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Juanma Moreno, este lunes en un acto en Almería. Marian León / Europa Press Política andaluza El presidente andaluz confía en la máxima participación y en que se vote por la estabilidadMoreno quiere llegar al verano con un gobierno «a pleno rendimiento para seguir avanzando por la senda del crecimiento»
Sevilla
Lunes, 23 de marzo 2026, 21:38 | Actualizado 22:05h.
... cifra hasta entonces impensable: 58 diputados. Con una Cámara compuesta por 105 escaños, la mayoría absoluta se sitúa en los 55. Aquella victoria otorgó a Moreno una tranquilidad legislativa que ahora, con la mirada puesta en el 17 de mayo, aspira a revalidar para no quedar a merced de las turbulencias externas.Por eso, insistió en su deseo de que Andalucía afronte el verano con un gobierno «a pleno rendimiento para seguir avanzando por la senda del crecimiento».
Hizo referencia a las recientes «situaciones desgraciadas» como la de Adamuz o el tren de borrascas en las que, en su opinión, los andaluces dieron un ejemplo colectivo de coraje, valor y serenidad ante toda España. «Estoy convencido de que ese instinto colectivo dará como resultado la mejor elección posible el 17 de mayo», dijo antes de mostrar su confianza en que la decisión de decantarse por esa fecha «facilite la mayor participación y permita a las andaluzas y los andaluces hablar con máxima claridad y normalidad».
En el PP andaluz han observado con preocupación los procesos electorales recientes en Extremadura, Aragón y Castilla y León. En todos estos territorios el Partido Popular resultó ganador, pero la ausencia de mayorías absolutas ha derivado en escenarios de bloqueo e inestabilidad. Las negociaciones entre el PP y Vox no han dado aún sus frutos.
En el PP consideran que la formación de Santiago Abascal, que atraviesa graves problemas internos, está bloqueando la formación de gobiernos en aquellas comunidades donde su apoyo es indispensable. Moreno no ha ocultado su temor a que Andalucía caiga en una parálisis similar y no ha dudado en utilizar esa situación como baza electoral.
Su discurso en las próximas semanas será nítido: solicitar una mayoría suficiente que permita gobernar con estabilidad, blindando a la comunidad del ruido y las exigencias de una formación que viene en ascenso y que se presenta como la principal amenaza para la hegemonía del PP andaluz.
Puente, lastre para el PSOE
Si algo ha reforzado la figura de Juanma Moreno en las últimas semanas ha sido su gestión ante las adversidades climáticas y ferroviarias. El trágico accidente ferroviario de Adamuz fue un punto de inflexión donde la Junta exhibió un marcado perfil institucional, transmitiendo una imagen de serenidad y eficacia con la que el PP ha conseguido en gran medida dejar en un segundo plano el desgaste producido por la crisis de los cribados y los problemas que aún sigue presentando la sanidad. A esto se suma la gestión de las borrascas de finales de enero y principios de marzo, que han terminado de apuntalar el perfil de gestor del presidente, que se consolida como principal activo de su partido.
Frente a esta solidez institucional, el PSOE de Andalucía atraviesa horas bajas. Con María Jesús Montero como candidata, los socialistas parecen no encontrar el suelo de su caída. Las encuestas los sitúan en retroceso, sin que nadie vaticine una mejora de sus actuales 30 escaños. La marca socialista sufre, además, el desgaste de la gestión del Gobierno central, personificado estos días en la figura del ministro de Transporte, Óscar Puente.
Málaga, batalla clave por la mayoría
La polémica protagonizada por Puente con los medios y sectores sociales de Málaga ha caído como un jarro de agua fría en las filas socialistas. El aislamiento ferroviario que sufre la provincia desde hace más de dos meses, sin una fecha clara de restablecimiento del servicio, ha encendido los ánimos en la Costa del Sol y la capital malagueña.
En una provincia que se antoja decisiva para que el PP alcance o no la mayoría absoluta, el malestar ciudadano hacia el Ministerio de Transporte debilita enormemente las opciones del PSOE y allana el camino a los populares en el que es uno de sus principales caladeros de votos. El 17 de mayo se presenta, por tanto, como un plebiscito sobre la estabilidad andaluza frente a las incertidumbres de los pactos y el abandono percibido desde Madrid.
Con la firma de la disolución, Andalucía entra oficialmente en campaña. El objetivo de Moreno es claro: evitar el destino de Castilla y León o Extremadura y lograr que el Sur siga siendo el pulmón de un PP que necesita demostrar que puede gobernar en solitario.
Restricciones al Gobierno
Desde el momento en el que el decreto de convocatoria de elecciones aparece publicado en el BOJA, comienza oficialmente el periodo electoral. Durante todo este tiempo y hasta la celebración de las elecciones entran en vigor restricciones cuyo objetivo es garantizar la neutralidad de las instituciones durante todo el proceso.
Así, quedan prohibidos los actos de inauguración de obras, servicios públicos o proyectos, independientemente de la denominación que se utilice (visita de obra, puesta en servicio, etc.). Las infraestructuras sí pueden entrar en funcionamiento, pero sin celebraciones oficiales.
También queda limitada la publicidad institucional que pongan de relieve logros o realizaciones de la legislatura.
Sólo se autorizan campañas informativas imprescindibles para el interés público o aquellas destinadas exclusivamente a informar sobre la fecha de votación, cómo votar y el procedimiento del voto por correo. Asimismo, cualquier acto organizado o financiado por poderes públicos no puede contener alusiones a logros ni utilizar imágenes o expresiones similares a las que usen los partidos en sus campañas.
Una vez disuelto el Parlamento, el Gobierno andaluz continúa operando pero con facultades limitadas para no condicionar al siguiente ejecutivo. Así, no debe aprobar planes estratégicos nuevos ni adoptar decisiones de gran calado político que no sean de extrema urgencia.
Al estar disuelto el Parlamento, se constituye la Diputación Permanente, órgano encargado de velar por los poderes de la Cámara hasta la constitución del nuevo.
También, hasta que no comience la campaña electoral oficial (los 15 días previos a la votación), los partidos políticos tienen prohibido contratar publicidad en espacios públicos, vallas o medios de comunicación para pedir el voto. Las infracciones a estas normas pueden acarrear sanciones económicas impuestas por la Junta Electoral que oscilan entre los 500 y los 20.000 euros.
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