El Parlamento Europeo ha aprobado retirarle la inmunidad a Luis Pérez 'Alvise', líder de Se acabó La Fiesta (SALF), para que sea juzgado por el Tribunal Supremo por un presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert.
La decisión se produce después de que, la semana pasada, la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo propusiera retirarle la inmunidad. El argumento que expuso es que los delitos por los que se le quiere investigar "no constituyen una opinión expresada o un voto emitido" en el ejercicio de sus funciones.
"En enero y febrero de 2024, el administrador de un canal de Telegram denominado 'Alvise Pérez Chat', supuestamente publicó declaraciones en las que indicaban los nombres de los responsables de la persecución ideológica llamada delitos de odio, haciendo referencia en particular a la fiscal delegada para delitos de odio en Valencia", recoge el documento. Expone también que "las declaraciones publicadas en dicho canal generaron una reacción inmediata de numerosos seguidores del canal, que enviaron más de 1.500 comentarios a dicha fiscal delegada, en su mayoría de carácter insultante", prosigue el informe sobre el suplicatorio de la mencionada comisión.
Y el objetivo de la inmunidad parlamentaria, prosigue ese mismo texto, "consiste en proteger al Parlamento y a sus diputados frente a los procedimientos judiciales relacionados con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias y que no pueden desvincularse de estas".
Basado en todos estos argumentos y circunstancias, el Parlamento ha decidido apoyar la retirada de inmunidad al líder de SALF, quien además tiene otras cinco causas abiertas. Se incluyen aquí una por presunto delito electoral y de financiación ilegal, que es la que hace referencia a los 100.000 euros que Alvise recibió del empresario Álvaro Romillo, también conocido como CryptoSpain.
A ella se suma la difusión de una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa, en el que se informaba de un falso positivo por Covid. Y también hay un caso de supuesto acoso a sus dos ex compañeros de partido, Nora Junco y Diego Soler, que acabaron dejando SALF para integrarse en el ECR de Giorgia Meloni. La última de causa que el Supremo mantiene contra Alvise es el resultado de la querella que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, presentó por un presunto delito de amenazas.