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Ángel Víctor Torres y Francina Armengol Efe El Supremo autoriza a Armengol y Torres a declarar por escrito en el juicio contra ÁbalosLa presidenta y el ministro responderán a un cuestionario, sin posibilidad de de repreguntas
Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
Viernes, 27 de marzo 2026, 11:42 | Actualizado 11:57h.
... interrogatorio durante la vista oral del llamado «caso mascarillas», en la que se enjuiciará a partir del próximo 7 de abril a José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama por, entre otros motivos, el presunto amaño de contratos para la compra, por parte de administraciones socialistas (entre ellas los gobiernos balear y canario) de material sanitario durante la pandemia.Torres y Armengol esquivarán, pues, las incómodas repreguntas en una vista oral, pero el Supremo, en la resolución dictada este viernes, fija para ambos unas directrices muy estrictas para enmarcar sus respuestas. Así, los magistrados dictaminan que ambos dirigentes deberán limitarse a exponer «lo que por razón de su cargo hayan tenido conocimiento», y deberán redactar sus respuestas «con la obligación de reflejar la verdad de lo que informan».
En cuanto a la temática de los interrogatorios escritos, el Supremo ordena que se ajusten al escrito de acusación del Ministerio Fiscal, concretamente «sobre la influencia y la facilitación de relaciones con las administraciones autónomas que, respectivamente presidían». En este sentido, deberán pronunciarse sobre si existió una «interlocución privilegiada» para que sus respectivos servicios de salud adjudicaran contratos a las empresas representadas por Víctor de Aldama.
Asimismo, las respuestas también deberán satisfacer las demandas de las defensas. Tendrán que aclarar si, como sostiene el abogado de Koldo García, «la elección de proveedores respondió a la disponibilidad del mercado en un momento de desabastecimiento mundial y no a una imposición o recomendación vincular». Las autoridades certificarán si sus comunidades decidieron «de forma autónoma y discrecional, contratar con la mercantil investigada basándose en informes técnicos».
Finalmente, el Supremo impone un ultimátum temporal a ambos dirigentes políticos: los documentos «deberán ser remitidos a este tribunal antes del día 7 de abril», reiterando el «apercibimiento de que deben decir la verdad en el informe que emitan».
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