- FRANCISCO CABRILLO
La incorporación de políticas proteccionistas busca obtener ingresos fiscales y un mayor control aduanero. Sus defensores, como Donald Trump, quieren favorecer el desarrollo de la producción de su país.
Pocos temas han sido tan polémicos en la historia de la economía como la conveniencia o no de establecer el comercio libre entre las principales naciones. La estructura del moderno sistema de comercio internacional se diseñó tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de liberalizar las relaciones comerciales entre los principales países y evitar que volviera a producirse una catástrofe como la ocurrida en la década de 1930.
El cierre de fronteras por parte de muchas naciones -empezando, no lo olvidemos, por los Estados Unidos- para proteger la agricultura y la industria nacional en los años de la Gran Depresión, agravó en gran medida la crisis económica de aquellos años. Desde entonces, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), primero, y la Organización Mundial del Comercio (OMC), más tarde, intentaron -no siempre con éxito, ciertamente- que el mundo diera pasos sostenidos hacia un comercio multilateral libre. Y, pese a todo tipo de problemas y desacuerdos, no cabe duda de que se avanzó en un proceso de globalización, que favoreció el crecimiento de la economía mundial y benefició a los países en vías de desarrollo especialmente.
Cuando en 2007 estalló la primera gran crisis económica del siglo XXI muchos economistas observamos, con preocupación, la evolución de las políticas comerciales por el temor de que se pudieran repetir algunas de las medidas que tan malos resultados habían tenido setenta años antes. Afortunadamente, no sucedió tal cosa. Pero, años después, y sin razones que realmente lo justificaran, surgieron nuevas amenazas al comercio internacional libre. Y el protagonista de esta nueva era ha sido el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.
El objetivo básico de las políticas proteccionistas ha sido siempre favorecer el desarrollo de la producción nacional discriminando a los productores extranjeros. Pero sus efectos son mucho más complejos de lo que parece y tienen, por lo general, efectos no esperados, que pueden ser muy negativos para el país que trata de proteger a sus productores mediante aranceles.
La protección aduanera favorece, sin duda, a determinados productores nacionales; pero genera costes a los consumidores. Y no son solo los ciudadanos particulares los perjudicados. También diversas industrias pueden verse afectadas muy negativamente por el encarecimiento de algunos de sus inputs. Un ejemplo lo tenemos en los aranceles al acero y al aluminio que estableció el propio Trump en su primer mandato. Tales gravámenes pudieron beneficiar a los productores nacionales de estos bienes. Pero perjudicaron a aquellos que los utilizan en sus procesos productivos como bienes intermedios; entre ellos la industria del automóvil.
Por otra parte, el nuevo proteccionismo parece tener, al menos otros dos objetivos. El primero es obtener ingresos fiscales. Tal estrategia tiene amplios antecedentes históricos. Pero, con el paso del tiempo y el desarrollo de los estados fiscales modernos, ha perdido mucha importancia. Es cierto que, en haciendas poco desarrolladas, el componente fiscal de los aranceles ha tenido -y tiene aun en algunos casos- una cierta relevancia. Pero, resultaba muy difícil suponer que, en la tercera década del siglo XXI, un presidente de los Estados Unidos argumentara que unos aranceles más elevados podrían reducir de forma significativa la carga impositiva que soportan los contribuyentes norteamericanos.
La idea se basa en la creencia equivocada de que será el exportador extranjero quien soporte en su totalidad el coste del arancel; y de que no habrá efecto negativo alguno para los ciudadanos del país. Sin embargo, lo que dice la teoría económica más básica es que la carga de los impuestos a la importación se repartirá entre los vendedores extranjeros y los consumidores nacionales; y el porcentaje que soporte cada uno de estos grupos dependerá de la elasticidad de la demanda de cada producto. En otras palabras, de la capacidad de los consumidores para reemplazar los bienes importados por otros de producción nacional.
La reacción de un gobierno ante estos resultados inevitables no debería ser nunca presionar a los vendedores nacionales (como ha hecho Trump) para que no repercutan en sus precios los costes más elevados que tienen que soportar a causa de los aranceles. Tal estrategia será, seguramente, inútil; y, si tiene algún éxito, generará no pocas distorsiones indeseables en la economía del país.
Pero tal vez el objetivo más sorprendente para un economista es el uso de la protección aduanera como instrumento geopolítico. En este caso el propósito del arancel no es tanto favorecer a los productores nacionales como causar daño a los extranjeros. Se trata de amenazas de elevar los aranceles a determinados productos exportados por países con los que la nación que los impone tiene algún tipo de conflicto que, a veces, poco tiene que ver con la economía.
Es cierto que buena parte de estas amenazas no se han materializado, finalmente, en medidas concretas; y que no sabemos si estas políticas continuarán en el tiempo cuando los Estados Unidos elijan un nuevo presidente. Pero sospecho que quienes redactaron, en 1947, los acuerdos del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) se habrán removido en sus tumbas al ver hasta qué punto están llegando las cosas.
Francisco Cabrillo es catedrático emérito de Economía de la Universidad Complutense. Fundación Civismo.
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