La investigación judicial de la dana de 2024 que dejó 230 muertos en Valencia sigue girando en torno a la hora del envío del ES-Alert. La alerta a la población se lanzó a las 20.11 horas, cuando ya había gente ahogada y los pueblos de la llamada zona cero estaban inundados. Averiguar por qué la Generalitat tardó tanto en enviarlo sigue siendo el principal objetivo de la jueza que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra. De ahí que resulte clave el testimonio del funcionario de mayor rango que aquel 29 de octubre de 2024 estaba al frente de la emergencia.
Se trata de Jorge Suárez, subdirector de Emergencias de la Generalitat, que en su declaración en el juzgado de Catarroja desveló un detalle que condicionó el debate sobre el ES-Alert. Los dos imputados en la causa, la ex consejera Salomé Pradas y su ex número dosEmilio Argüeso, han apuntado al debate entre los técnicos -incluido Suárez- como uno de los motivos del retraso de la alerta. Suárez, sin embargo, explicó a la jueza que Pradas consideró que el primer mensaje que se barajó en el Cecopi era demasiado "agresivo".
Así se desprende de la transcripción de su declaración notificada a las partes, en la que dijo: "A Pradas y Basset les pareció agresivo el primer texto, pero no por un tema legal, sino por términos como inmediatez". Según Suárez, que también se refirió a José Miguel Basset, el director operativo de la emergencia en tanto que jefe de los bomberos, expresiones como "huyan inmediatamente" preocupaban y no gustaban.
"Si ven la secuencia de los diferentes borradores de mensajes, se ve cómo se ha ido moderando el mensaje", añadió Suárez. "Es todo muy 'se ruega', 'se solicita', y se ha quitado cualquier verbo imperativo desde los primeros borradores hasta la versión definitiva".
Suárez se refirió también al debate sobre un hipotético confinamiento que se puso sobre la mesa. La entonces consejera planteó dudas legales al respecto y, de hecho, se trasladó la consulta a la Abogacía de la Generalitat y el jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, pidió a Pradas no decretar esa medida.
"El personal técnico estuvo diciendo que una evacuación no la veían viable y la consideraban un riesgo", explicó Suárez. "Entonces se pusieron medidas encima de la mesa como el confinamiento", con lo que "evidentemente surgió una duda legal". Aunque acabó descartándose, la Abogacía avaló verbalmente el confinamiento.
Además, el subdirector de Emergencias ha derivado la responsabilidad a Pradas, cuya principal línea de defensa sostiene que actuó conforme a lo que le dijeron y transmitieron los técnicos. Sin embargo, Suárez señaló a la jueza -que sitúa a Pradas al mando de la gestión- que "los directores del plan toman las decisiones en base a cualquier información que reciban, sea de los elementos técnicos o no".
Es más, aseguró que él mismo había participado en otras emergencias en las que el responsable del plan -es decir, el cargo político- había actuado siguiendo un criterio distinto al de los técnicos. "No hay ninguna norma en el plan que diga que tengan que tomar decisiones en base a lo que los técnicos le digan. Pueden tomar decisiones en contra de lo que diga el consejo técnico", señaló.
En lo que coincidió Suárez con Pradas fue en la falta de información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El organismo que preside Miguel Polo ha sido señalado por no advertir del desbordamiento del barranco del Poyo y, de hecho, Suárez afirmó que no hizo ninguna "interpretación de impacto de los datos". "Llega un aviso de una cantidad [de caudal] sin ningún análisis, junto con cientos de correos". "En el Cecopi estaba la autoridad que tenía que dar ese análisis, con formación en sistemas hidráulicos", señaló en referencia a Polo.
Además, Suárez desveló que el entonces presidente de la Generalitat le preguntó en el Cecopi "su opinión técnica" sobre el número de fallecidos. La respuesta del subdirector de Emergencias fue "una estimación en torno a 200-300 personas". "Pero esa noche, cuando salió a las 20.30 horas sabía que estaban ante un desastre", añadió.