El Partido Popular no se conforma con el informe que presentó, a instancias de la juez Beatriz Biedma, la delegación en Extremadura de la Agencia Tributaria en el caso de David Sánchez Pérez-Castejón -en espera de resolución judicial- por su presunta colocación 'a dedo' en la Diputación de Badajoz. El senador del Partido Popular por Badajoz, José Antonio Monago, ha registrado este lunes una batería de preguntas en la Cámara Alta en la que pide a Hacienda conocer si, con posterioridad a la declaración de sus responsables en Extremadura en la fase de instrucción en los juzgados de Badajoz, "se ha iniciado alguna actuación de comprobación, verificación, investigación o inspección respecto de David Sánchez Pérez-Castejón".
El PP se basa en los nuevos datos aparecidos en todo el entramado de presunta corrupción que persigue al Gobierno, según los cuales la Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra la apertura de actuaciones de comprobación e investigación inspectora respecto del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, su entorno familiar y determinadas sociedades vinculadas: "Resulta obligado preguntar por el distinto criterio seguido en otros supuestos que afectan a personas del entorno más próximo del presidente del Gobierno", señala en su escrito José Antonio Monago.
En concreto el senador por Badajoz hace hincapié en el procedimiento judicial seguido ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz en relación con David Sánchez Pérez-Castejón, en el que los principales responsables de la Agencia Tributaria declararon ante la juez Beatriz Biedma, señalaron que no tenían medios para realizar una inspección exhaustiva en Portugal, donde el hermano del presidente del Gobierno tenía fijada su residencia, en concreto en la ciudad fronteriza de Elvas.
Sin firma y sin membrete
El PP recuerda que dicho informe se elaboró sin haberse practicado actuaciones de comprobación o inspección propiamente dichas, limitándose la Agencia a contrastar la información disponible en sus bases de datos y la que le había trasladado el propio afectado sobre su situación fiscal, residencia tributaria y o la posible obligación de tributar en España. Dicho informe enviado por Hacienda a la magistrada Biedma no incluía la firma de ningún funcionario público, lo que provocó que la juez que investigaba el caso llamara a declarar los tres principales responsables de la Agencia Tributaria en Extremadura en calidad de testigos y les afeara dicha cuestión, señalando que en su larga trayectoria como magistrada nunca había visto un caso así. Tampoco incluía el membrete oficial de Hacienda. "¿Por qué razón presentaron el informe sin membrete de la Agencia Tributaria y sin estar firmado por una persona en concreto?", le preguntó nada más comenzar la comparecencia en sede judicial Biedma, a lo que le respondieron que lo hicieron por una cuestión de "prisas". A lo que Biedma contestó: "Yo nunca jamás he visto un informe de la Agencia Tributaria cuando le hemos pedido algún tipo de valoración o información que no estuviera firmado por nadie", dejó claro Biedma.
Para el Grupo Popular en el Senado, la cuestión resulta "especialmente relevante porque en un caso la Agencia Tributaria habría activado actuaciones inspectoras de alcance general incluso existiendo un procedimiento penal en curso, mientras que en el caso del hermano del presidente del Gobierno se habría sostenido que no existía riesgo fiscal relevante y que no procedía iniciar actuaciones de comprobación una vez judicializado el asunto".
Preguntas registradas
De esta manera, Monago ha instado de forma oficial a la Agencia Tributaria a informar sobre si, con posterioridad a la declaración de sus responsables ante la juez Beatriz Biedma, ha llevado a cabo alguna nueva actuación de "comprobación, verificación, investigación o inspección respecto de David Sánchez Pérez-Castejón y, en caso afirmativo, saber en qué fecha se iniciaron dichas actuaciones, qué órgano de la Agencia Tributaria las acordó, qué ejercicios fiscales comprenden y cuál es su alcance, general o parcial". En este sentido, pregunta si se ha investigado su residencia fiscal, su tributación por IRPF o IRNR, posibles incrementos patrimoniales, donaciones recibidas, adquisiciones de inmuebles, rentas percibidas de entidades públicas españolas y, en caso negativo, "que se detalle por qué razón no se han iniciado actuaciones de comprobación o inspección respecto del hermano del presidente del Gobierno, pese a las dudas trasladadas en sede judicial sobre su residencia fiscal, su relación laboral con una administración pública española y su evolución patrimonial".
Asimismo, Monago pregunta si se puede entender como un delito de prevaricación el que pueda recaer sobre el funcionario público (en referencia a los responsables de Hacienda en Extremadura) "que reconoce en sede judicial no perfeccionar su obligación inspectora; conocer qué criterio objetivo explica que la Agencia Tributaria sí haya iniciado actuaciones inspectoras de alcance general respecto de José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno familiar, existiendo también una causa judicial abierta, y no lo haya hecho, si así fuera, respecto de David Sánchez Pérez-Castejón; y si considera el Gobierno que el hecho de que un asunto esté judicializado impide a la Agencia Tributaria iniciar actuaciones de comprobación o inspección, o únicamente exige coordinar dichas actuaciones con el órgano judicial competente".
Además, el PP solicita información sobre quién ordenó, supervisó o validó el informe remitido por la Agencia Tributaria al Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz sobre David Sánchez Pérez-Castejón; también por qué dicho informe fue remitido, según lo conocido públicamente, sin firma individualizada ni membrete identificativo de la Agencia Tributaria; y si se ha abierto alguna información interna para aclarar las circunstancias de elaboración, remisión y posterior ratificación de dicho informe.
Finalmente, José Antonio Monago pregunta al Gobierno si puede garantizar que la Agencia Tributaria aplica los mismos criterios técnicos, de riesgo fiscal y de comprobación tributaria a todos los contribuyentes, con independencia de su relación personal o familiar con miembros del Gobierno; si el Ejecutivo descarta que David Sánchez Pérez-Castejón haya recibido un trato singular, preferente o más favorable por parte de la Agencia Tributaria; "y si va a remitir el Gobierno a las Cortes Generales, dentro de los límites legales de reserva tributaria, una explicación razonada de los criterios aplicados por la Agencia Tributaria en este caso".