El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, en un pleno junto al secretario, Vicente Boquera. Raquel Abulaila / DIVAL
Valencia El secretario de la Diputación de Valencia apura el plazo para entregar a Mompó el informe sobre los contratos de aguaEl funcionario pidió una prórroga que vencía este viernes, sin que haya emitido ningún documento a la Presidencia de la corporación.
Más información:El presidente de la Diputación de Valencia se expone a una multa del juzgado por prolongar contratos de agua
Leer en CastellanoMarta GozalboRosana Crespo Publicada 18 julio 2026 06:00hEl frente judicial abierto en torno a los contratos del agua de la Diputación de Valencia suma un nuevo episodio. El presidente de la corporación provincial, Vicente Mompó, sigue a la espera del informe que pidió la semana pasada al secretario general de la institución, el veterano Vicente Boquera Matarredona.
Un documento que debe determinar cómo ejecutar la sentencia que obliga a revisar 31 convenios suscritos por Egevasa con distintos municipios para la gestión de depuradoras y cuya falta de cumplimiento podría derivar en una multa contra el dirigente popular, tal y como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL.
El dictamen debía haber sido entregado este miércoles, después de que Mompó le diera la semana pasada un ultimátum por escrito al alto funcionario: tendría un plazo de cinco días hábiles para elaborar la propuesta sobre la revisión de oficio de estos contratos.
Mompó señala al secretario de la Diputación por no ejecutar la sentencia sobre contratos de agua y le da un ultimátumNo en vano, ya le había remitido un primer oficio en febrero en el que le instaba, a la mayor brevedad posible, a emitir esa propuesta para cumplir con el fallo judicial.
Esto no ocurrió, y el juzgado volvió a remitir un segundo escrito en el que advertía a Mompó que podría acabar imponiéndole una multa a él como máximo representante de la corporación.
Tras revelar este periódico lo ocurrido, le remitió una providencia a Boquera en la que fijaba negro sobre blanco que se había dirigido de forma reiterada a él para que hiciera el informe "sin resultado alguno, sin que conste causa que justifique tal demora ni se haya puesto de manifiesto impedimento u obstáculo para su emisión".
"Esta inactividad, mantenida pese a los sucesivos requerimientos, resulta inaceptable y puede comprometer gravemente a esta corporación", expresaba el presidente provincial. Por lo que le dio un plazo "máximo e improrrogable" de cinco días hábiles para hacer el dictamen.
Sin embargo, según ha podido saber este diario, el habilitado nacional solicitó este miércoles un aplazamiento alegando que no había podido concluir el trabajo en el tiempo previsto. Y el presidente provincial decidió darle dos días más para diseñar esa hoja de ruta para cumplir con la sentencia.
La ampliación expiraba este viernes, pero al cierre de esta edición el informe seguía sin llegar al despacho de Presidencia. Lo que añade un nuevo capítulo en la controversia que sitúa a la Diputación en un complejo escenario administrativo y judicial.
Tanto es así, que desde el equipo de Mompó advierten que no dudarán en "emprender acciones legales" contra el funcionario e, incluso, amenazan con abrirle un expediente disciplinario por dejación de funciones al no haber atendido el requerimiento de la Presidencia.
El embrollo jurídico
La decisión de Mompó de exigir formalmente ese dictamen a Boquera se produjo después de que un juzgado ordenara a la institución provincial ejecutar una sentencia que obligaba a revisar los acuerdos firmados por la empresa pública Egevasa con una treintena de ayuntamientos valencianos para explotar depuradoras.
El origen del conflicto se remonta a varios años atrás, cuando se cuestionó la legalidad de estos convenios al considerar que la prestación del servicio no se ajustaba al procedimiento establecido.
Egevasa es la Empresa General Valenciana del Agua. Inicialmente era pública, pero se convirtió en una empresa mixta en 1999, cuando pasó a estar participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por Aguas de Valencia (cuyo accionista mayoritario es Global Omnium). Muchos de los convenios con municipios se firmaron antes de ese momento y tienen una duración indefinida.
Aqlara, una firma especializada en la gestión del ciclo integral del agua, inició una ofensiva en los tribunales hace años por la vía contenciosa para pedir la nulidad de los convenios y lograr, en última instancia, que las licitaciones de contratos sean abiertas para poder optar a ellos las competidoras y que estén sujetos a plazo. En algunos procedimientos también se ha llegado a personar Veolia (antigua Hidraqua), empresa del mismo ámbito.
Los tribunales le han ido dando la razón en bastantes de las cuestiones planteadas con sentencias que han devenido firmes. En algunos casos, las resoluciones han concluido la nulidad de la continuación de contratos que ya han terminado. Es el caso de la depuradora de Ontinyent. El juzgado valoró que la Diputación permitió su continuación "a pesar de ser consciente de la ilegalidad".
Esa sentencia sirvió de base para otras similares relacionadas con contratos de gestión de agua potable en más municipios como Canet o Casinos.
En otros casos, los tribunales ordenaron a la corporación provincial la revisión de oficio de los convenios. Ocurrió en l'Olleria y Moixent y, especialmente, en un procedimiento sobre un conjunto de 31 convenios para la gestión de las depuradoras de la provincia de Valencia.
Se encontraban en Losa del Obispo, Gestalgar, Alfauir, Bèlgida, Calles, Algar de Palància, Sellent, Cotes, Titaguas, Noveltlé, Llocnou, Benicolet, Gàtova, Montixelvo, Aras de Alpuente, Domeño, Dos Aguas, Salem, Higueruelas, Godelleta, Tous, Vallanca, Casas Altas, Casas Bajas, Requena (pedanías de Hortunas y La Portera), Cofrentes, Cortes de Pallás, Calles, Buñol y Vallés.
En definitiva, los tribunales dieron la razón a quienes reclamaban su revisión y han instado a la Diputación a iniciar los trámites oportunos para determinar la validez de los contratos.
La situación ha adquirido una nueva dimensión después de que el juzgado advirtiera de que el incumplimiento del fallo podría acarrear multas coercitivas dirigidas al propio presidente de la corporación.
Ante ese escenario, Mompó decidió señalar directamente al secretario, Boquera, y encomendarle la elaboración de un informe jurídico que planteara una salida al conflicto. Sin embargo, el retraso en la entrega del documento ha elevado la tensión dentro de la Diputación.
A la complejidad que tiene el asunto ya de por sí, se suman otros elementos que en la corporación no pasan por alto. Boquera ocupa uno de los puestos de mayor relevancia dentro de la estructura administrativa de la Diputación y hace apenas unas semanas vio prorrogada su permanencia en el cargo más allá de la edad de jubilación.
El funcionario, de 69 años, obtuvo recientemente una ampliación para continuar ejerciendo sus funciones, una circunstancia que ha cobrado especial relevancia a raíz del choque institucional.
Mientras tanto, el reloj sigue corriendo para la Diputación. La falta de una propuesta jurídica mantiene bloqueada la respuesta oficial ante el juzgado.
Con el plazo extraordinario agotado, todas las miradas están puestas ahora en un documento clave para determinar cómo afrontará la Diputación uno de los frentes jurídicos más complejos de los últimos años y evitar que la responsabilidad por la demora recaiga directamente sobre su presidente.