio en la mina de San Juan (Ourense), y en Jaén, la empresa Osmond Resources (vinculada a los mismos directivos de Oroberia) ha recibido permisos para investigar tierras raras en el proyecto "Menipe".
El fantasma de 1973. Uno de los puntos más críticos es que la minería en España se rige por una Ley de Minas de 1973, redactada en los últimos años del franquismo. Esta ley convierte el recurso mineral en dominio público: si la administración concede el permiso, el propietario del terreno está obligado a dejar entrar a la empresa o enfrentarse a una expropiación. Esta indefensión jurídica es el combustible que alimenta la rabia de los catorce municipios guadalajareños.
El valor de lo que no se ve. El conflicto de la Sierra Norte de Guadalajara es la representación de un choque de mundos. Por un lado, una visión extractivista que ve en la montaña cuadrículas mineras y beneficios en la bolsa de Australia (donde el oro cotiza al alza como valor refugio). Por el otro, unos pueblos que, en palabras de la alcaldesa de Ríofrío del Llano, Maite Pérez, solo piden que las leyes de despoblación sirvan para que la gente viva en su tierra y no para facilitar que los echen.
Por ahora, la Sierra Norte sigue en pie, custodiando un patrimonio geológico y biológico que, como dicen sus vecinos, "no tiene precio porque no es una mercancía".
Imagen | Freepik
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El oro de la discordia: por qué 14 municipios de Guadalajara se han rebelado contra el plan de "soberanía mineral" de Europa
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Xataka
por
Alba Otero
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El oro de la discordia: por qué 14 municipios de Guadalajara se han rebelado contra el plan de "soberanía mineral" de Europa
Oroberia S.L.U. pretendía investigar 15.000 hectáreas mediante tres proyectos distintos. La Junta de Castilla-La Mancha les ha obligado a unificar sus planes
El silencio que custodia las 15.000 hectáreas de la Sierra Norte de Guadalajara no es vacío, es una herencia. Sin embargo, esa calma se ha visto perturbada por el destello de una promesa tan antigua como peligrosa: el oro. La irrupción de Oroberia S.L.U. —filial de la multinacional australiana Global Mining Enterprises— ha fracturado la paz de la comarca con una solicitud para perforar sus entrañas que ha despertado a los fantasmas de la explotación.
El origen del conflicto. La alarma saltó en la primavera del año pasado. Oroberia S.L.U. es una sociedad constituida apenas en marzo de 2025 con un capital de tan solo 3.000 euros, lo que despertó suspicacias inmediatas sobre su solvencia y transparencia. A través de tres proyectos denominados "Gua", "Dala" y "Jara", la empresa pretende explorar un territorio que abarca desde La Toba hasta Atienza.
Esta nueva "ola minera" encuentra su amparo legal en el Reglamento sobre Materias Primas Fundamentales de la UE (en vigor desde abril de 2024), que busca cubrir el 10% de la extracción de suministros estratégicos en suelo europeo. Lo que Bruselas vende como "resiliencia patriótica", en Guadalajara se traduce en permisos acelerados y una facilidad inquietante para catalogar proyectos privados como "estratégicos". Como advierte Javier Cantero, alcalde de La Toba en El Mundo, "las empresas no son estatales... La materia prima la venderán al que más le pague".
Sondeos profundos: Perforaciones a rotación con recuperación de testigo de entre 300 y 400 metros de profundidad.
Fases: Una fase inicial de seis sondeos por permiso, ampliable a otros seis si los resultados eran favorables.
Impacto superficial: Ocupación de unos 200 metros cuadrados por cada plataforma de perforación.
El peligro real, según explican expertos, es que si el mineral se encuentra a menos de 200 metros, la explotación sería inevitablemente a cielo abierto. Esto implicaría remover cantidades masivas de tierra, levantando un polvo cargado de microcristales que puede causar silicosis y otras enfermedades pulmonares, además de requerir ingentes recursos hídricos y balsas de contención para tratamientos químicos que podrían filtrarse al subsuelo.
El varapalo de la Junta. La estrategia de Oroberia de presentar tres proyectos distintos ha sido calificada de "fragmentación" para eludir controles. No obstante, en noviembre, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara dictó una resolución histórica:
Unificación obligatoria: La empresa debe englobar "Gua", "Dala" y "Jara" en un único proyecto de 14.600 hectáreas.
Evaluación Ordinaria: Se deniega la evaluación simplificada (más ágil) y se obliga a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ordinaria, mucho más rigurosa y lenta.
Esta decisión es una victoria para los vecinos. Como señala Alberto Mayor, de Ecologistas en Acción, esto permite evaluar los "impactos sinérgicos" y obliga a la empresa a enfrentarse a la realidad de que el 63% del terreno afectado contiene hábitats de interés comunitario y especies protegidas como el lobo ibérico, el águila real y la alondra ricotí (esta última en peligro de extinción).
Una oposición total y transversal. La respuesta social ha sido abrumadora. Según Ecologistas en Acción, se han presentado cerca de 800 alegaciones. La alianza es inédita porque incluye a alcaldes de todos los colores políticos (PP, PSOE, IU), asociaciones de cazadores, grupos ecologistas e incluso las parroquias locales.
El miedo no es solo ambiental, sino económico y patrimonial. El proyecto "Jara" afectaría directamente a núcleos como Sigüenza y Atienza, comprometiendo su candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO por el "Paisaje Dulce y Salado". Además, la minería daría "una estocada de muerte" a proyectos de turismo sostenible ya consolidados, como el Camino del Cid o el sello Destino Starlight.
¿Qué pasará ahora? La empresa tiene dos opciones según los medios locales: desistir ante las trabas administrativas y la presión social, o presentar un nuevo estudio ambiental unificado que se someterá a un nuevo periodo de exposición pública.
Sin embargo, el escenario es complejo. Actualmente, España vive un redescubrimiento minero. Mientras en Guadalajara se lucha contra el oro, en Galicia ya han comenzado los trabajos para extraer wolframio en la mina de San Juan (Ourense), y en Jaén, la empresa Osmond Resources (vinculada a los mismos directivos de Oroberia) ha recibido permisos para investigar tierras raras en el proyecto "Menipe".
El fantasma de 1973. Uno de los puntos más críticos es que la minería en España se rige por una Ley de Minas de 1973, redactada en los últimos años del franquismo. Esta ley convierte el recurso mineral en dominio público: si la administración concede el permiso, el propietario del terreno está obligado a dejar entrar a la empresa o enfrentarse a una expropiación. Esta indefensión jurídica es el combustible que alimenta la rabia de los catorce municipios guadalajareños.
El valor de lo que no se ve. El conflicto de la Sierra Norte de Guadalajara es la representación de un choque de mundos. Por un lado, una visión extractivista que ve en la montaña cuadrículas mineras y beneficios en la bolsa de Australia (donde el oro cotiza al alza como valor refugio). Por el otro, unos pueblos que, en palabras de la alcaldesa de Ríofrío del Llano, Maite Pérez, solo piden que las leyes de despoblación sirvan para que la gente viva en su tierra y no para facilitar que los echen.
Por ahora, la Sierra Norte sigue en pie, custodiando un patrimonio geológico y biológico que, como dicen sus vecinos, "no tiene precio porque no es una mercancía".
