Jorge Bellver, en una imagen de archivo. EFE / Biel Aliño
Valencia El PP valenciano abre expediente informativo al director general Jorge Bellver tras su imputaciónPérez Llorca inicia el proceso para la suspensión de militancia, que se decidirá si le abren juicio oral, a la espera de su dimisión.
Más información: La Audiencia de Valencia ratifica la imputación de Jorge Bellver en el 'caso Azud': no ve prescripción ni nulidad
Leer en CastellanoRosana Crespo Valencia Publicada 9 junio 2026 11:22h Actualizada 9 junio 2026 17:19hEl presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha iniciado el proceso para suspender de militancia al director general de Transparencia, Jorge Bellver, después de que la Audiencia Provincial haya confirmado su imputación en el caso Azud. Una manera de señalarle el camino de la dimisión a la espera de si toma él mismo la decisión.
El jefe del Consell, a preguntas de los medios este martes, ha indicado que ayer, al enterarse de la noticia, solicitó a su partido "lo que marcan los estatutos: que reuniera al Comité de Derechos y Garantías".
Lo "lógico", ha dicho, es que "se le suspenda de militancia del PP respetando la presunción de inocencia hasta que se confirmen si los hechos son así".
El comité se ha reunido en la mañana de este martes y ha decidido abrir a Bellver un expediente informativo. Se trata del mecanismo que marcan los estatutos y no hay ninguna medida cautelar más. Una eventual suspensión de militancia se abordará en caso de apertura de juicio oral.
Presuntos delitos
La Audiencia de Valencia, en su resolución sobre Bellver conocida este lunes, no ve prescripción de los presuntos delitos ni nulidad. Tampoco cree que el auto en el que lo citaba como investigado fuera nulo de pleno derecho. De manera que rechazó el sobreseimiento.
Considera que los pronunciamientos tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del juzgado de Instrucción número 13 recogen "de forma motivada" hechos y delitos "no sólo de prevaricación, sino de cohecho a funcionario público".
La Audiencia argumenta que el plazo de prescripción atiende al delito más grave, que en este caso es el de cohecho a funcionario público y que sería de 15 años. Éste contempla una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 12 años.
Además, señala que el auto de 1 de octubre de 2019 en el que se le tenía por imputado es "perfectamente válido yno merece ser declarado nulo de pleno derecho" como pedía Bellver.
Bellver recurrió
El actual director general de Transparencia, además de exconcejal en el Ayuntamiento con Rita Barberá y exdiputado autonómico, recurrió el pasado marzo varias resoluciones del juzgado a la vez: el auto de 2019 que le tenía por investigado, la citación en calidad de imputado del pasado octubre y la providencia contraria a que pudiera recurrir esta última decisión.
La investigación de Bellver se produjo por la denominada 'Operación colegios', una de las ramificaciones más importantes de la causa de Azud (centrada en comisiones a cambio de favores urbanísticos en el seno del Ayuntamiento de Valencia durante los gobiernos de Rita Barberá).
Esta subtrama apunta a que el consistorio aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil del empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados.
Fue a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio tenía con varias congregaciones religiosas.
El intercambio, de acuerdo con el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos al empresario por un valor mucho menor del que realmente tenían, de manera opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia.
En toda esta operación, la investigación apuntó desde sus inicios a la participación de Bellver, que en esa época era concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia.
Además, la UCO consideró que habría sido premiado por el empresario de la construcción Jaime Febrer, presunto cabecilla del caso, con relojes de lujo a cambio de favorecerle en sus intereses urbanísticos.
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