Tribunales
El PSOE pide cinco años y medio de prisión para el alcalde de Estepona por prevaricación y malversaciónEn su escrito de conclusiones provisionales, solicitan la apertura de juicio oral contra José María García Urbano en el caso de la contratación de un cargo de confianza
Regala esta noticia Añádenos en Google García Urbano, el pasado 25 de junio, saliendo de declarar en los juzgados esteponeros. (Ñito Salas)Málaga
14/07/2026 a las 13:00h.El PSOE, en su condición de acusación popular, ha pedido cinco años y medio de prisión para el alcalde de Estepona, José María García Urbano ( ... PP), por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la contratación en el Ayuntamiento durante dos meses como cargo de confianza de una mujer, C. P. B., con la que, según la instrucción, mantenía «una relación sentimental» y «sin que tuviera que desempeñar actividad alguna».
Indemnización
Asimismo, se solicita que el alcalde esteponero y C.P.B. sean condenadas a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Estepona «por el perjuicio patrimonial ocasionado como consecuencia del abono de las retribuciones derivadas del nombramiento» de la mujer como personal eventual y que, según la acusación, asciende a 7.862,89 euros. En el escrito se recuerda que García Urbano ya reintegró al Consistorio la cantidad de 5.276,92 euros correspondiente al importe neto percibido por C.P.B. durante los menos de dos meses en los que estuvo contratada.
En el documento se reconoce que el nombramiento se formalizó «observando las exigencias administrativas legalmente previstas» para la designación de personal eventual, aunque añade que de la investigación desarrollada durante la instrucción resultan «numerosos elementos objetivos que permiten sostener que dicho nombramiento habría servido como cobertura formal para posibilitar el abono de retribuciones públicas sin una efectiva prestación de los servicios inherentes al puesto para el que la acusada fue designada».
«Dicho nombramiento habría servido como cobertura formal para posibilitar el abono de retribuciones públicas sin una efectiva prestación de los servicios», sostiene la acusación
Asimismo, se añade que con anterioridad al nombramiento y el regidor y la acusada «mantenían una relación de especial proximidad e intimidad, circunstancia que resulta acreditada tanto por las conversaciones mantenidas entre ambos a través de washap como por la documentación bancaria obrante en los autos de la que resulta que entre enero de 2022 y enero de 2023 el primero transfirió a la segunda aproximadamente 21.000 euros mediante ingresos periódicos destinados a sufragar sus gastos personales y de vivienda».
Unas aportaciones que, según recoge el escrito, cesaron en enero de 2023 y un mes después C.P.B. fue nombrada personal eventual con una retribución bruta anual de 44.880 euros quedando adscrita al Área de Control Externo. «Sin embargo, durante todo el periodo comprendido entre el 13 de febrero y el 31 de marzo de 2023 (el tiempo que estuvo contratada) la investigación practicada no ha permitido acreditar la existencia de una prestación efectiva de servicios por parte de la acusada», apostilla el escrito.
Cabe recordar que sobre este caso, García Urbano declaró ante el juez el pasado 25 de junio donde aportó tres actas notariales con otras tantas declaraciones de trabajadores del Ayuntamiento (dos cargos de confianza y un empleado municipal que realizó en su momento las mismas funciones que luego desempeñó la mujer) que sostienen que mantuvieron contacto laboral con C. P. B.
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