El beneficio concedido al comisionista del 'caso mascarillas' contrasta con las reformas promovidas por el Ejecutivo que refuerzan la protección de quienes aporten información en tramas de corrupción
Regala esta noticia Añádenos en Google El empresario Víctor de Aldama el día de su declaración ante el Tribunal Supremo. (Efe) 23/06/2026 a las 00:09h.La suspensión de la entrada en prisión del empresario Víctor de Aldama abre un nuevo frente político para el PSOE. Aunque la versión oficial de ... los socialistas era de respeto a la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, algunos de sus dirigentes cargaron contra la sentencia por la que el comisionista del 'caso mascarillas' es condenado a cuatro años y medio de cárcel, frente a los 24 y los 19 impuestos al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García respectivamente; una rebaja de pena que, además, queda en suspenso. El principal partido del Gobierno cree que ese veredicto transmite el mensaje de que la colaboración posterior con la justicia compensa la participación en una trama corrupta. «¿Sale a cuenta ser corruptor en España?», se preguntó la portavoz del partido, Montse Mínguez, mientras el ministro Óscar Puente ironizó con que basta con presentar «un informito de nada» para eludir la prisión. Las críticas, a las que se sumaron sus socios de Gobierno -que aseguraron que era «inaudito que un pijo mafioso sin escrúpulos que se decidió a jugar con la vida de los españoles durante la pandemia a día de hoy se vaya de rositas a la calle»- chocan con las medidas promovidas para fomentar la cooperación a la hora de perseguir delitos y desentrañar casos de corrupción a cambio de que se otorguen recompensas parte de las instituciones.
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación del exsecretario de Organización Santos Cerdán hace un año. En aquel momento, en una comparecencia ante el Congreso para intentar contrarrestar el fuerte impacto de la imputación de quien era su mano derecha -el segundo, tras José Luis Ábalos-, el jefe del Ejecutivo anunciaba que iban a comenzar a trabajar en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, una estrategia en la que se contempla la protección e incentivo de quienes aporten información sobre posibles ilícitos. El documento sitúa como uno de sus cinco ejes «garantizar la protección efectiva de las personas que informan sobre irregularidades y/o casos de corrupción» y sostiene que «la protección efectiva de las personas que informan sobre irregularidades es un pilar clave en cualquier sistema de integridad pública». Entre otras medidas, propone reforzar las garantías de los denunciantes, ampliar los canales de alerta y extender la protección a quienes acudan directamente a la Fiscalía, la Policía o los órganos judiciales para trasladar información sobre posibles prácticas corruptas.En concreto, el plan, del que todavía no hay ninguna medida en vigor, plantea revisar la legislación vigente para otorgar una mayor cobertura a quienes denuncien casos de corrupción, incluyendo la posibilidad de anular represalias adoptadas contra ellos y reconocer indemnizaciones proporcionales a los perjuicios sufridos. Asimismo, prevé incorporar a la Ley de Enjuiciamiento Criminal la protección de aquellas personas que aporten información directamente ante la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los tribunales, de modo que reciban las mismas garantías que quienes utilizan los canales oficiales de denuncia. El texto justifica estas iniciativas porque favorecer la aparición de alertas sobre posibles irregularidades resulta esencial para detectar y perseguir las tramas corruptas.
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Más allá del plan anticorrupción, la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya reforma fue aprobada en octubre del año pasado por el Consejo de Ministros y que ahora se encuentra en fase de enmiendas en el Senado para, posteriormente, volver a la Cámara baja a fin de que se vote el texto definitivo, recoge mecanismos orientados a favorecer la colaboración y la asunción temprana de responsabilidades. Entre ellos figura el denominado «proceso por aceptación de decreto», que permite a la Fiscalía proponer penas reducidas cuando el investigado acepta los hechos y evita la continuación del procedimiento. Se trata de una herramienta limitada a determinados delitos, pero que refleja cómo el sistema penal español contempla beneficios procesales para quienes contribuyen a agilizar el esclarecimiento de los hechos y la respuesta judicial, en contraste con la posición crítica con el Supremo aireada este lunes por significadas voces de los socialistas.
Precisamente esa fue una de las ideas sobre las que pivotó el alegato final del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, durante la vista oral por el 'caso mascarillas' celebrada el pasado 6 de mayo ante el Tribunal Supremo. El representante del Ministerio Público defendió que la lucha contra la corrupción exige ofrecer incentivos reales a quienes aportan información relevante para desentrañar las tramas y sostuvo que premiar la colaboración no solo está previsto en el ordenamiento jurídico, sino que constituye una necesidad de política criminal avalada por la legislación nacional e internacional. «Si queremos que afloren los casos de corrupción, debemos compensar de verdad a quienes salen y lo denuncian», vino a defender.
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