El precio de la vivienda también frena al Estado

Un tercio de los funcionarios rechaza plazas o ascensos por el coste del alquiler, que más que duplica el salario base de los trabajadores públicos de menor rango en algunas comunidades

Wendy Dávila

Alquilar una vivienda en España ya es un rompecabezas para todos. El alza de los precios sitúa el coste de las rentas en 1.211 ... euros de media al mes, según el Observatorio del Alquiler, un precio que ya está repercutiendo en la movilidad de los trabajadores y no sólo en los de la empresa privada, sino en los del Estado: aproximadamente un tercio de los funcionarios está rechazando plazas o ascensos que implican trasladarse a otra ciudad por el alto coste de arrendar una vivienda.

Por tanto, el coste de la vivienda frena ya al Estado y pone en peligro los servicios públicos en zonas tensionadas. Esto se debe a que, por ejemplo, alquilar una vivienda en la Comunidad de Madrid, Cataluña o las Islas Baleares -zonas con precios más elevados- supone de media entre 1.400 y 1.600 euros al mes, mientras que el salario base de un funcionario -sin contar complemento de destino, trienios o pagas extras- va desde los 686 euros para los trabajadores públicos de menor rango (grupo E) a los 1.387 para los de mayor rango (grupo A).

Con estas cifras, hacer frente a una renta de alquiler para un trabajador público del grupo E en una autonomía con alquileres más elevados supondría desembolsar 2,5 veces su salario base y, en el caso, de un profesional de la categoría A, implicaría dejarse íntegramente su salario y todavía tendría que pagar hasta 200 euros más para poder tener un techo.

Es cierto que el salario base no es lo que un funcionario recibe en su nómina todo los meses, ya que se ve incrementado por los trienios, pagas extraordinarias y complementos, entre otros. Con ello, un alto funcionario tiene de media un salario base anual de 33.000 euros y uno de la categoría C1 -donde la mayor parte de los trabajadores públicos está encuadrada- de 27.000 euros al año, según MasterD. Pese a ello, son cifras que hacen complicada la movilidad laboral y amenazan con mermar la calidad de los servicios públicos en zonas masificadas y con precios del alquiler disparados, como Ibiza o Mallorca.

Precisamente Baleares es una de las comunidades donde el Gobierno y los sindicatos alcanzaron un compromiso para revisar y mejorar en el plazo de seis meses las cuantías de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal destinado en el territorio. Esas indemnizaciones son una compensación económica que percibe el personal destinado en determinados territorios donde el coste o las condiciones de residencia son especiales, principalmente las Islas Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla.

11.200

trabajadores públicos

se beneficiaran del incremento del plus de insularidad en Baleares

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