David Sánchez declara ante la Audiencia de Badajoz. E. E.
Política CORRUPCIÓN El PP denuncia a David Sánchez ante el Tribunal de Cuentas para que devuelva los más de 416.000€ de sueldo percibidosActivan la vía contable tras la condena por prevaricación y señalan también a Gallardo y a otros cargos socialistas por el quebranto económico.
Más información:Bruselas amonesta al Gobierno de Sánchez por no combatir la corrupción y atacar a los jueces.
Alberto D. Prieto Publicada 23 julio 2026 17:59h Las clavesLas claves Generado con IA
El Partido Popular ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que David Sánchez Pérez‑Castejón devuelva los más de 416.000 euros que habría percibido de la Diputación de Badajoz por un puesto que, según una sentencia firme, se creó "sin correspondencia entre la justificación formal y la realidad funcional del puesto".
El escrito, firmado por el portavoz popular en la institución provincial, reclama que se declare la responsabilidad contable del hermano del presidente del Gobierno y se le obligue a reintegrar las cantidades abonadas, tras la sentencia del pasado 14 de julio que lo condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.
La denuncia sostiene que David Sánchez "no prestó servicios de forma habitual en Badajoz" y "no desarrolló sustancialmente las funciones que motivaron la plaza", diseñada para convertirlo en Coordinador de las Actividades de los Conservatorios, primero, y "jefe de la Oficina de Artes Escénicas, después.
En la práctica, según el relato que los populares apoyan en los "hechos probados" de la Audiencia Provincial, su labor real se centró en el programa Ópera Joven, "teniendo que asumir otros profesores las tareas de coordinación" para las que teóricamente fue contratado.
El portavoz del PP en la Diputación de Badajoz, Juan Antonio Barrios, firmante de la denuncia, subraya que, pese a esa falta de contenido real, se mantuvo la retribución de alto directivo y se adaptó la plaza para darle cobertura.
David Sánchez, el músico que pensaba en Badajoz desde San Petersburgo: el primer familiar condenado de un presidenteLa sentencia de la Audiencia Provincial, de hecho, deja "acreditada la modificación [...] para dar cobertura formal a la actividad realmente desarrollada".
Por eso, el escrito reclama que el Tribunal de Cuentas determine el alcance del daño y ordene la devolución de las "retribuciones, cotizaciones, complementos y costes asociados a plazas cuya creación, provisión y adaptación han sido objeto de censura en los hechos probados de la mencionada sentencia".
La Audiencia no reclamó
Uno de los ejes de la denuncia es que la condena penal por prevaricación no se ha traducido, de momento, en la devolución de un solo euro a las arcas públicas perjudicadas.
El PP recuerda que la Audiencia Provincial se declaró incompetente para pronunciarse sobre los salarios y remitió expresamente la cuestión a la jurisdicción contable, de ahí que ahora active esta vía.
Los populares sostienen que "no puede quedar impune" un perjuicio económico que la propia sentencia vincula a la creación artificiosa de una plaza.
El PP reclama que se cuantifique el alcance concreto atribuible a David Sánchez, que ellos cifran de manera orientativa en algo más de 416.000 euros, y que una vez fijado se exijan responsabilidades directas y subsidiarias.
El escrito pide que se requiera a la Diputación todos los expedientes de creación, provisión y modificación de las plazas, así como contratos, nóminas, complementos e indemnizaciones abonadas al condenado.
Y reclama, además, que se calculen los costes empresariales de la Seguridad Social y los medios materiales y personales que se pusieron a su disposición.
La sentencia
La denuncia va más allá del hermano del presidente, a quien llamaban "el hermanísimo" los propios afectados, y se dirige también contra el entorno político y funcional que hizo posible el diseño de ese "traje a medida".
Entre ellos, señala al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y a una decena de altos cargos y técnicos que participaron en la operación.
Sánchez suma tres delincuentes en su entorno y es ya el primer líder de la UE con un hermano condenado por corrupciónEl tribunal dio por probado que la Diputación creó un puesto de alta dirección, alteró su perfil y lo adaptó en varias ocasiones para conservarlo, vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El fallo evitó penas de cárcel, pero describió una actuación sostenida en el tiempo y articulada desde la cúpula de la institución.
En la misma resolución, los jueces impusieron 18 años de inhabilitación a Gallardo, expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE extremeño, por su papel central en la operación.
Según el tribunal, Gallardo fue quien impulsó la creación de la plaza, pilotó sus sucesivas modificaciones y sostuvo la relación laboral de David Sánchez pese a las objeciones internas. La sentencia dibuja una estructura "piramidal" en la que la presidencia marcaba las decisiones de personal clave en el área de Cultura.
La reacción del Gobierno a la condena fue de cierre de filas con el hermano del presidente y de crítica a los jueces.
Varios ministros atacaron la condena, mientras desde el PSOE se acusaba a la oposición de explotar políticamente el caso. El PP, por su parte, sostuvo ese mismo día que la sentencia por sí sola "debería hacer caer al Gobierno" y recordó que se acumulan ya varias condenas y causas judiciales en el entorno del presidente.
El 'hermanísimo' y el 'hermanito'
En el terreno económico, la denuncia del PP desgrana las cifras del presunto quebranto.
Para David Sánchez, suma sus retribuciones brutas desde 2017 hasta superar los 416.000 euros. El documento precisa que se trata de "una cantidad provisional" que deberá ajustarse con los datos oficiales, descontando periodos de excedencia y suspensión.
El escrito incorpora también el coste de la plaza creada para Luis María Carrero Pérez, amigo de David Sánchez al que llamaba "hermanito", que pasó de profesor de inglés en Mérida a jefe de la Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas.
Para él, el PP calcula algo más de 113.000 euros en concepto de salarios y cotizaciones, de modo que el "menoscabo provisional total estimado" por ambas plazas roza los 530.000 euros.
El partido reclama que también se depuren las responsabilidades contables de Carrero por haberse beneficiado de un puesto cuya necesidad real cuestiona la sentencia.
Moncloa ve en los casos de David Sánchez y Begoña un revulsivo para movilizar a la izquierda y tapar los más gravesAdemás de Gallardo, la denuncia identifica como posibles responsables solidarios a la diputada de Cultura Cristina Núñez, a las directoras Elisa Moriano y Juana Cinta Calderón, a los jefes de servicio Manuel Candalija y Félix González, al delegado de área Francisco Martos, a la directora María Emilia Parejo y al diputado Ricardo Cabezas.
A todos ellos se les atribuyen distintas intervenciones en la cadena de decisiones, como refleja la sentencia de la Audiencia: impulso y justificación del puesto, informes de creación y modificación, propuestas de Relación de Puestos de Trabajo o firma de las resoluciones de provisión.
El PP pide que el Tribunal de Cuentas determine si su actuación, por dolo o negligencia grave, contribuyó al menoscabo de fondos públicos.
El escrito de los populares no es el único que ha llegado al Tribunal de Cuentas por este caso. Otras acusaciones populares, como Iustitia Europa, han presentado denuncias similares, para que la condena por prevaricación se traduzca también en una reparación económica para las arcas públicas.
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