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Varias personas protestan en la entrada del hospital Sant Camil, a 26 de marzo de 2026, en Sant Pere de Ribes, donde Noelia Castillo recibió la muerte asistida EP El Supremo fijará los límites a los recursos de familiares contra la aplicación de la eutanasiaLa Generalitat eleva el caso de Francesc, cuya eutanasia ha frenado su padre en los tribunales, para sentar jurisprudencia al respecto
Viernes, 27 de marzo 2026, 13:35
la eutanasia tras 20 meses de batalla legal con su padre y la entidad Abogados ... Cristianos, ha reabierto el debate sobre la eutanasia, sus límites y, sobre todo, hasta dónde puede llegar una tercera persona para frenarla cuando el paciente ya ha sido avalado en su petición por el Comité de Garantías responsable de conceder este derecho. Eso es, precisamente, lo que debe delimitar el pleno del Tribunal Supremo, que analizará esta cuestión en mayo, según ha adelantado Cadena Ser, en base a un recurso de la Generalitat de Cataluña.Él mismo lo relataba en una entrevista en TV3: «ahora soy una parte mínima de mí mismo» se lamentaba, «yo no soy yo, para mí esto no es vida, no quiero sufrir más, ya he sufrido bastante». Pero su padre, de 95 años y al que Francesc pidió no informar de su petición, recurrió la medida ante el Contencioso Administrativo.
La primera jueza que conoció el caso lo rechazó, alegando que la muerte asistida es un derecho personalísimo, pero el padre recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que defendió su derecho al recurso judicial, obligando a reabrir el caso. Fue entonces cuando la Generalitat intervino con un recurso para solicitar que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia en este ámbito, y evitar así el limbo judicial en el que se ven atrapados algunos solicitantes de eutanasia.
El Supremo debe determinar ahora «cuáles son los requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero (en este caso, un progenitor), con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial en relación con el reconocimiento de la prestación de la eutanasia, a instancias de un solicitante mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida».
Así, los 34 magistrados que conforman la sala Contencioso-Administrativa deberán establecer si los familiares de pacientes a los que se ha concedido la eutanasia pueden oponerse a su aplicación, y en su caso en qué situaciones.
Se trata de un debate que fijará una jurisprudencia fundamental en la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) aprobada en 2020, cuya aplicación en su primer lustro ha crecido año a año. En España se solicitaron en 2024 un total de 929 prestaciones de eutanasia, de las que 426 fueron autorizadas. Cifras que implican un aumento del 27% respecto a las solicitudes del año anterior.
Paralelamente, el Parlamento catalán tramita una proposición para llevar ante el Congreso de los Diputados una reforma legal impulsada por la entidad Derecho a la Muerte Digna (DMD) para limitar temporalmente los trámites legales en caso de recurso judicial. El objetivo es que la justicia deba resolver en un plazo máximo de un mes, sin posibilidad de recurso, para evitar que se repitan casos como los de Noelia o Francesc.
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