- MARÍA JESÚS VALDEMOROS ERRO
Elevar el SMI de forma continuada supone asumir riesgos significativos para el empleo, la competitividad y la calidad institucional.
Hace no tanto, el salario mínimo era una cifra que apenas generaba discusión. Afectaba a una franja reducida de trabajadores y su actualización anual apenas ocupaba unas líneas en la sección de Economía. Hoy ocurre lo contrario. La nueva subida firmada esta semana por el Gobierno y los sindicatos -con el presidente del Ejecutivo presente en el acto y sin el respaldo de la patronal- confirma que el SMI se ha convertido en una pieza central de su proyecto económico. No estamos ante una mera actualización técnica, sino ante una intervención directa en el proceso de formación de salarios.
El acuerdo eleva el salario mínimo hasta 1.221 euros mensuales en 14 pagas, con efectos retroactivos desde enero. El incremento anual es del 3,1%, aparentemente moderado. Pero lo relevante no es el porcentaje de este año, sino la trayectoria acumulada. Desde 2018 el SMI ha aumentado más del 65%. Eso ya no es un ajuste; es una redefinición del suelo salarial de la economía española.
Durante décadas, el salario mínimo cumplió una función acotada, la de proteger frente a situaciones extremas sin alterar sustancialmente la estructura salarial. Hoy se sitúa en torno al 60% del salario mediano. En ese nivel deja de ser un instrumento marginal y pasa a condicionar una parte significativa del mercado laboral. Además, cuando el Estado fija por ley un precio relevante en un mercado -en este caso, el precio del trabajo menos cualificado- estamos ante una medida profundamente intervencionista. No necesariamente ilegítima, pero sí con efectos que deben evaluarse con rigor.
La discusión pública tiende a simplificar el debate sobre el SMI a si destruye empleo o no. Pero el impacto de una subida sostenida del salario mínimo es más amplio. Puede no provocar una caída brusca del empleo agregado y, aun así, alterar la dinámica económica de forma persistente. Porque el coste de la subida existe y se distribuye. Puede reducir márgenes empresariales, trasladarse a precios, frenar nuevas contrataciones o acelerar procesos de automatización y sustitución de trabajo poco cualificado. En economías con alta productividad y empresas de gran tamaño, la absorción puede ser relativamente manejable. En economías con baja productividad media, fuerte presencia de microempresas y escaso margen financiero, el impacto es mayor.
España presenta precisamente estas características. Tenemos predominio de pequeñas empresas, peso elevado de sectores de bajo valor añadido y una productividad que lleva años estancada. En este contexto, elevar de forma continuada el salario mínimo implica tensar a los segmentos más frágiles del tejido productivo. Tal vez no con efectos inmediatos y visibles, pero sí con un ajuste silencioso en forma de menos creación de empleo en el margen, mayor concentración empresarial y salida de empresas con menor capacidad de adaptación.
A esto se añade un elemento institucional preocupante. La decisión se ha adoptado sin acuerdo con la patronal. El salario mínimo incide directamente en los costes laborales de las empresas. Avanzar de manera sistemática sin contar con quienes deben asumir una parte sustancial del ajuste erosiona la lógica del diálogo social. La concertación no es un ritual vacío. Es un mecanismo para coordinar expectativas, anticipar impactos y repartir responsabilidades. Cuando el Gobierno asume que puede redefinir de forma unilateral el suelo salarial de la economía, el mensaje es que la dimensión política prevalece sobre la negociación económica. Si esa lógica se consolida, el riesgo no es solo económico, sino institucional.
El salario mínimo se ha convertido, además, en un instrumento de alto rendimiento político. Los beneficiarios son visibles y concentrados. Los costes están más dispersos y son menos perceptibles. Es una política fácil de comunicar y simbólicamente potente. Pero la política económica no puede evaluarse únicamente por su eficacia comunicativa.
El problema de la uniformidad
Hay otro problema de diseño que apenas se discute: la uniformidad. España es una economía profundamente heterogénea. La productividad y el coste de la vida varían de manera significativa entre territorios. Sin embargo, el salario mínimo es único para todo el país. Esa uniformidad simplifica el sistema y refuerza la igualdad formal, pero puede generar distorsiones. Un nivel asumible en regiones dinámicas puede resultar asfixiante en zonas con menor productividad y menor margen empresarial.
Algo similar ocurre con la edad. España mantiene una de las tasas de paro juvenil más elevadas de Europa. Un salario mínimo elevado puede elevar la barrera de entrada para jóvenes con baja experiencia y productividad inicial. La posibilidad de salarios diferenciados por edad o por etapa laboral es controvertida, pero ignorar el problema no lo elimina.
El riesgo es que el salario mínimo se convierta en la principal herramienta de mejora salarial sin acompañarse de reformas estructurales que eleven la productividad. Subir el SMI es una decisión inmediata y visible. Reformar el sistema educativo, fomentar la competencia, impulsar el tamaño empresarial o mejorar la formación profesional exige tiempo, consenso y coste político. Si la lógica que se impone es que cada año el salario mínimo debe aumentar con independencia del acuerdo empresarial y sin ajustes en su diseño, el resultado puede ser una economía con mayor rigidez en la base del mercado laboral. En el corto plazo, el impacto puede ser limitado. En el medio plazo, puede traducirse en menor dinamismo, menor creación de empleo en segmentos vulnerables y mayor dualización.
El salario mínimo no es neutro. Tampoco es, por definición, una mala política. El problema es su utilización actual en España. En una economía con baja productividad, tejido empresarial frágil y sin acuerdo social amplio, elevarlo de forma continuada supone asumir riesgos significativos para el empleo, la competitividad y la calidad institucional. Minimizarlos es imprudente. La cuestión de fondo no es si 1.221 euros es una cifra justa o injusta. Es si estamos usando una herramienta intensamente intervencionista como sustituto de reformas más profundas y si estamos dispuestos a asumir sus costes institucionales y económicos.
Cuando una política salarial se convierte en eje central de la estrategia económica y se adopta sin integrar a quienes soportan parte de sus efectos, el debate deja de ser técnico. Y lo que está en juego ya no es solo la nómina de este año, sino el modelo productivo del futuro cercano.
María Jesús Valdemoros Erro, Lecturer en IESE Business School
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