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El presidente polaco, Karol Nawrocki. Reuters El presidente polaco veta la reforma judicial de su primer ministroEl ultraderechista Nawrocki se opone a uno de los planes estrella de Tusk, que pretendía «restaurar la independencia» de la Justicia en el país
Berlín
Viernes, 20 de febrero 2026, 19:25 | Actualizado 19:54h.
... a la política interna la lucha se recrudece. El presidente, el ultraderechista Karol Nawrocki, ha anunciado su bloqueo a un proyecto central de la legislatura del primer ministro, el liberal Donald Tusk: la reforma del Consejo Nacional del Poder Judicial (KRS), con la que pretendía «restaurar su independencia». La ley es «claramente inconstitucional» y podría ser «utilizada para excluir jueces a los que el Gobierno actual teme», ha justificado. El líder ultra alega que «introduce la segregación de los magistrados y pone el sistema judicial en manos de un grupo de interés político».El nacionalista Nawrocki gana las elecciones presidenciales de Polonia, según resultados oficiales
Tusk remodela el Gobierno polaco antes de la batalla con el nuevo presidente ultranacionalista
Fue el partido nacional-conservador Ley y Justicia (PiS), que estuvo en el poder hasta 2023 y apoyó la candidatura de Nawrocki, el que reformó el KRS para que los jueces no fueran nombrados predominantemente por sus colegas de carrera, sino elegidos por el Parlamento. Los cambios habían provocado tensiones con la UE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que habían denunciado que la independencia judicial se veía afectada. El veto del presidente amenaza ahora de muerte la principal promesa electoral de Tusk e intenta desviar la reforma hacia su propia propuesta.
«En relación con la progresiva desintegración del sistema judicial, presento mi propio proyecto de ley», ha dicho. Sin desvelar los detalles, ha adelantado que se basa en tres principios: la imparcialidad de los jueces, la irrefutabilidad de las sentencias y la confirmación del estatus de los magistrados debidamente nombrados, con el objetivo de «lograr estabilidad y acortar el tiempo del proceso». También ha dejado claro que, «si el Gobierno no está preparado para el diálogo», acudirá a «la nación con una petición de referéndum sobre la restauración de la normalidad en el funcionamiento de los tribunales». En Polonia, un veto del presidente solo puede ser anulado por una mayoría de más del 60% de los votos en el Parlamento y el Ejecutivo de Tusk no cuenta con tal mayoría.
Una nueva Constitución
En su discurso inaugural en agosto de 2025, Nawrocki criticó duramente al poder judicial e insistió en que «los jueces no son dioses, deben servir a los ciudadanos». Entonces advirtió que no promovería a magistrados «que socaven el sistema legal polaco». El seguidor declarado de Donald Trump y euroescéptico acérrimo pidió además una Carta Magna completamente nueva para 2030, que debería surgir de una «discusión nacional y honesta». Ahora, en una grabación publicada en la plataforma X, el mandatario ha explicado que, «como presidente de la República de Polonia, tengo el deber de defender la Constitución y velar por los intereses de los ciudadanos. La Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial no cumple este objetivo, e incluso lo contradice». «Los delincuentes comunes se beneficiarían de este lío (...) por eso he decidido vetarlo: significaría incertidumbre para millones de casos y un golpe para la seguridad de los polacos», ha agregado.
El primer ministro acusa a Nawrocki de promover el veto «ciegamente para hacer daño» y considera que «este no es el presidente de los asuntos polacos»
Bruselas albergaba la esperanza de que los jueces nombrados por el nuevo procedimiento fueran más afines a las instituciones y los tribunales europeos, pero Nawrocki acusa a la ley de, bajo el lema de «restaurar el Estado de Derecho, introducir en realidad una nueva etapa de caos y abrir el camino a la influencia política sobre los jueces», que en su opinión quedarían «en manos de un grupo de interés político». El líder polaco considera además que una de las disposiciones previstas en la normativa permitiría «revocar sus sentencias» y ha recordado a los autores del texto que «el nombramiento de jueces es prerrogativa constitucional y exclusiva del presidente. No está sujeto a verificación por parte del Gobierno ni del ministro».
Este veto se presenta «ciegamente para hacer daño», ha sido la reacción de Tusk, que ha respondido que «este no es el presidente de los asuntos polacos». El bloqueo paraliza la resolución aprobada por el Sejm el 23 de enero y cinco días después por el Senado sin enmiendas. Según los supuestos principales del reglamento, 15 magistrados miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial serían designados en elecciones directas y secretas organizadas por la Comisión Estatal Electoral por todos los jueces, y no, como antes, por el Sejm. Según el Ministerio de Justicia, el objetivo es privar a los políticos de su influencia en el Consejo y entregarla a la comunidad judicial, que es restaurar su independencia.
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