La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, este jueves junto al candidato de Vox, Óscar Fernández. Europa Press
Política El pacto en Extremadura de PP y Vox incluye enviar a los menas a sus padres, prohibir el burka y blindar la nuclear de AlmarazAmbos partidos acuerdan aplicar una bajada masiva de impuestos, invertir 500 millones más en sanidad y eliminar las clases de cultura marroquí en las escuelas.
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M.A. Ruiz Coll Publicada 16 abril 2026 23:22h Actualizada 16 abril 2026 23:47h Las clavesLas claves Generado con IA
El pacto que PP y Vox han suscrito este jueves para gobernar juntos en Extremadura incluye el compromiso de prohibir el burka en los espacios públicos y devolver a los menores inmigrantes no acompañados (menas) a sus padres siempre que sea posible.
Además, ambos partidos han firmado que suprimirán las clases de árabe y cultura marroquí en las escuelas y las subvenciones a las oenegés que "favorezcan la inmigración ilegal".
Los inmigrantes ilegales quedarán excluidos de los servicios y prestaciones sociales.
El documento del pacto incluye otros compromisos: aplicar una rebaja masiva de impuestos, invertir 500 millones de euros más en sanidad, construir al menos 3.500 viviendas protegidas (a las que no podrá acceder quien hayan sido okupas) y blindar la central nuclear de Almaraz.
Según el documento, Vox tendrá una Vicepresidencia en la Junta (que podría ocupar su candidato, Óscar Fernández) con competencias en Desregulación, Servicios Sociales y Familias
El partido de Abascal tendrá además una segunda Consejería (la de Agricultura, Ganadería y Medio natural) y el senador de designación autonómica.
El pacto no incluye reformar ni derogar ninguna ley autonómica sobre igualdad, violencia de género o colectivo LGTBI. Estos son los principales puntos del acuerdo:
Inmigración
—La Junta se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad.
—Promoverá acuerdos con los países de origen para facilitar las repatriaciones y el retorno de los menas con sus padres.
—No se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales ni se ampliarán plazas en los existentes.
—Auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal, para "reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente".
—Se habilitará una partida presupuestaria para realizar las pruebas de determinación de edad a los menas, con el fin de atajar el fraude y "evitar el colapso de los servicios sociales".
—Se suprimirán todas las subvenciones y convenios a las oenegés que "promuevan o faciliten" la inmigración ilegal o "actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas", con el fin de evitar el efecto llamada.
—Dentro de sus competencias, la Junta prohibirá el uso del burka, el nicab o cualquier otra prenda que oculte por completo el rostro en espacios públicos, por ser "incompatible con la seguridad y la convivencia".
—El Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) dejará de impartirse de forma inmediata en los centros de Educación Primaria y Secundaria.
Feijóo presenta un decálogo para su Plan de Inmigración y proclama: 'La nacionalidad española no se regala, se merece'—La Junta exigirá al Gobierno que modifique la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, para evitar los empadronamientos fraudulentos.
Rebaja de impuestos
—Bajada progresiva de un punto en los dos primeros tramos del IRPF, en la tarifa autonómica a lo largo de la legislatura.
—Deducción en el IRPF por la compra de material escolar y por nacimiento o adopción de niños: 500 euros por el primero, 1.000 euros por el segundo, y 1.200 euros por el tercero y siguientes.
—Ampliación de la bonificación del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones.
—El tipo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados se reducirá al 0,5%, para la compra de vivienda habitual cuyo valor no supere los 200.000 euros.
—Rebaja de las tasas autonómicas, incluyendo las licencias de caza y pesca, las tasas de certificación de obra y la ITV.
Vivienda
—La Junta construirá al menos 3.500 viviendas protegidas.
—Tendrán prioridad para acceder a ellas colectivos como los jóvenes menores de 36 años, familias numerosas o que tengan a su cargo personas con dependencia o discapacidad.
—No podrán acceder a ellas quienes hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años. Tampoco quienes hayan okupado sin título otra vivienda de titularidad pública.
—Se rebajará el tipo impositivo por Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra para vivienda habitual para jóvenes, familias numerosas o con personas dependientes. Con un límite de renta y un precio máximo de la vivienda de 200.000 euros.
—La Junta avalará hasta el 15% de la hipoteca para familias numerosas.
—Deducción del IRPF para los jóvenes menores de 36 años por la compra de su vivienda habitual.
—Deducción fiscal en el IRPF por la rehabilitación de viviendas para destinarlas a alquiler asequible.
Energía e Industria
—La Junta blindará la continuidad de la central nuclear de Almaraz y eliminará la ecotasa energética.
—Freno a la instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos o que puedan afectar al patrimonio natural.
Ley de Concordia
—Se impulsará la protección y restauración del patrimonio histórico "perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda", como la Cruz de los Caídos de Cáceres (que se protegerá como Bien de Interés Cultural).
Otras medidas
—La Junta invertirá 500 millones de euros más al año para mejorar la atención sanitaria y reducir las listas de espera.
—Impulsará una Ley de Familias.
—Se crearán más plazas en residencias y centros de día para personas mayores.
—Sancionará a las empresas que no cumplan la obligación de especificar el país de origen en el etiquetado de los alimentos.
—En los comedores escolares se dará prioridad a los alimentos producidos en España.
—Reducción de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública. También se recortarán "al mínimo legal" las subvenciones al desarrollo.