Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regenerción Institucional del PP, en rueda de prensa. Efe
Política CRISIS MIGRATORIA El PP halla la vía para evitar que la regularización masiva de inmigrantes de Sánchez sea un "coladero" de delincuentesEnmienda la ley contra la multirreincidencia con reformas en Extranjería, el Código Penal y la Fiscalía, que saldrán con su mayoría absoluta en el Senado y "deberían contar" con los votos de Vox y Junts, de vuelta en el Congreso.
Más información:La regularización de Sánchez será un coladero: el inmigrante quedará 'limpio' si en un mes no recibe los antecedentes penales.
Alberto D. Prieto Publicada 5 marzo 2026 02:55hLas claves nuevo Generado con IA
El PP ha registrado en el Senado una batería de enmiendas a la Ley Orgánica contra la Multirreincidencia con un objetivo que va más allá de la propia norma. Los populares han hallado ahí la vía para evitar el "coladero" de delincuentes en la regularización masiva de inmigrantes de Pedro Sánchez.
La iniciativa, coordinada por Cuca Gamarra, quiere utilizar la proposición de ley de Junts para, a través de una serie de enmiendas a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, reformar la Ley de Extranjería, el Código Penal y la Fiscalía.
Las enmiendas endurecen los requisitos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para obtener el permiso de residencia, refuerzan la Fiscalía y agravan las penas por 'petaqueo', la práctica de suministrar combustible a las narcolanchas en alta mar.
Las reformas saldrán adelante en el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP. Y Gamarra confía en que "deberían contar" también con los votos de Vox y Junts, autor de la ley, cuando el texto vuelva al Congreso para su aprobación definitiva.
"Si se aprueba, se acabó lo de la declaración responsable de delincuentes o que los que están pendientes de juicio tengan de premio la residencia", apunta la vicesecretaria de Regeneración Institucional, en declaraciones a este diario.
Más de 1,2 M de inmigrantes entrarán en la regularización masiva, según un informe del comisario jefe de ExtranjeríaEl PP modificará el propio título de la proposición de ley para incluir la reforma de la Ley de Extranjería.
No a la "declaración responsable"
Se añade un nuevo artículo 31 ter para que "la carencia de antecedentes penales" deba "acreditarse mediante certificación oficial expedida por las autoridades competentes del Estado o Estados de origen o de anterior residencia"
Y se prohíbe expresamente que "en ningún caso" una declaración responsable pueda sustituir a ese certificado.
La norma contra la multirreincidencia la aprobó el PSOE en el Congreso el pasado 12 de febrero, junto al PP, a Vox y a Junts, con 302 votos a favor. Lo hizo enfrentándose a Sumar, su socio de Gobierno, y al resto de las izquierdas parlamentarias, que la calificaron de "populismo punitivo".
Fue un gesto de Sánchez hacia Junts para intentar que los de Carles Puigdemont vuelvan a la mesa de negociación. La esperanza del presidente era que el partido independentista deje de bloquear la legislatura, como ocurre desde la "ruptura definitiva" anunciada por Míriam Nogueras el pasado noviembre.
Ese mismo día, según fuentes de Junts, el PSOE llamó para avisar de que reactivarían la ley contra la multirreincidencia. La norma llevaba más de un año bloqueada en el Congreso. Y Francina Armengol, presidenta de la Cámara, la puso de nuevo en manos de la ponencia de la comisión parlamentaria.
Ahora, ya aprobada en la Cámara Baja, los populares aprovechan el trámite del Senado para introducir estos cambios sustanciales.
El decreto del Gobierno, aprobado en enero, establecía que si el país de origen no contesta en un mes a la solicitud de antecedentes penales, basta con que el inmigrante firme una "declaración responsable" para que el Estado "entienda" que está limpio.
El PSOE se somete a Junts y vota con PP y Vox una reforma para endurecer con hasta 3 años de cárcel la multirreincidenciaLo que antes era una salvedad "en circunstancias excepcionales debidamente acreditadas" se convertía así en la regla general.
Fiscales y juicios pendientes
Pero la reforma del PP no se limita a los antecedentes. También se denegará la residencia si el solicitante tiene escritos de acusación del fiscal con petición de "pena privativa de libertad", con "auto de apertura de juicio oral", con "medidas cautelares", si se han dictado "órdenes de búsqueda y captura" o "autos de prisión provisional".
Se rechazará igualmente si el solicitante ha sido "condenado ejecutoriamente como reincidente".
Y finalmente si, "para la obtención de la autorización de residencia", ha incurrido en "engaño bastante o falsedad" sobre sus circunstancias personales, como la edad, el sexo o la nacionalidad, una práctica que los cuerpos policiales han denunciado reiteradamente en el caso de los menas.
Para completar el blindaje, la Administración estará obligada a "recabar informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" sobre posibles "amenazas para el orden público".
Se trata de incorporar los antecedentes policiales, no sólo los penales, a la toma de decisiones.
Otro cambio clave afecta a los procedimientos de expulsión. El decreto de Sánchez establecía que la mera solicitud de residencia suspendía automáticamente cualquier expediente de expulsión o retorno.
El folio 9 de las enmiendas del PP limita esa suspensión sólo a las infracciones por estancia irregular: "La mera existencia de reseñas policiales no podrá fundamentar por sí sola una resolución denegatoria", dice el texto. Pero los demás procedimientos, "no se suspenderán en ningún caso por una solicitud".
El comisario de migración avisa a Sánchez: "Los irregulares deben abandonar la UE; si no, las reglas no son creíbles"Además, los populares proponen "la incorporación del denominado petaqueo al Código Penal". La reforma eleva las penas desde los 1 a 3 años hasta los 3 a 5 años de prisión cuando se trate de combustible líquido.
La enmienda incorpora una sugerencia de la Fiscalía antidroga de la Audiencia Nacional, ya que son delitos "con una dimensión transnacional".
Finalmente, en el ámbito de la Fiscalía, los populares exigen que "en el plazo máximo de dos años" se amplíen las plantillas hasta alcanzar, al menos, "un fiscal por cada 100.000 habitantes" o fracción superior a 50.000.
La prioridad será para las fiscalías "con ratios más bajas". Sin ese refuerzo, argumenta el PP, la ampliación de plazas judiciales sin correspondencia en la Fiscalía "no permitirá atender las necesidades de la Administración de Justicia".
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