El Partido Popular ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional solicitando "la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal" en la causa que investiga las cloacas de Ferraz. Así lo han revelado este martes fuentes de Génova.
Se trata del primer movimiento judicial de la precampaña por parte del principal partido de la oposición, después de que Pedro Sánchezconvocase elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre. Frente a las informaciones que apuntan a que la convocatoria podría frenar las acciones judiciales en torno al PSOE y a Sánchez, el PP se propone acelerarlas.
Además, horas después, en la tarde de este martes, los populares han anunciado un recurso ante la Junta Electoral Central (JEC) por la rueda de prensa de Pedro Sánchez de hoy, "utilizando el Palacio de la Moncloa para hacer un mitin de partido y en el primer día de precampaña". "No vamos a dejarles pasar ni una", aseguran en Génova.
La Ley Electoral es tajante, en su artículo 50.2, a la hora de prohibir el uso de los espacios del poder para hacer campaña: "Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".
Sánchez fue el primer presidente condenado por la JEC a pagar una multa por vulnerar la Ley Electoral. En 2021, el líder del PSOE abonó 2.420 euros al PP tras haber perdido su recurso contra la sanción que le impuso la Junta Electoral. El caso partía de una denuncia similar de los populares por hacer campaña electoral en 2019 desde La Moncloa.
Para el PP, en sus declaraciones, "Pedro Sánchez ha utilizado la sede de la Presidencia del Gobierno para exponer supuestos logros de su Gobierno, descalificar a la oposición y dirigir mensajes propios de campaña electoral a los ciudadanos, incluyendo la petición de una mayoría parlamentaria más amplia".
De esta forma, la formación pide abrir un expediente sancionador a Sánchez, además de retirar el vídeo de la web oficial de la Moncloa y de instar a la totalidad del Gobierno que se abstengan de realizar manifestaciones de esta índole en periodo preelectoral. "Hoy ha batido su propio récord y no ha tardado ni un solo día en vulnerar la Ley Electoral, utilizando la Moncloa para su campaña electoral el mismo día que sale publicado el decreto de disolución de las Cortes Generales".
En el escrito de petición de imputación, enviado al instructor de esta causa, el magistrado Santiago Pedraz, el PP denuncia, como acusación popular, el "amplio catálogo de actuaciones delictivas" que a su juicio puso en marcha por la dirección del Partido Socialista después de los cinco días de reflexión de Sánchez, con el objetivo de "proteger los intereses del Gobierno y del PSOE" frente a investigaciones judiciales en marcha.
Todo ello bajo una "organización criminal" liderada, presuntamente, por el entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y creada en la propia sede del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid. El PP asegura que Ferraz "puso todos los medios operativos y financieros del partido a disposición de la organización criminal que lideraba" Santos Cerdán, quien también contaba con la "colaboración" de la imputada Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del PSOE.
El PP ha dado este paso el mismo día en que EL MUNDO ha publicado que el adelanto electoral provocará que la previsible imputación del PSOE como persona jurídica en el caso de las cloacas de Ferraz se retrase para no interferir en la cita de los ciudadanos con las urnas.
Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO indicaron que la Fiscalía Anticorrupción ve motivos suficientes para solicitar la imputación del partido tras la declaración que prestó su gerente, Ana María Fuentes, ante el magistrado Santiago Pedraz en la que descargó en Santos Cerdán la responsabilidad de los pagos a miembros de la presunta organización criminal, dedicada a boticotear causas judiciales y a extorsionar a jueces y fiscales. Las mismas fuentes añaden de manera categórica que, una vez practicadas estas declaraciones este otoño, en precampaña o campaña electoral no se va a pedir la investigación como persona jurídica de ningún partido político, en referencia al Partido Socialista.
Ahora, el principal partido de la oposición denuncia que "fue el propio PSOE quien financió los gastos operativos y logísticos de la organización criminal", por instrucción expresa de Santos Cerdán, quien ostentaba un poder "cuasi absoluto, sin contrapesos", según han reconocido incluso la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, o la gerente del partido en sede judicial.
En este sentido, el PP denuncia que "no es sólo que el PSOE promoviera esta organización, sino que se involucró directamente en la trama, poniendo de ejemplo los pagos efectuados a Leire Díez y a otras personas relacionadas, como Jacobo Teijelo o Ismael Oliver".
El PP también recuerda que el PSOE "financió, con fondos públicos, a Crónica Libre", que se convirtió en un "medio instrumental de la organización criminal" para retribuir a sus integrantes. "Los pagos se realizaron como gastos de campaña, autorizados por el entonces director de comunicación del partido, Ion Antolín. Todo valía para financiar a las cloacas, también a través de consultoras amigas como Zaño, dirigida por el ex dirigente socialista y también imputado, Gaspar Zarrías", prosiguen las fuentes del PP.
La causa de la financiación
Por otro lado, hay que recordar que la Audiencia Nacional ha reclamado al PSOE que aporte a la causa incoada por la presunta financiación irregular del partido las donaciones que recibió entre los años 2017 y 2024.
Asimismo, el magistrado Ismael Moreno, que investiga otra parte de la posible financiación irregular del PSOE, ha solicitado al Tribunal de Cuentas que le envíe las donaciones recibidas por el partido de Pedro Sánchez, que fueron fiscalizadas por este organismo.
El objetivo que persigue esta diligencia es poder cruzar datos sobre el denominado 'pitufeo' que investiga en secreto el juez Moreno como presunta vía de financiación opaca del partido del Gobierno.
Además, como adelantó este diario, la Audiencia investiga un contrato ficticio de 15 millones de euros vinculado a la supuesta financiación irregular del PSOE. El documento fue aportado por el empresario Víctor de Aldama en la pieza secreta en la que el juez Moreno rastrea las cuentas de la formación que lidera Sánchez.