La Comisión de Justicia del Senado. Senado
Tribunales El PP introduce en el Senado una enmienda para ampliar las plazas de fiscales de adscripción territorial y no solo de juecesLos populares frenan la regularización de migrantes con antecedentes penales mediante otra modificación a la Ley de Multirreincidencia de Junts.
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Luis Villajos | Agencias Publicada 10 marzo 2026 18:41h Actualizada 10 marzo 2026 18:46hLas claves nuevo Generado con IA
La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado este martes el dictamen de la reforma penal impulsada por Junts para aumentar el castigo a la multirreincidencia, en una sesión en la que PP y Vox han introducido varios cambios vinculados a la regularización masiva de migrantes.
Los populares han dado además un nuevo paso para reforzar su agenda de seguridad y endurecimiento penal con la presentación de una enmienda destinada a ampliar las plazas de fiscales de adscripción territorial, y no solo de jueces.
De esta forma, el PP busca que el refuerzo de la Administración de Justicia sea más equilibrado y no se concentre únicamente en la judicatura, sino también en el Ministerio Fiscal, al que los populares consideran clave en la respuesta frente a la delincuencia reiterada.
De profesión, delincuente: los multirreincidentes con hasta 62 arrestos y su negocio para "vivir en exclusiva del pequeño delito"En concreto, la enmienda del PP da un plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley para ampliar las fiscalías de área, provinciales y de comunidades autónomas en, al menos, un fiscal cada cien mil habitantes o fracción superior a los cincuenta mil habitantes, priorizando aquellas con ratios menores.
De esta forma, los populares abogan por “garantizar la lucha contra la criminalidad reincidente” y atender las necesidades de la Administración de Justicia.
Ausencia de antecedentes penales
Junto al incremento de plazas de fiscales de adscripción territorial, el PP acompaña esta propuesta de otros cambios normativos, como el endurecimiento de los requisitos para obtener el permiso de residencia de extranjeros y nuevas penas contra prácticas vinculadas al narcotráfico, en particular el llamado petaqueo, es decir, el suministro de combustible y materiales a las redes criminales.
Los 'populares' han hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para introducir una enmienda que busca evitar que haya migrantes con antecedentes policiales que se beneficien de la regularización masiva que ha aprobado recientemente el Gobierno.
Una de las enmiendas del PP, que se ha incorporado al texto, modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social --conocida comúnmente como Ley de Extranjería-- introduciendo un nuevo artículo "con el objetivo de reforzar las garantías frente a la impunidad y la seguridad en España".
Según defiende el PP, "la multirreincidencia no puede combatirse eficazmente si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales relevantes, obtenidos en otros Estados o no debidamente contrastados, accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control efectivo".
Por ello, plantea que todas las autorizaciones de residencia precisarán que el solicitante no tenga antecedentes penales y que no sea sujeto de una pendencia penal suficiente en España o en los países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español.
Asimismo, los 'populares' proponen que se deniegue la solicitud de estancia o residencia cuando el solicitante haya sido condenado ejecutoriamente como reincidente, mientras que proponen que para la apreciación de una posible amenaza para el orden público o la seguridad ciudadana, la Administración recabará informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Por último, añaden un punto que recoge que los procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión o retorno iniciados por el resto de las causas previstas anteriormente no se suspenderán en ningún caso por una solicitud de estancia o residencia.
Las propuestas de Vox
En el caso de Vox, proponían la modificación del régimen de sustitución de penas por la expulsión aplicable a los ciudadanos extranjeros, aunque esta enmienda finalmente ha sido rechazada en la Comisión de Justicia y se volverá a debatir en el Pleno.
Lo que sí ha introducido ya en el dictamen es una enmienda que hace referencia a que en el plazo de seis meses contados desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno "suscribirá acuerdos multilaterales y bilaterales con otros Estados, y promoverá la aprobación de las normas apropiadas en el ámbito de la Unión Europea, al efecto de que la expulsión de delincuentes reincidentes del territorio español y su entrega a jurisdicciones extranjeras lleve consigo el cumplimiento en dichas jurisdicciones de las penas a las que les hayan condenado los tribunales españoles".
El 'petaqueo'
En su tramitación en el Congreso, PP, PNV y Junts acordaron una enmienda 'in voce' en la que se establece una pena de prisión de uno a cinco años a por el llamado 'petaqueo' que resta apoyo logístico a las narcolanchas al castigarse "la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos" contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.
El PP también ha incorporado una enmienda sobre este tema, además de otra para aumentar las plantillas de fiscales, aunque el PSOE ha introducido un cambio para incluir un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico para elevar las penas en aquellas defraudaciones que estén vinculadas a los delitos de cultivos 'indoor' de marihuana, donde frecuentemente se comete el fraude de suministro eléctrico.
Por su parte, Coalición Canaria (CC) había registrado una enmienda aprovechando la tramitación de esta ley para otorgarle más competencias al Cuerpo de Policía Canaria, aunque finalmente se ha rechazado por parte de la Mesa del Senado.
Con todas estas modificaciones, la ley de multirreincidencia impulsada por Junts sigue su tramitación en el Senado y ahora pasará al Pleno de la Cámara Alta para que se pronuncie sobre las enmiendas que se han rechazado en la Comisión.
Al haberse introducido ya algunos cambios en la tramitación en el Senado, esta norma deberá volver al Congreso de los Diputados para validar o rechazar las enmiendas que han sido introducidas en la Cámara Alta.