El PSOE de Page no acata la "obligación" de Sánchez de aprobar su financiación: "Trabajamos para que no salga"

Emiliano García-Page, en el centro, junto a Esther Padilla y Juan Alfonso Ruiz Molina. JCCM

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, llama a garantizar el "principio de igualdad" como una "obligación primigenia".

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Castilla-La Mancha no acepta la "obligación" de votar a favor del nuevo modelo de financiación autonómica que Pedro Sánchez marcó este domingo a los socialistas y sus socios parlamentarios.

Esther Padilla, portavoz del Gobierno castellanomanchego, califica de "infumable" la propuesta pactada por el Ejecutivo con ERC y recuerda que el verdadero deber del PSOE es garantizar la igualdad entre ciudadanos, no acatar la disciplina de voto.

"El PSOE tiene la obligación de responder con sus políticas al motivo por el que este partido nació: garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, sin que haya distinción de ningún tipo, tampoco por el lugar de nacimiento o de residencia", afirma Padilla en una conversación con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

"Hay una obligación primigenia de los responsables socialistas y del Gobierno de España, que es cumplir con el principio de igualdad, porque si no estaremos cediendo y traspasando una línea roja muy grave que muy pocos en España perdonarían", añade.

Sus palabras llegan un día después de que Sánchez defendiera, durante la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà, que el PSOE y sus socios tienen "la obligación de votar a favor" del nuevo sistema porque permitirá aportar más de 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas.

Desde Castilla-La Mancha sostienen que la reforma no debe juzgarse solo por el incremento general de recursos. Aunque la comunidad recibiría más dinero, la Junta considera que la brecha de infrafinanciación que arrastra desde hace más de una década podría ampliarse por el reparto relativo.

Asimismo, el Gobierno regional también cuestiona el procedimiento. Padilla recuerda que el 41º Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla en diciembre de 2024, aprobó una financiación basada en una negociación multilateral entre el Gobierno central y todas las comunidades autónomas.

"Lo que había era una negociación multilateral, conjunta de todas las comunidades autónomas con el Gobierno de España, a la vez y no por separado", explica.

"Que la mayoría no fuera simplemente la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Estado tiene la mitad de los votos, con el apoyo de una comunidad autónoma, sino que fuera realmente un acuerdo y un consenso en el que, como en todas las negociaciones, todos ganen y todos tengan que hacer cesiones", añade.

Para el Ejecutivo de Page, ese compromiso ha sido sustituido por un pacto bilateral entre Sánchez y ERC, que después se pretende aplicar al conjunto del sistema. La Junta rechaza especialmente el principio de ordinalidad, porque considera que puede consolidar las ventajas de las comunidades con mayor capacidad fiscal y mantener las diferencias entre territorios.

El modelo solo recibió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el respaldo de Cataluña y Canarias, además del Ministerio de Hacienda. Castilla-La Mancha y Asturias votaron en contra, al igual que las comunidades gobernadas por el PP.

Amplio rechazo interno

Padilla sostiene que la oposición dentro del PSOE es más amplia de lo que se expresa públicamente. "Hay rechazo interno dentro del Partido Socialista de quienes consideran que este es un modelo infumable por el que no puede pasar el partido, porque además consideramos que va contra los principios y el modelo progresivo, solidario y equitativo que hemos defendido siempre", afirma.

"No es algo que planteemos solo desde Castilla-La Mancha, aunque seamos casi los únicos que lo decimos en voz alta. Pero ese rechazo es más importante de lo que puede parecer a nivel público. Es algo que está ahí", añade.

Las declaraciones de Padilla se producen al valorar el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que refleja una oposición mayoritaria al modelo en Castilla-La Mancha.

El 51,7 % de los encuestados considera que los ocho diputados socialistas de la región deberían votar en contra si la reforma llega al Congreso. Entre los votantes del PSOE, el 43 % apuesta por el voto negativo, frente al 31,7 % que cree que los parlamentarios deben apoyar la reforma para respetar la disciplina de partido. Otro 10% se inclina por la abstención.

Además, el 56,6 % considera que la posición del Gobierno de Page debe pesar más que la del Ejecutivo central a la hora de decidir el voto de los diputados.

Padilla interpreta los datos como una expresión del "mayoritario" rechazo social al sistema, más allá de la posición concreta que deban adoptar los parlamentarios.

"Se habla de Castilla-La Mancha, pero si preguntamos en Asturias, en Castilla y León o en Galicia qué tienen que hacer los diputados en cada sitio, lo que la gente está manifestando es el rechazo mayoritario que provoca ese modelo", defiende.

"O se cambia o no se vota"

Por el momento, la estrategia del Gobierno de Page sigue centrada en frenar la reforma antes de que llegue a la votación en la Cámara Baja. "Nuestro trabajo está centrado en que o se cambia el modelo o directamente no se llegue a la votación", insiste Padilla.

Por ese motivo, ni la Junta ni el PSOE regional han realizado por ahora un llamamiento formal a los ocho diputados para que rompan la disciplina o soliciten libertad de voto.

En los últimos días, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y Pablo Bellido, presidente de las Cortes regionales y secretario general del PSOE de Guadalajara, sí han defendido públicamente que los parlamentarios puedan votar en conciencia.

Padilla, sin embargo, sostiene que todavía hay margen para convencer al Gobierno y modificar el texto. La reforma debe ser aprobada por el Consejo de Ministros, iniciar después su tramitación parlamentaria y reunir una mayoría absoluta en el Congreso. También queda por conocer la posición de Junts, que reclama una financiación singular para Cataluña y considera insuficiente la propuesta pactada con ERC.

"Si yo fuera diputada, estaría trabajando sin parar y sin descanso para concienciar a todo el mundo de que esto no puede salir, y al propio grupo parlamentario socialista para que de manera mayoritaria ponga un freno a este despropósito", resume.

Preguntada sobre la posibilidad de que Page pueda continuar o no al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha tras las elecciones autonómicas de mayo de 2027 dependiendo de si los diputados socialistas apoyen o tumben la financiación autonómica, tal y como apunta la encuesta de EL ESPAÑOL, Padilla se limita a valorar "tal y como se viene confirmando en todos los estudios y en todas las encuestas que hay, la alta valoración que tiene el presidente de una manera transversal en todas las edades e, incluso, en el electorado de distintos partidos".

"Se le valora muy positivamente, de una manera que casi diría que es una rara avis en el conjunto de España, más en el momento de polarización que se está viviendo", añade Padilla.

A su juicio, ese respaldo a Page marca el camino que debe seguir el Gobierno regional: "Seguir siendo coherentes, seguir defendiendo la región —que pasa por la financiación, pasa por el agua y por tantos otros asuntos— y una cosa que para nosotros es importante, que es cumplir".

La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL sitúa al PSOE de Page en el 43,3 % de los votos, casi dos puntos menos que en 2023, y deja su mayoría absoluta en el límite: entre 16 y 18 escaños, cuando la mayoría está en 17. Con el PP entre 11 y 12 diputados y Vox al alza hasta cinco, la posición de los ocho parlamentarios socialistas ante la financiación puede acabar teniendo también una lectura electoral clave.

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