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Juan Luis Barahona (Feneval) junto a Cristóbal Herrera, presidente de Baleva Feneval El sector del alquiler de coches teme un colapso por la electrificación forzadaFeneval alerta sobre la «inviabilidad» de imponer coches eléctricos a las flotas corporativas y denuncia el «caos económico» y la «criminalización» del sector en Baleares debido a las nuevas restricciones de cupos
Patxi Fernández
Madrid
Jueves, 12 de marzo 2026, 16:07
... Vehículos con y sin conductor (Feneval), las previsiones iniciales de crecimiento del turismo para 2026, que se situaban entre el 2% y el 3%, se verán incrementadas en un punto porcentual adicional hasta alcanzar el 4%.«Partimos de que toda guerra es mala, si el conflicto no se prolonga en el tiempo podemos en España, Italia o Francia, acoger a los turistas que tenían en sus agendas destinos que ahora son conflictivos. Pero si la guerra se prolonga en el tiempo ya tendríamos que empezar a tener en cuenta las consecuencias de la subida de los precios de los combustibles y una posible crisis general», ha aclararo Juan Luis Barahona, presidente ejecutivo de Feneval.
El portavoz de la patronal del sector ha subrayado que la demanda se ve reforzada por una conectividad aérea excepcional, con casi 10 millones de asientos programados hacia España para este mes de marzo (+5,4%). Esta afluencia masiva ha obligado al sector del rent-a-car a acelerar sus compras: solo entre enero y febrero las matriculaciones del canal crecieron un 32%, y se espera que en marzo se sumen otras 47.000 unidades para dar servicio antes del Domingo de Ramos.
El «caos económico» de la electrificación forzosa
A pesar del optimismo comercial, desde Feneval han mostrado su cara más crítica ante la propuesta de reglamento que pretende obligar a las flotas corporativas a incluir un mínimo del 36% de vehículos de cero emisiones para 2030. La patronal califica esta cuota de «inviable» y advierte que podría abocar al tejido empresarial a una situación de «caos económico».
Barahona ha destacado una paradoja comercial crítica, ya que mientras las administraciones imponen la compra de coches eléctricos, los clientes no los solicitan de la misma manera. Entre los motivos principales destacan una infraestructura insuficiente. Aunque España cuenta con casi 53.000 puntos de recarga, Barahona denuncia que son insuficientes y que falta carga ultrarrápida. «No es viable para una actividad empresarial estar detenidos largos periodos para recargar, y por ejemplo, en un aeropuerto no podemos tener a una flota de unos 3.000 coches al día esperando a poder recargar, con u a media de media hora cada coche en un punto de recarga rápida», ha señalado.
El sector lamenta la falta de instalaciones adecuadas en aeropuertos y estaciones de tren, lo que desincentiva al turista a alquilar un eléctrico. Como tercera clave, la patronal advierte sobre la caída del valor residual del vehículo eléctrico, lo que eleva el riesgo financiero de las compañías al no poder anticipar un valor de reventa estable. «El valor residual de los vehículos eléctricos es tremendamente malo, y además tienen el problema de la obsolescencia tecnológica, ya que si, por ejemplo, compramos un coche con 300 km de autonomía, cuando lo vamos a cambiar ya hay vehículos similares con mucha más autonomía, por lo que su valor se deprecia en el mercado».
Polémica en Baleares: cupos y «criminalización» del sector
Otro frente de batalla para las empresas de alquiler es la situación en las Islas Baleares. Feneval ha rechazado frontalmente las restricciones impuestas por el Gobierno autonómico y los Consells insulares, que limitan la entrada de vehículos bajo la premisa de la saturación de tráfico.
Especialmente tensa es la situación en Ibiza, donde para el verano de 2026 las autorizaciones se reducirán de 16.000 a 15.000 unidades entre junio y septiembre. Barahona ha denunciado junto a Cristóbal Herrera, presidente de Baleval, la «arbitrariedad» de estas concesiones y ha lamentado que se «criminalice» al sector del rent-a-car por interferir en la vida de la población, cuando la realidad —según la federación— es que las infraestructuras y el transporte público en las islas no han mejorado en décadas. Además, el retraso administrativo en la adjudicación de estas cuotas está generando un perjuicio logístico directo para las empresas en plena planificación de la temporada alta.
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