El escrito atribuye a Clara y Alba Rodríguez 247.191 y 199.904 euros en sus cuentas personales y reclama investigarlas por blanqueo, falsedad y organización criminal
Regala esta noticia Añádenos en Google Una de las hijas de Zapatero abandona la sede de su empresa tras el registro de la UDEF. (Fernando Villa/EFE) 08/06/2026 Actualizado a las 13:44h.El PP, que encabeza las acusaciones populares en el caso Plus Ultra, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que impute ... a las dos hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su papel en Whathefav, la sociedad que la investigación sitúa como una de las receptoras de fondos del entramado vinculado al rescate público de la aerolínea. Los populares igualmente instan al instructor a citar como investigados a José Luis Ábalos y Koldo García, ya que, según el sumario, también fueron 'tocados' por la trama como 'primera vía' para conseguir el desembolso de 53 millones de euros.
La acusación sostiene que ambas recibieron en sus cuentas personales cantidades relevantes procedentes del circuito investigado. En concreto, atribuye a Laura Rodríguez Espinosa 247.191 euros y a Alba Rodríguez Espinosa 199.904 euros. Añade que José Luis Rodríguez Zapatero figuraba como autorizado en esas cuentas personales y recuerda que el propio expresidente, en su comparecencia parlamentaria del 2 de marzo de 2026, reconoció que la incorporación de sus hijas al circuito de Análisis Relevante a través de Whathefav «fue parte del acuerdo» con Julio Martínez Martínez, el supuesto testaferro del exmandatario.
La acusación sostiene que Whathefav fue un «centro de redistribución de flujos económicos»
Sobre esa base, la acusación popular pide que las dos hijas de Zapatero sean investigadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y participación en organización criminal.
El escrito no se limita a las hijas del expresidente. La Acusación Popular Unificada también solicita la imputación del exministro José Luis Ábalos, al que sitúa como destinatario de la llamada «vía Ábalos», paralela a la «vía Zapatero», para ejercer influencias en favor de Plus Ultra. Según la acusación, las comunicaciones intervenidas evidencian que la cúpula de la aerolínea organizó desde marzo de 2020 una estrategia para llegar al entonces ministro de Transportes: «Necesitamos llegar a Ábalos» y «a su mano derecha».
En esa línea, reclama igualmente la imputación de Koldo García Izaguirre, exasesor de Ábalos, al que identifica como pieza de la «vía Ábalos» y como canal de gestiones ante el Ministerio de Transportes. El escrito sostiene que Koldo comunicaba actuaciones relacionadas con Zapatero, entre ellas el mensaje del 7 de septiembre de 2020: «Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo».
La acusación pide además investigar a José Ángel Partearroyo Martín, director de Participadas IV de la SEPI, por las comunicaciones mantenidas con directivos de Plus Ultra antes de la aprobación del rescate por el Consejo de Ministros. El escrito cita un mensaje del 2 de marzo de 2021 en el que se trasladaba: «Todo ok ya aprobado condicionado a vuestro ok a los contratos y al consejo de ministros (...) Nada de prensa hasta el consejo de ministros por favor». Para la acusación, ese intercambio acreditaría el suministro de información reservada del procedimiento administrativo.
Entre las nuevas imputaciones solicitadas figuran también Ramón Gordils Montes, al que se atribuye la primera aproximación de Plus Ultra al entorno de Zapatero; Raif El Arigie, interlocutor de Rodolfo Reyes en la conversación del 22 de julio de 2020 sobre «nuestro pana zapatero detrás»; y Federico Lledó Soria, por su relación con una factura de AFITTA por 213.202 euros que la UDEF habría identificado como justificación documental de un flujo de fondos.
La acusación popular pide asimismo llamar como investigados a administradores de varias sociedades consideradas instrumentales. Entre ellos, Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, administradores de Inteligencia Prospectiva; Carlos Alberto Parra Delgado y Óscar Fernández García, de Softgestor; Tomás Guerrero Blanco, asesor para la constitución de Landside Middle East en Dubái; y Daniel Romero-Abreu Kaup, administrador de Thinking Heads Group y fundador de Gate Center.
El PP quiere que se imputa a Ábalos y a Koldo porque en el sumario aparece que ambos fueron la 'primera vía' para la trama antes de recurrir a Zapatero
Junto a las imputaciones, el escrito reclama nuevas diligencias testificales, periciales y documentales. Entre ellas, la declaración como testigo de Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes, por una reunión celebrada el 22 de julio de 2020 con directivos de Plus Ultra, justo después de aprobarse el funcionamiento del fondo de rescate. Según la acusación, los investigados dejaron constancia escrita de que fueron recibidos «por altas recomendaciones» y de que «el papel del ministerio será únicamente hablar bien de la compañía».
La acusación solicita además que se requiera a la SEPI información ampliada sobre el seguimiento del rescate, los controles aplicados, el calendario de reembolso, el estado actual de devolución de la ayuda y las políticas de conservación documental. En paralelo, pide oficios a la Policía Nacional sobre los viajes internacionales de Zapatero y de sus hijas desde 2017, con especial desglose de los viajes a Venezuela; a Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Transportes sobre registros de visitas; y a Exteriores sobre informes de la Embajada de España en Caracas relativos a Plus Ultra, sus accionistas venezolanos o la actividad de Zapatero en Venezuela.
La decisión queda ahora en manos de Calama. La petición de la acusación popular no supone la imputación automática de las hijas de Zapatero ni del resto de personas señaladas, pero abre un nuevo frente en la causa al reclamar que la investigación alcance a las beneficiarias de Whathefav, la sociedad que el escrito sitúa en el tramo final de la redistribución de fondos.
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