Asume que Koldo ejerció atribuciones «'de facto'», que la adjudicataria sabía antes que nadie que resultaría elegida en las mascarillas y que Aldama actuaba como si fuera parte del ministerio
Regala esta noticia Añádenos en Google Fotografía de archivo, tomada en 2019, de Koldo García junto al exministro de Fomento, José Luis Ábalos. (Efe) 23/06/2026 a las 00:08h.La corrupción que acaba de condenar el Tribunal Supremo no nació solo de la ambición de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. ... Creció también en un ecosistema donde los controles dejaron de funcionar como debían. La sentencia del caso mascarillas deja una conclusión incómoda para el Ministerio de Transportes de aquellos años y para la Administración general del Gobierno de Pedro Sánchez: la trama prosperó gracias a que nadie fue capaz de frenar a tiempo un sistema en el que un asesor sin competencias formales acumuló poder real, un empresario externo se movía por las zonas reservadas del pode y los órganos de contratación acabaron actuando bajo una influencia que no figuraba en ningún organigrama.
asesor del ministro». Ese asesor era Koldo García. Y la auditoría añade que llegó a ejercer «influencia indirecta sobre órganos de contratación» pese a carecer de competencias para ello.El documento va más lejos. Explica que esa situación se produjo por «acción u omisión» de los órganos afectados o por un «mal entendido deber de cumplir instrucciones que creían les llegaban en nombre del ministro». Ahí reside buena parte del problema. No era necesario que existiera una orden escrita. Bastaba con que quienes estaban por debajo entendieran que detrás de Koldo estaba Ábalos.
La sentencia encuentra el respaldo a esa tesis en varios testimonios. Ricardo Mar Ruipérez, jefe de Gabinete del ministerio, declaró que a Koldo «solo le mandaba José Luis Ábalos» y que lo que decía el asesor «siempre eran palabras del ministro». Ana María Aranda, secretaria del exministro, relató igualmente que el ahora condenado actuaba «en nombre del ministro» y que sus instrucciones eran asumidas con normalidad dentro del departamento.
«La distorsión que en todo el proceso ha supuesto el exceso de atribuciones reconocidas de facto a un asesor del ministro»
Ese poder informal tuvo consecuencias concretas. El Supremo considera probado que la empresa Soluciones de Gestión conocía detalles esenciales de la contratación antes que los propios órganos administrativos encargados de tramitarla. Según la sentencia, la adjudicataria ya sabía que se iba a publicar una orden ministerial, que la compra se centralizaría a través de Puertos del Estado, que el volumen alcanzaría los ocho millones de mascarillas y que ella sería la elegida.
Sin necesidad de Ábalos
La sala considera acreditado que todo ello fue consecuencia del «acuerdo anticipado» entre los acusados. El procedimiento administrativo siguió existiendo. Hubo expedientes, informes y firmas. Pero el tribunal concluye que la decisión estaba tomada de antemano.
Lo mismo ocurrió con Adif. La sentencia sostiene que la influencia de la trama alcanzó también a la segunda gran adjudicación. Incluso recuerda que el proveedor solicitó datos para preparar la oferta antes de que la orden ministerial estuviera publicada. Los magistrados ven ahí otro indicio de que el procedimiento formal iba por detrás de decisiones que ya se habían adoptado fuera de los cauces ordinarios.
La falta de control no se limitó a los contratos. También afectó al acceso al propio ministerio. El subteniente José Luis Rodríguez describió «el acceso permanente» y «sin control» de Víctor de Aldama a la zona reservada para el ministro. La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera contó que la presencia del empresario era «bastante asidua». Y Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario de Puertos del Estado, resumió la situación con una frase que ha terminado convertida en una de las más contundentes de la sentencia: «Aldama era parte del ministerio».
La expresión resulta especialmente llamativa porque Aldama no era funcionario, ni cargo público, ni asesor oficial. Sin embargo, varios testigos lo situaron entrando y saliendo de la planta noble de Transportes, reuniéndose con Koldo y moviéndose con una libertad que sorprendía incluso a quienes trabajaban allí.
Una cadena de mando paralela
La sentencia no concluye que todos los responsables administrativos conocieran la trama ni convierte a Transportes en una organización corrupta. Pero sí describe un escenario en el que los mecanismos de supervisión quedaron superados por una cadena paralela de poder. Ábalos aportaba la autoridad política. Koldo transmitía instrucciones. Aldama aprovechaba el acceso. Y los controles que debían detectar anomalías llegaron tarde o, sencillamente, no llegaron.
Por eso el fallo no solo condena a los tres acusados. También deja una advertencia institucional. La corrupción no precisa necesariamente romper las reglas. A veces le basta con vaciarlas por dentro hasta que quienes tienen que controlar terminan creyendo que obedecer es más importante que supervisar.
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