La diputada del PP Edurne Uriarte, en el Congreso de los Diputados. Europa Press
Política El PP logra controlar un comité mixto Congreso-Senado para vigilar la regularización masiva, que presidirá Edurne UriarteEl texto que acompaña a la creación del comité, en el que el PP y Vox tendrán mayoría, afirma que la fórmula de papeles para todos "desincentiva las vías legales y ordenadas de acceso" al país.
Más información: Bruselas insiste en que España deberá hacerse cargo de los inmigrantes regularizados que traten de desplazarse por la UE
Rubén Fernández Publicada 1 abril 2026 02:45hLas claves nuevo Generado con IA
El PP ha conseguido, gracias a los votos de Vox y a la ausencia de los diputados de Junts y PNV, que la Comisión Mixta del Congreso y el Senado de Seguridad Nacional cree un comité para analizar las consecuencias del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en el marco "de la seguridad nacional".
Este comité estará presidido por la diputada del PP Edurne Uriarte, junto con diputados y senadores de todos los partidos, pero, al tratarse de un voto ponderado en función de la representación en ambas cámaras, el PP y Vox tendrán mayoría.
Ese comité ("ponencia" en el lenguaje parlamentario) se encargará de elaborar un informe sobre la regularización masiva aprobada por el Gobierno para el que podrán recabar "la información y documentación que precisen de las Administraciones públicas".
También tendrá la facultad de reclamar comparecencias de autoridades, funcionarios públicos "y cuantas personas y organizaciones resulten competentes en la materia".
La ponencia deberá concluir sus trabajos en el actual periodo de sesiones, es decir, antes de julio, y su informe definitivo será elevado a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, donde se votará.
Esto implica que los trabajos de la ponencia comenzarán en breve y coincidirán en el tiempo con el plazo de la regularización extraordinaria, que irá desde principios de abril hasta el 30 de junio.
De hecho, a pocos días del arranque —hoy ya es 1 de abril— el Gobierno sigue sin concretar una fecha para comenzar el proceso de regularización, mientras la oposición le acusa de improvisar.
Sánchez regularizará a más de medio millón de inmigrantes y lo hará por Real Decreto para sortear al CongresoEste martes, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se limitaba a asegurar que el Gobierno está "en el calendario previsto", sin aclarar más.
El texto aprobado por PP y Vox critica que el Gobierno haya impulsado el proceso de regularización "sin una evaluación real del impacto sobre la sanidad, la educación, la vivienda o los servicios sociales".
Asegura también que esta fórmula de papeles para todos "desincentiva las vías legales y ordenadas de acceso" al país.
De ahí que recuerden que "esta regularización masiva es contraria a los principios del Pacto Europeo de Migración y Asilo, basados en el control eficaz de frontera, la responsabilidad compartida y el cumplimiento de las órdenes". Algo que ha irritado a varios socios europeos que temen "un efecto llamada".
La última polémica se ha vivido esta misma semana al ver cómo el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, aclaró que la regularización no implica libertad de movimiento entre países miembros y que, si salen, serán devueltos a España.
Unas declaraciones que Moncloa ha asumido, ya que este martes Elma Saiz se limitaba a aclarar que "la regularización afecta a la decisión de trabajar en España", cerrando la puerta a cualquier libre circulación por la UE.
Informes de Seguridad
Un ejemplo de la documentación que podrá recabar la ponencia figura en la exposición de motivos del texto aprobado este martes. En ella se cita un análisis de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) de la Policía Nacional.
El informe estima en casi 1,3 millones de extranjeros los posibles beneficiarios de la regularización, lejos del medio millón que auguró el Gobierno. El análisis justifica ese incremento en posibles "reagrupaciones familiares".
También advierte de que la medida "puede facilitar la entrada y posterior regularización de personas vinculadas a actividades criminales o potencial terroristas".
Eso se debe "a la laxitud de los requisitos exigidos y a la dificultad material para verificar antecedentes penales o policiales".
También se cita el último Informe Anual de Seguridad Nacional, correspondiente a 2024, que afirma que la actividad de las redes de inmigración irregular puede "coexistir con la financiación" para "otras actividades delictivas" y que expone a España "a varios riesgos".
Entre ellos, menciona que terceros Estados "instrumentalicen los flujos migratorios en un contexto de tensión geoestratégica".
También que "constituyan una posible herramienta de desestabilización de las instituciones", que "la situación de vulnerabilidad de los migrantes irregulares sea explotada en procesos de radicalización" o que "la inmigración irregular pueda ser utilizada para la penetración de elementos terroristas".