El Partido Popular forzará un debate en el Parlamento Europeo sobre la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de proceder a la regularización masiva de inmigrantes que, según distintas estimaciones, puede afectar a entre 500.000 y un millón de personas.
La iniciativa de los populares ha sido registrada ya en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara reclamando el examen "urgente" de la medida "por las dudas que plantea sobre su impacto y encaje en el marco jurídico comunitario" y porque, al no hacerse caso por caso y con certificado de antecedentes penales, puede convertirse en "un coladero de delincuentes".
Se pide que el Parlamento Europeo evalúe "las consecuencias sociales, económicas y legales" del proceso que, según los populares, "va en sentido contrario al enfoque comunitario en materia de control de fronteras y gestión de flujos migratorios". Se trata, según la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, de "la mayor operación de regularización de Europa", legislando "a ciegas" y sin coordinación con el resto de socios.
Por todo ello, la iniciativa alerta de los posibles efectos que este proceso puede tener sobre la seguridad, los servicios públicos y la gestión administrativa porque carece de planificación, controles y evaluación de impacto. "Es una irresponsabilidad que ni España ni Europa se pueden permitir (...) Una nación que no sabe quién entra no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos ni la de sus socios europeos", ha advertido Ezcurra.
En el texto de la iniciativa se destaca que la regularización masiva podría tener repercusión en otros Estados miembro puesto que los permisos de residencia concedidos en el espacio Schengen permiten la movilidad dentro de la UE. En base a ello advierten del "riesgo de movimientos secundarios irregulares hacia otros países europeos", algo que, añade, "podría generar responsabilidades adicionales para el Estado que concede dichos permisos".
Los populares insisten, además, en el hecho de que la regularización se hace "sin control alguno" principalmente en la verificación de antecedentes penales. El PP reclama que la regularización debe hacerse siempre caso por caso, con aportación de certificados oficiales de antecedentes penales y no sólo con declaraciones responsables.