Política andaluza
El silencio institucional inaugura las declaraciones del 'caso Mascarillas'Los primeros excargos de la Diputación de Almería cercados por la investigación evitan declarar ante el juez instructor
Regala esta noticia Añádenos en Google El abogado Pablo Luna, que representa al exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria, a su llegada a los juzgados. (Efe / Carlos Barba)Sevilla
04/06/2026 a las 18:38h.La primera jornada de citaciones en el laberinto judicial de la Diputación de Almería discurrió este jueves entre el silencio estratégico y los contratiempos de ... agenda. El esperado desfile de excargos públicos del Partido Popular ante el magistrado Manuel José Rey Bellot arrancó con un guion alterado respecto a las previsiones de las partes. Se asistió a una coreografía de defensas orientada a ganar tiempo. Los principales señalados evitaron por una u otra vía prestar su testimonio. Las pesquisas intentan aclarar el destino de los fondos públicos durante la fase más aguda de la pandemia, en abril de 2020, del que se habrían obtenido 'mordidas' de hasta 945.327 euros
El antiguo responsable de Fomento de la Diputación Provincial evitó a las cámaras y también se negó a prestar declaración
El paso de Liria ante el instructor resultó tan breve como estéril para el esclarecimiento de los hechos. El antiguo cargo provincial se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Su defensa argumentó que esta reserva responde a la necesidad de examinar los informes pendientes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, derivados de los recientes análisis telefónicos y registros documentales. La parquedad del encausado contrasta con la gravedad de los indicios policiales, que sitúan al antiguo núcleo duro del gobierno provincial en un entorno de comunicaciones cruzadas sobre adjudicaciones y comisiones bajo términos cifrados.
Testimonio del empresario
La jornada ofreció un contraste evidente a través del testimonio de Kilian L.S., empresario encuadrado por los investigadores como presunto comisionista clave en la adquisición de material sanitario. En una declaración por videoconferencia desde Barcelona que se prolongó casi tres cuartos de hora, el contratista circunscribió su actividad a los cauces de la normalidad mercantil. Sostuvo que las adjudicaciones obtenidas por su firma representaron una fracción mínima del volumen contractual del área de Fomento y calificó el resultado económico de aquellas operaciones como deficitario debido a los elevados costes operativos del mercado global.
El empresario intentó desvincular de cualquier irregularidad los 16 contratos menores otorgados a su sociedad, pese a las tesis de la fiscalización policial que apuntan a una carencia total de medios materiales y humanos en la mercantil. Durante el interrogatorio, ceñido en exclusiva a las preguntas de su propio abogado, el investigado justificó además ciertos pagos menores a un hermano de Liria bajo el concepto de subcontratación de tareas específicas. Respecto a la operación principal de suministro sanitario en el momento ágiles de la crisis pandémica, el compareciente eludió aportar datos novedosos y remitió al instructor a sus manifestaciones previas ante la policía judicial.
La estrategia de responder únicamente a las defensas marcó la tónica de una sesión poco productiva para las acusaciones
La estrategia de responder únicamente a las representaciones de parte marcó la tónica de una sesión que las acusaciones populares consideraron poco productiva para la causa general. La representación jurídica del PSOE subrayó la nula aportación de estos testimonios al esclarecimiento de los presuntos delitos de malversación, cohecho y blanqueo de capitales que centran la instrucción. Ante este panorama de declaraciones dirigidas, la acusación anticipó que reclamará la práctica de diligencias paralelas y la comparecencia de nuevos testigos para reactivar el dinamismo de la investigación y romper el hermetismo de los principales implicados.
Agilización procesal
La jornada incluyó la comparecencia de Ana Belén M.S., pareja de Liria y exconcejala, cuya defensa intentó acreditar la plena regularidad y trazabilidad financiera en la compra de un inmueble de uso residencial. Su representación legal solicitó el archivo de las actuaciones para ella al negar cualquier vinculación con el supuesto entramado de desvío de fondos o el disfrute de vehículos de gama alta bajo sospecha. Asimismo, dos empresarios vinculados al sector de la importación explicaron sus contactos iniciales para la localización de suministros en el mercado asiático sin salirse del guion técnico diseñado por sus respectivas defensas.
La parálisis temporal del arranque del proceso espoleó de inmediato el debate en el tablero político andaluz. Desde del PSOE e Izquierda Unida se urgieron medidas de agilización procesal ante el temor de que los aplazamientos actúen como una táctica de dilación prolongada en los juzgados. La exigencia de responsabilidades apunta directamente a las estructuras de gobernanza que ampararon la tramitación de expedientes desde el año 2016. El silencio judicial de los principales implicados traslada la tensión política hacia las próximas citas de un calendario que culminará con el 26 de junio con la comparecencia del expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García.
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