Salvador Domínguez, presidente del Consejo General de la Abogacía, junto a la decana de Barcelona Cristina Vallejo; la secretaria general, Encarna Orduna, y Marga Cerro, vicesecretaria general. CGA
Tribunales El presidente de la Abogacía pide que Bolaños intervenga en el conflicto con la CNMC sobre los criterios de fijación de costasSalvador González afirma que el derecho de acceso a la Justicia está "gravemente comprometido" porque "los ciudadanos deben poder tomar decisiones sabiendo el coste aproximado del litigio".
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María Peral Publicada 16 diciembre 2025 20:58hLas claves nuevo Generado con IA
El presidente de la Abogacía solicita la intervención del Ministerio de Justicia en el conflicto con la CNMC sobre los criterios para fijar las costas judiciales.
La CNMC ha multado a varios colegios de abogados por elaborar baremos de honorarios, alegando que son recomendaciones de precios prohibidas por la ley de competencia.
La Abogacía defiende que la nueva Ley del Derecho de Defensa exige informar a los ciudadanos sobre los costes y riesgos económicos de los procesos judiciales.
El Consejo General de la Abogacía ha aprobado presupuestos para 2026, priorizando formación digital y mejoras en la asistencia jurídica gratuita.
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, ha pedido este martes la intervención del Ministerio de Justicia, que dirige Félix Bolaños, para "salir del impase" en el que se encuentra el conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fijación de unos criterios orientativos para determinar la cuantía aproximada de las costas de los procesos judiciales.
Después de un año de conversaciones con la CNMC no hay una solución para una cuestión que "compromete gravemente la tutela judicial efectiva, en cuanto al acceso a los tribunales, y el ejercicio del derecho de defensa", ha manifestado González en un encuentro con los medios de comunicación.
La CNMC ha multado a varios Colegios de la Abogacía (Barcelona, Valencia, Sevilla y Vizcaya, entre otros) por hacer recomendaciones de precios mediante la elaboración de baremos de honorarios.
La controversia surge de que, aunque la ley de colegios profesionales consagra la libertad de precios y prohíbe las prácticas de fijación colectiva (listados de honorarios), la Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa, establece el derecho de los ciudadanos a ser informados de los costos generales del proceso y del procedimiento para la fijación de los honorarios profesionales, así como de las consecuencias de una eventual condena en costas.
"Con la CNMC no hemos llegado a ningún entendimiento porque considera que con esa ley no ha cambiado nada, cuando ha cambiado todo", explicó el presidente de la Abogacía.
"Necesitamos la intervención del Ministerio para que, si no puede ser de otra forma, se articule una norma complementaria. Lo que no puede ser es que se pongan estas barreras a los ciudadanos para el acceso a la justicia. La ciudadanía tiene ahora derecho a ser informada del importe de una eventual condena en costas y los Colegios están obligados a proporcionarle las herramientas para conocerlo", ha dicho.
Para González, el problema es que la CNMC insiste “en tratar esta cuestión como un tema de competencia y libre mercado, cuando lo que ha hecho la ley del Derecho de Defensa es otorgar a los ciudadanos el derecho a saber cuál es el riesgo económico de emprender acciones legales”.
En esta misma idea insistió la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, para quien “esta situación causa una gran inseguridad jurídica porque no podemos informar al ciudadano, al consumidor bancario o al afectado por la cláusula IRPH de algo tan esencial como las consecuencias económicas de una eventual condena en costas".
"Esa información es vital para poder tomar la decisión que corresponde y, sin ella, mucha gente puede desistir de iniciar un procedimiento para defender sus derechos ”, afirmó Vallejo.
Salvador González también se ha referido a la aprobación en el pleno del CGA del pasado viernes de los presupuestos para 2026 con un 96% de los votos.
Formación y digitalización
Estos presupuestos marcan dos líneas de actuación: la formación y la digitalización de la profesión, con la mejora del acceso a los servicios tecnológicos por parte de los colegios y los colegiados, explicó González.
En este sentido, se refirió al Programa Upro de Formación en Competencias Digitales, financiado con 200 millones de fondos europeos para formar a decenas de miles de profesionales.
“Ya son más de 17.000 los abogados inscritos, y la cifra sigue subiendo, con lo que se impulsará la digitalización y la competitividad de la profesión. Una oportunidad histórica para la modernización del sector”, aseguró.
Entre las prioridades para el próximo año se refirió al problema de los mutualistas y la pasarela al RETA. "Es un tema de la máxima urgencia que requiere altura de miras por parte de todos los partidos para alcanzar una solución consensuada”, afirmó.
También expresó su confianza en que “lo antes posible” se tengan noticias sobre la esperada Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y las mejoras en las condiciones de la asistencia jurídica gratuita.
E hizo hincapié en la actualización de la cuantía de los baremos y la creación de un nuevo baremo para remunerar los MASCs. “Los responsables de Justicia han tomado conciencia de la trascendencia de este servicio y han adquirido una serie de compromisos que nos van a permitir seguir avanzando”, aseguró.