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La abogada Arantza Zulueta y en una manifestación por los derechos de los presos de ETA en 2022 EFE El Supremo confirma la condena a los abogados de ETA por tutelar a los presos de la bandaCastiga con siete años y medio de cárcel a Arantza Zulueta y cuatro años a Jon Enparantza por liderar el frente jurídico etarra y colaborar con los comandos operativos
Miércoles, 7 de enero 2026, 13:12
... ETA Arantza Zulueta por un delito de integración en organización terrorista y otro de depósito de armas y explosivos con finalidad terrorista. Asimismo, la Sala de lo Penal ha ratificado la pena de cuatro años de cárcel por el primero de los delitos a Jon Enparantza, considerado también miembro del frente jurídico de ETA.Salvo esa reducción de pena a dos de los recurrentes, el Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional, que estableció que los acusados, al margen de la defensa jurídica de miembros de ETA, mantenían la vinculación de los presos con la dirección de la organización terrorista y les transmitían directrices de ésta.
El periodo de actividad que ha sido juzgado es el comprendido entre 2005 y abril de 2010, cuando se produjo la detención de los acusados y el registro de dos despachos de abogados en los que operaban en Bilbao y Guipúzcoa. A los cuatro se les aplicó en la sentencia ahora confirmada la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Por su parte, el alto tribunal desestima íntegramente el recurso de Zulueta y Enparantza que, entre otros extremos, también pedían que, en caso de condena, se les aplicase la reducción de pena que permite el artículo 579 del Código Penal cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.
Evidencias
En el caso de Zulueta, el Supremo recuerda que la Audiencia Nacional ha fijado como hecho acreditado que poseía los archivos informáticos precisos para acceder o facilitar que otros pudieran entrar en la posesión de unos depósitos de armas y explosivos de ETA, localizándose los archivos en un pendrive oculto detrás de un cuadro de su despacho profesional, conteniendo croquis y documentación de tres zulos en el sur de Francia.
Añade que «no se trataba de un acopio inocuo o marginal, pues los documentos detallaban que los tres zulos contenían precursores explosivos, fusiles de asalto, cargadores, munición, cordón detonante y dinero. Y, cumplimentada la comisión rogatoria, la policía francesa localizó efectivamente los zulos e intervino, entre otros efectos, 92 kg de clorato sódico, azufre, cordón detonante, un Kalashnikov y un G3/Cetme, munición y dinero, hallándose las armas en perfecto estado de uso y funcionamiento».
Con esos elementos, para el alto tribunal, es imposible predicar la «menor gravedad objetiva» por el medio empleado, pues el hecho delictivo de su integración en la organización terrorista se proyecta sobre armas de guerra, munición y precursores explosivos, esto es, instrumentos típicamente ordenados a la ejecución de atentados, como lo son también las colaboraciones tendentes de la fijación de objetivos que se detallan en los hechos probados, concretamente la información sobre vehículos oficiales, la elaboración de un informe sobre la seguridad de la Audiencia Nacional o, incluso, funciones en la creación y dirección de una extensa red de información para la definición de futuros objetivos.
Y respecto a Enparantza, el Supremo explica que el relato y la prueba de la sentencia recurrida describen una intervención que rebasa con mucho el plano de mera militancia periférica o de «apoyo ideológico», en particular la remisión de correos para obtener por coacción recursos económicos destinados a facilitar la subsistencia de la organización y la ejecución de atentados, llegando a recibir algunos de los pagos derivados de esta extorsión.
Asimismo, señala que en la documentación intervenida se reflejan remisiones de información operativa a la dirección de ETA para su aparato de información, con selección de diversas personas como posibles objetivos y proponiendo medios de ataque que aseguraran una mayor eficacia, llegando a ofrecer detalles para asesinar a una persona concreta. Por ello, considera que su contribución es de entidad incompatible con la rebaja de la pena que solicita.
Actuación del CNI
La sentencia desestima el resto de las alegaciones de los acusados. Así, no aprecia ninguna irregularidad en la actuación del Centro Nacional de Inteligencia, y en la investigación de inteligencia que realizó, verificándose la cobertura judicial de la misma y su sujeción a los principios de necesidad y proporcionalidad. También rechaza los argumentos contra las entradas y registros practicados en abril de 2010 en despachos profesionales de los acusados en Bilbao y Gipuzkoa, actuación que estima que respondió claramente a sospechas fundadas de responsabilidad en los investigados, y que se realizó con todas las cautelas precisas.
Tampoco admite el Supremo que la sentencia de la Audiencia Nacional vulnerara el principio 'non bis in ídem' (no ser juzgado dos veces por los mismos hechos) por haber sido condenados con anterioridad, en 2019, por integración en organización terrorista vinculado igualmente al entramado jurídico-carcelario de ETA, por un periodo temporal posterior al sentenciado ahora.
Explican los magistrados que se trata de dos condenas por actuación en dos periodos distintos de tiempo por el mismo sujeto y con la misma inserción orgánica, mediando entre los dos periodos una detención e ingreso en prisión.
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