- Decreto de vivienda: estas son las medidas que negocia a contrarreloj el Gobierno
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El Ministerio de Vivienda lleva este martes al Consejo de Ministros un decreto que incluye la prórroga de alquileres, limita la compra de vivienda por parte de fondos de inversión y eleva la tributación de los pisos turísticos, entre otras medidas.
Después del acelerón en las negociaciones provocado por el polémico desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que la semana pasada fue desahuciada de la vivienda de renta antigua en la que residía desde hace siete décadas en uno de los barrios más caros de la capital, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que lidera Isabel Rodríguez llevará este martes al Consejo de Ministros un nuevo decreto -bautizado como decreto Maricarmen- para intervenir el mercado residencial, y con el que busca aglutinar las propuestas de sus diferentes socios de investidura.
Sin embargo, y a pesar de que las negociaciones experimentaron desde el pasado jueves un empujón después de avanzar a ritmo lento desde el verano -el Gobierno finalmente no presentó el decreto en julio, como había prometido-, el acuerdo no puede darse ni mucho menos por descontado. Incluso el socio de legislatura del PSOE, Sumar, amenazó este lunes con no acudir al Consejo de Ministros -donde también se va a aprobar el nuevo decreto en respuesta a la guerra de Irán (ver información en página 39)- como medida de presión para aprobar sus propuestas. "No vamos a renunciar a ninguna de las medidas, vamos a ser muy exigentes", avanzó en este sentido la ministra de Sanidad, Mónica García.
Entre estas medidas se encontrarían algunas como la prohibición de desahuciar y de comprar viviendas para alquilar a los fondos de inversión, un extremo que también comparten, fuera del Gobierno, desde Podemos. Su portavoz, Pablo Fernández, afirmó este lunes que el texto que salga del Consejo de Ministros este lunes "no debe servir para lavar la cara del Gobierno, sino para poner fin a la especulación" que, según consideran, está detrás de la crisis de precios de la vivienda, con un mercado cada vez más tensionado.
Más comedidos se mostraron desde el otro lado del espectro ideológico entre los socios parlamentarios del Gobierno. Desde el PNV llamaron a todos los grupos a alcanzar "un buen acuerdo de mínimos" y alejarse de "posturas maximalistas", habida cuenta de que los apoyos en el Parlamento están condicionados a que el decreto recoja distintas sensibilidades. En la misma línea, desde Junts invitaron a los partidos de la izquierda a "salir de la trinchera ideológica" para pactar un texto que convenza a la mayoría de la Cámara Baja, que deberá ratificarlo -o volverlo a tumbar, como ocurrió en abril- en el plazo de un mes.
Entra las dudas de unos y otros socios, el no de la oposición parece más seguro. Así lo constató este lunes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de fracasar con la política de vivienda tras "ocho años perdidos" y marcados por la puesta en marcha de una Ley de Vivienda intervencionista que, según los últimos datos disponibles, no ha servido para contener los precios de compra ni de alquiler ante el desbordamiento de la demanda y una oferta cada vez más exigua.
En esta maraña de declaraciones cruzadas, y mientras miles de manifestantes completaron este lunes la tercera jornada de acampada en la Puerta del Sol, desde el ala socialista del Gobierno continuaron mostrando su confianza en que el decreto que llevan este martes al Consejo de Ministros obtenga los apoyos necesarios. Al mensaje de "optimismo y prudencia" que deslizaban a EXPANSIÓN fuentes del Ministerio de Vivienda el pasado sábado se unió este lunes el del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien a su salida del XVII Encuentro Financiero EXPANSIÓN-KPMG mostró su confianza en "llegar a un acuerdo" en el que espera que "los grupos parlamentarios también respondan".
El titular de la cartera de Hacienda, Arcadi España, también pidió a los socios de investidura del Gobierno "estar a la altura de las circunstancias" y no negociar "siempre hablando de líneas rojas". En su opinión, hay "un margen de avance importante" en lo respectivo a las medidas fiscales que Junts ha puesto sobre la mesa para aprobar el decreto, entre las que se podría encontrar una rebaja del IVA para los jóvenes que adquieran vivienda o nuevos incentivos para caseros e inquilinos que favorezca la salida al mercado del alquiler de más inmuebles que ahora se encuentran vacíos o en otro régimen ante la desprotección que los propietarios llevan años denunciando.
Diez puntos en discusión
La trabada negociación del nuevo decreto de vivienda se está produciendo, según explican fuentes del departamento que lidera Isabel Rodríguez, en torno a diez puntos centrales, el primero de los cuales sería mejorar la protección ante los desahucios "para que no haya una sola Maricarmen más", afirman. Sobre este asunto, todo parece indicar que el texto incluirá la prohibición de desahuciar a personas vulnerables hasta 2028.
Asimismo, el decreto incluiría medidas contra la compra "especulativa" de vivienda por parte de los fondos de inversión, así como otras para dotar de estabilidad a los contratos de alquiler "en comunidades autónomas donde no se aplica la Ley de Vivienda", un epígrafe donde se encontraría una nueva prórroga de alquileres -en principio, para los contratos que venzan hasta 2028-, una medida que el Congreso ya tumbó en abril y que generó gran inseguridad jurídica tras apenas un mes en vigor. Asimismo, el texto podría recoger una nueva regulación para el alquiler de temporada "para acabar con el fraude en los contratos de corta duración"; y el "blindaje" del parque estatal de vivienda.
Pero, sin duda, las grandes novedades del decreto que el Gobierno negocia a contrarreloj con sus socios es un nuevo paquete fiscal para buscar dinamizar la oferta. En este apartado, se incluirían cinco grandes pilares. Por un lado, la subida del IVA de los pisos turísticos del 10% actual al 21%, con el objetivo de desincentivar esta actividad en favor del arrendamiento de larga estancia o residencial; nuevas bonificaciones para inquilinos y para caseros que bajen el precio del alquiler; la bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente; y otras ayudas para la compra de la primera vivienda, que podrían ir en la dirección de la deducción en IRPF que decayó en 2013.
Fuera del texto quedarían medidas para proteger a los propietarios frente a impagos y okupaciones; o el desbloqueo parlamentario de la Ley del Suelo, entre otras.
Cuerpo: "El sector financiero es un actor relevante para afrontar el acceso a la vivienda"Semana clave para el Gobierno: ayudas al carburante, decreto de vivienda y fondos UEEl Gobierno negocia contrarreloj un decreto de vivienda difícil de encajar con sus socios Comentar ÚLTIMA HORA-
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