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El pastelero calumniado y acusado por las sindicalistas que ahora indulta el Gobierno: "El mensaje es de impunidad"

El pastelero calumniado y acusado por las sindicalistas que ahora indulta el Gobierno: "El mensaje es de impunidad"
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La campaña de acoso contra el empresario José Álvarez en Gijón acabó con la condena de varios simpatizantes de la CNT. Más información: El hijo del dueño de La Suiza, la pastelería de Gijón acosada por 6 sindicalistas ahora en prisión: "Nos amenazaron de muerte".

José Álvarez cerró sus dos negocios después de la campaña orquestada por acólitos de CNT contra su negocio.

Reportajes El pastelero calumniado y acusado por las sindicalistas que ahora indulta el Gobierno: "El mensaje es de impunidad"

La campaña de acoso contra el empresario José Álvarez en Gijón acabó con la condena de varios simpatizantes de la CNT.

Más información: El hijo del dueño de La Suiza, la pastelería de Gijón acosada por 6 sindicalistas ahora en prisión: "Nos amenazaron de muerte".

David García Publicada 31 marzo 2026 02:46h

El caso de Las Seis de La Suiza es la historia de cómo una familia y seis sindicalistas –cinco mujeres y un hombre– han vivido una guerra de relatos que ha desembocado en un polémico indulto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el criterio de la Justicia.

Todo empezó en junio de 2016. Olga Pérez, una mujer embarazada, trabajaba en la Pastelería La Suiza, en Gijón. Según su relato, el ambiente laboral era hostil y el dueño, José Álvarez, no paraba de presionarla.

Un día, Olga comenzó a sufrir problemas de salud derivados de ese estrés y pidió permiso a José Álvarez para irse pronto a casa. No se encontraba bien. Sangraba y temía por la salud de su bebé.

Concentración en Gijón para reclamar el indulto de 'Las Seis de La Suiza' el pasado mes de julio. Europa Press

El dueño de La Suiza, sin embargo, se opuso, siempre según la versión de la condenada.

Héctor A. González, pareja de Olga, tras enterarse de que el pastelero le impedía tomarse el día libre, fue al local para encararse con el dueño y exigirle una rectificación. Hubo una discusión, Héctor se puso violento y aporreó una nevera, cuya puerta acabó destrozada.

Este incidente hizo que el dueño del local interpusiera una denuncia contra el marido de Olga por daños y amenazas.

"No es cierto que sufriera sangrados por las condiciones laborales", explicó Pablo Álvarez, hijo del dueño, en conversación con EL ESPAÑOL, hace un año. 

"Olga llamó a su pareja para comentarle los sangrados y éste entró como un energúmeno al local exigiendo los papeles del seguro. No entraba en razón a lo que mi padre le decía de que la mutua de la empresa no se hacía cargo de eso por ser un embarazo de riesgo".

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El caso se habría quedado ahí de no ser porque la pareja –con ella ya de baja por maternidad– decidió pedir ayuda al sindicato CNT en Gijón. A través de su equipo, trató de que el dueño de la pastelería retirase la denuncia y le permitiese negociar su despido por 6.000 € de indemnización.

Al negarse, los sindicalistas comenzaron a organizar piquetes informativos, repartieron pasquines satíricos denunciando el acoso de José Álvarez y hasta usaron megáfonos para que todos los vecinos y potenciales clientes supieran lo que ocurría.

Los ingresos menguaron y la imagen de la empresa se resquebrajó. El boicot surtió efecto.

La familia Álvarez consideró que aquello no era una protesta, sino un infierno. El sindicato, según su versión, nunca quiso defender sus derechos laborales, sino "extorsionarlos".

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Prueba de ello es que alrededor de 50 personas se juntaban en la puerta de su pastelería para impedir entrar a los clientes, llamaban al empresario "agresor sexual" sin presentar pruebas y le exigían dinero y la retirada de las denuncias penales a cambio de dejarle en paz.

El acoso fue tal que José Álvarez se vio obligado a cerrar sus dos negocios.

CNT siempre definió esta estrategia como "hacer presión" para obligar a negociar.

"Pero la sentencia deja bien claro que nunca hubo ningún derecho sindical", concluye Pablo. "Es que no tenían que ir a nada porque nunca se reclamó nada. Esta gente fue allí a extorsionar, esa es la palabra, claramente. Como la mafia siciliana, o como el impuesto revolucionario, lo que querían era recibir un dinero ilegal".

José Álvarez, dueño de La Suiza, junto a su hijo Pablo. Cedida

Laberinto judicial y cárcel

La justicia acabó dando la razón al empresario. Aunque Olga denunció a José Álvarez por acoso sexual, esa causa se archivó porque los jueces consideraron que no había pruebas.

Por el contrario, la demanda del dueño contra CNT prosperó: seis personas (entre ellas Olga Pérez y su pareja, Héctor Augusto González) fueron condenadas a tres años y medio de cárcel. A ambos se les sumaron Jara Casanova, María Cristina BermejoBeatriz GarcíaRosa Blanca Carrión.

La última de las cuales, por cierto, tiene una causa abierta por un delito de calumnias graves, por la que el equipo de Álvarez pedirá 3,3 años de prisión por agravante de reincidencia.

La dureza de la pena sorprendió a muchos, ya que no hubo violencia física grave, sino que se les condenó por "coacciones y obstrucción a la justicia". Para el Tribunal Supremo, el objetivo de las protestas era "torcer la voluntad" del dueño mediante la presión constante, lo cual sobrepasaba el derecho a la huelga o a la manifestación.

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El 10 de julio, las seis personas condenadas ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias tras una orden de detención dictada el día anterior. Poco después pasaron a régimen abierto en el centro de inserción social anexo.

Días antes de su ingreso en prisión, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunió con ellas en Oviedo y se comprometió a apoyar la tramitación de su indulto por parte del Gobierno, ya que, en sus palabras, "hacer sindicalismo no es delito".

Tras meses de movilizaciones, el 31 de marzo de 2026, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez aprobará el indulto, lo que permitirá que las seis personas condenadas recuperan su libertad total.

Los dueños de La Suiza están decepcionados. "El caso cuenta con informes en contra del Fiscal Jefe de Gijón, del Magistrado del Juzgado de lo Penal 1 de Gijón y cuatro informes nuestros como víctimas", señala José Álvarez.

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"Una vez estén publicados en el BOE los seis Reales Decretos, recurriremos el indulto para que sea de nuevo el Tribunal Supremo el que imponga justicia y los revoque".

Cree Álvarez padre que, tal y como señala el Fiscal Jefe de Gijón, "no se cumple ninguno de los requisitos exigidos por la Ley del Indulto" y, por tanto, "no cabe su concesión". Asimismo, considera que el Gobierno "incurre en una desviación de poder ".

Y zanja: "Es un despropósito por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez".

El caso de Las Seis de La Suiza, en definitiva, ha dejado cicatrices profundas a ambos lados. La familia Álvarez sostiene que no sólo perdió dos negocios, sino también su tranquilidad cotidiana.

Para ellos, el indulto no cierra nada; reabre la herida, porque sienten que se desautoriza, de forma política, todo lo que tres jueces declararon probado.

Lo hemos peleado durante meses y lo hemos conseguido. El indulto a Las 6 de La Suiza ya está aquí. Gracias a todas las organizaciones que se han movilizado defendiendo su inocencia. El sindicalismo no es un delito. Defender los derechos laborales es un orgullo.

— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 30 de marzo de 2026, 13:31

En el otro lado, las cinco mujeres y el hombre condenados reivindican el ejemplo de cómo el activismo laboral puede terminar criminalizado. Han pasado por el banquillo, por la cárcel y por un estigma que también les acompañará mucho más allá del indulto.

"Lo que ha ocurrido es un ataque al sindicalismo de calle", explicó en conversación con este diario Álvaro del Río, secretario general del CNT de Gijón.

"Por un lado, se está interpretando que coaccionar es intentar llegar a un acuerdo. Si nosotros llamamos al boicot a una empresa que no cumple las condiciones laborales y cierra porque la gente es consciente de que no se están cumpliendo las cosas, nuestro problema no es".

Pablo Álvarez es, sin embargo, tajante con esa postura: "No se repara con nada el daño del linchamiento público de la acusación contra mi padre de acoso sexual [...] El mensaje que envía el Gobierno es de impunidad: haz lo que quieras que este gobierno te indultará".

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