Nueva demostración de las incongruencias que provoca en el PSC la subordinación a ERC, la fuerza política que ha permitido la aprobación de los únicos Presupuestos de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y que, por tanto, le ha garantizado completar la legislatura.
Los socialistas catalanes respaldaron el martes una declaración institucional elaborada por ERC que muestra un apoyo explícito a la «autodeterminación de Cataluña» como nación independiente y desgajada del resto de España.
Ocurrió en el Ayuntamiento barcelonés de Mataró, que Gobierna el PSC en coalición con los comunes. Los 11 ediles socialistas respaldaron en la Junta de Portavoces la resolución ideada por el partido de Oriol Junqueras por la que se «reafirma que la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado requiere, más allá de la amnistía (que es el resultado del fenómeno), el reconocimiento del derecho a la autodeterminación para dejar en manos de la soberanía popular escoger su destino político de forma democrática». Los 11 votos de los concejales del PSC resultaron determinantes para la aprobación de la declaración institucional de sesgo secesionista, que también suscribieron los comunes y la CUP, y a la que sólo se opusieron el PP y Vox.
La resolución fue publicitada por el propio Ayuntamiento y por ERC, indicando el respaldo nítido del PSC a la misma. Y, horas después, al comprobar el revuelo que empezaba a generar el haberse plegado a la narrativa de los republicanos, los socialistas comparecieron para sostener que se trataba de un «error» y asegurar que, en realidad, el partido «no está de acuerdo con la autodeterminación».
Al frente de los 11 regidores socialistas que secundaron el reconocimiento a la autodeterminación de Cataluña figura el propio alcalde de Mataró, David Bote, que no ostenta únicamente esta responsabilidad. Bote es también presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), con lo que desempeña un cargo supramunicipal en representación de localidades catalanas de todo signo político. Además, forma parte de la dirección ejecutiva del PSC, de la que es secretario nacional.
Los socialistas también se comprometieron a remitir la declaración institucional al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional (TC) y a las «instituciones pertinentes de la Unión Europea». Es decir, a velar por que su aprobación no quedara reducida a la condición de anécdota, promoviendo que el Ayuntamiento de Mataró diera oportuna publicidad a un texto que se deshace en elogios a la Ley de Amnistía y urge a su inmediata y completa aplicación. Ese desenlace permitiría suprimir la inhabilitación para el ejercicio de cargo público de Junqueras y le habilitaría para convertirse, como desea, en el próximo candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat.
Defiende la declaración institucional: «La amnistía y su aplicación íntegra son un paso imprescindible para acercarnos a la resolución del conflicto político entre Cataluña y España. Pero no son su culminación. [...] Más allá de poner fin a la represión, hay que dotar de garantías de equidad al proceso negociador, que tiene que abordar el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Para dejar en manos de la política lo que ocupa a esta disciplina: la resolución de los problemas políticos».
«Lo ocurrido es la constatación que el PSC es un partido sin valores. La sumisión del PSC al separatismo es total, con tal de seguir en el poder. Es la última traición a los ciudadanos de un partido que sólo tiene como objetivo mantener el sillón a toda costa, vendiendo lo que haga falta», valora el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mataró, Cristian Escribano.
Este apoyo a la autodeterminación y posterior rectificación se producen a poco más de una semana de la Diada, en la que las formaciones independentistas intentarán defender, pese a sus hondas diferencias, la necesidad de culminar la separación de Cataluña del resto de España en un horizonte indeterminado. Un 11 de septiembre en el que el PSC tratará de realizar equilibrismos ideológicos, como prueba lo ocurrido en el Ayuntamiento de Mataró, y volverá a sostener públicamente la existencia de una nación catalana mientras que, en una pionera decisión muy criticada por el separatismo, trasladará parte de los fastos de la Diada a Extremadura para reivindicar el papel de la inmigración interior hacia Cataluña para su impulsar su desarrollo económico y social.
Más cercana está otra cita de especial peso para el nacionalismo catalán y, en particular, para ERC: la celebración mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que el Gobierno pretende imponer al conjunto de las autonomías la «financiación singular» pactada el pasado enero entre Junqueras y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa.
El Ejecutivo únicamente necesita el voto favorable de Cataluña para sacar adelante el modelo de financiación, puesto que el pleno del CPFF se divide de forma que la Administración General del Estado ostenta el 50% de los votos totales, y el otro 50% se reparte entre las distintas comunidades autónomas de régimen común, con lo que la alianza de Sánchez e Illa asegura la victoria a los socialistas.
El jefe del Ejecutivo catalán se ha declarado dispuesto a soportar el «ruido y la confrontación» paraver aprobado un modelo de financiación que ERC necesita cristalizar para poder seguir justificando ante sus bases la investidura de Illa, que intercambió, precisamente, por una suerte de concierto económico.
Illa y Sánchez no han satisfecho otro de los pactos alcanzados con el partido independentista, el de la cesión del IRPF a la Agencia Tributaria Catalana, que todavía sigue sin fecha a pesar de que Junqueras lo situó como prioritario llegando a bloquear, inicialmente, los Presupuestos de Illa al comprobar que no se iba a dar cumplimiento a este primer paso hacia lo que los republicanos señalan como la «soberanía fiscal» de Cataluña.